0222/2023-CA

Mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 6 a 16 vta., el accionante señala que el precepto legal impugnado establece una política especifica que refiere que para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se dará un enfoque de no mercantilización de las funciones ambientales y por ende no se incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono; siendo los problemas de dicha normativa el establecer una política de gestión basada en una prohibición que no está prevista en la Constitución Política del Estado como ser:

1. a)Que tiene por efecto concreto limitar el ejercicio de derechos fundamentales que llegan a afectar el núcleo esencial de los derechos a un medio ambiente sano y saludable; a ejercer el comercio; y, a la libertad de empresa;
2. b)Cercena la posibilidad de que se ejerza una competencia autónoma, atentando contra las facultades de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA); y,
3. c)Esa prohibición excede la facultad de configuración legislativa, ya que afecta la existencia de un compromiso internacional de uno de los mecanismos para combatir contra el cambio climático, atentando contra el principio de que los Tratados Internacionales forma parte del bloque de convencionalidad.

Argumenta como cargos de inconstitucionalidad de la norma impugnada que:

1. 1)La política de gestión basada en las prohibiciones de mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, como de la inclusión de mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono, cercena los derechos al medio ambiente sano y saludable, a la libertad de comercio y de empresas previstos por los arts. 33, 34, 47 y 308 de la CPE; sobre la protección del medio ambiente y de los derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, reconoce su innegable relación con la realización de otros derechos humanos, por cuanto la degradación del medio ambiente afecta su pleno ejercicio, lo que conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados; a su vez, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que dentro de los componentes del derecho al medio ambiente sano, están las condiciones básicas que rodean al hombre y que le permita su supervivencia, su desarrollo integral en el medio social y su conservación como especie humana. En el caso concreto, el Estado al tratar de limitar la posibilidad de que las personas utilicen los "bonos de carbono" como un mecanismo lícito y legítimo destinado a reducir los GEI, está generando un atentado grave contra el núcleo esencial de ese derecho fundamental; en consecuencia, lo establecido por el art. 32.5 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, termina siendo un atentado contra la libertad de empresa y el derecho al comercio, puesto que impone una limitación desproporcional de su ejercicio; prohibir los "bonos de carbono" no es una medida idónea para proteger el medio ambiente a contrario sensu deja en desprotección internacional al Estado boliviano en sentido que cercena ese único mecanismo destinado a compensar la desigualdad de polución que caracteriza el planeta;

1. 2)La citada política de gestión transgrede las competencias de las ETAs, por cuanto la Norma Suprema establece que todas la entidades territoriales y el nivel central tienen la competencia concurrente para preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de contaminación; por ello, la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva (art. 299.II.1 de la CPE); y, de conformidad a lo previsto por el art. 302.I.5 de la Ley Fundamental, los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la competencia exclusiva en su jurisdicción de "Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos", por lo que se encuentran facultados a legislar, reglamentar y ejecutar, destinada a regular dicha competencia, la cual deberá observar lo establecido en la política general de biodiversidad y medio ambiente diseñada por el nivel central del Estado. Bajo esa lógica es absolutamente ilegítimo que el Estado central establezca mediante el art. 32.5 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien cuestionado de inconstitucional una especie de imposibilidad de que los programas de reducción de emisiones de GEI estén enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales o que no incluyan mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono; por consiguiente, limitar la posibilidad a las ETAs de usar el mecanismo de los bonos de carbono como un medio legitimo e internacional de compensación ante la desigual polución, implica cercenar, bajo pretexto de establecer una política, la posibilidad de ejercer una competencia legitima en su ámbito territorial; y,

1. 3)Finalmente, vulnera el principio de supremacía de los Tratados Internacionales, así como el efecto útil de los Tratados de Derechos Humanos sobre la Ley, consagrados en los arts. 13, 14, 347, 256 y 411 de la Ley Fundamental; transgrediendo las normas convencionales del Protocolo de Kioto, el cual es un Acuerdo Internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tiene como objetivo reducir las emisiones de los seis principales GEI, para lo cual, estableció tres mecanismos de implementación para alcanzar dichos objetivos y que son de carácter complementario a las políticas y decisiones internas de cada país como:
2. i)El comercio internacional de emisiones;
3. ii)Mecanismos de desarrollo limpio; y,
4. iii)De aplicación conjunta; siendo los numerales 10, 11 y 12 de dicho Protocolo, incorporados al ordenamiento jurídico interno y forman parte del control de convencionalidad de vigencia del derecho al medio ambiente sano, al ser un instrumento internacional que Bolivia ha ratificado; en consecuencia, ninguna norma inferior a la Constitución, Ley, Decreto u otra, puede prohibir que en Bolivia exista un mercado del valor que se obtiene por el cuidado del medio ambiente, ni limitar las transferencias de esos valores creados; sin embargo, el art. 32.5 impugnado, está prohibiendo una actividad y un mecanismo aprobado por la Constitución de proteger el medio ambiente; ocurriendo la misma lesión al Acuerdo de Paris ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Ley 835 de 17 de septiembre de 2016, mediante el cual se asume el compromiso internacional ante los Pueblos del Mundo de preservar la integralidad de la Madre Tierra, para reducir sus emisiones de GEI y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático; tambien sirve para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las emisiones y aumentaran la resiliencia al clima.