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TCP

0223/2017-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de agosto de 2017
Resumen del caso

Auto 0223/2017-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0223/2017-CA Sucre, 4 de agosto de 2017

Expediente: 20237-2017-41-AIC Materia: Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución Administrativa de 28 de junio de 2017, cursante de fs. 273 a 275, pronunciada por Jorge Morales Encinas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Kevin Guzmán Torrico en representación legal de Horacio Monasterio Romay, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4 del Código de Urbanismo y Obra de la ciudad de La Guardia aprobado mediante Ordenanza Municipal (OM) 016/2010 de 11 de marzo del referido Municipio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 7, 8.I y II, 9.2, 270, 283, 297, 299.II.2, 302.I.14, 21, 28, 305, 308 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 8 de junio de 2017, cursante de fs. 1 a 17, el accionante a través de su representante, en su condición de apoderado del administrado y parte procesal dentro el proceso administrativo de aprobación de la Urbanización "PLAZA MAYOR", solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, promueva acción de inconstitucionalidad concreta de los arts. 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4 del Código de Urbanismo y Obra del indicado Municipio aprobado mediante OM 016/2010, manifestando que la doctrina constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la vigencia del Estado Autonómico y régimen competencial de los municipios, obliga a éstos a ejercer ciertas competencias que no pueden ser exigidas a que lo realice un particular o privado bajo la sanción de no aprobarles la mencionada urbanización.

Al efecto señaló, que la Constitución Política del Estado delimita la distribución de competencias en su art. 297 (privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas) y el ejercicio competencial se desarrolla en tres ámbitos de identificación (jurisdiccional, material y facultativo).

Que en ese orden de cosas; en lo que, respecta al Tribunal Constitucional Plurinacional lo que hace es garantizar la vigencia de la supremacía de la Constitución Política del Estado y por ende de los derechos y garantías fundamentales a través de tres mecanismos de control (control normativo o de constitucionalidad que determina la expulsión del ordenamiento jurídico nacional de todo acto normativo contrario; control competencial, que delimita la competencia de los órganos públicos; y el control del respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales que tiene como corolario la declaración de invalidez o nulidad de todo acto jurisdiccional, administrativo o particular que los atente.

Señalo además, que el Órgano Legislativo encargado de la producción legislativa, no puede dictar leyes contrarias a la Norma Suprema, bajo pena de declarársela inconstitucional y ser expulsada del ordenamiento jurídico; que otro criterio relevante y que limita la función legislativa, es el de la necesidad y suficiencia de la norma para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo y que en base a ello, es preciso revisar la motivación de la norma cuestionada (Código de Urbanismo y Obra de la ciudad de La Guardia), pues en ninguna otra Norma de urbanismo; del país se dispone la obligación de asumir competencias propias del municipio a un particular para que se dé curso a la aprobación de un proyecto urbanístico, sin embargo, la norma impugnada reza: "...el costo de la construcción será cubierto por el urbanizador teniendo la obligación de construirlo; con referencia a las obras de equipamiento que pasan hacer de propiedad del municipio" (sic).

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