Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0223/2019-CA Sucre, 12 de septiembre de 2019
Expediente: 30554-2019-62-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Horacio Poppe Inch, Ginna María Torrez Saracho de Raña y Julio Grover Huanca Nina, todos Diputados Titulares de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del Decreto Supremo (DS) 3973 de 9 de julio de 2019, que modifica el art. 5 del DS 26075 de 16 de febrero de 2001, y por conexitud del art. 46 del Reglamento General de la Ley Forestal, aprobado por DS 24453 de 21 de diciembre de 1996, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 109.II, 389.I y II, y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Mediante memorial presentado el 26 de agosto de 2019, cursante de fs. 10 a 19, los accionantes demandan la inconstitucionalidad en la forma del DS 3973 manifestando como antecedentes que el DS 26075, fue aprobado durante la vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, que bajo los principios de conservación de la norma y de presunción de constitucionalidad se ha mantenido incólume hasta el mes de julio de la "presente gestión", el cual estableció la declaración de 41.235.487 ha de tierra con localidad de "Tierras de Producción Forestal Permanente", de las cuales 28.190.625 ha, fueron declaradas como "sin restricción", 10.680.192 ha como "Áreas Protegidas", y 2364.670 ha, disponiendo "con restricción" en los departamentos de Chuquisaca y Tarija; y en su art. 5 dispuso: "EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se permite el desmonte en tierras privadas sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria, en conformidad al Artículo 5 del presente Decreto Supremo, y al Plan de Desmonte aprobado por la Superintendencia Forestal. En este departamento, se permiten las quemas de acuerdo al Reglamento Especial de Desmonte y Quemas Controladas, R.M. 131/97 de 9/07/97, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan..." (sic); es decir, contemplaba al departamento de Santa Cruz como un ámbito en que se permitía realizar desmontes en tierras privadas respetando la Reglamentación Agraria, Forestal y Medioambiental conforme al plan de uso de suelos.
Señalan que, el "10" de julio de 2019, en el departamento de Beni se aprobó el DS 3973 ahora impugnado, cuyo objeto fue la modificación del tenor del citado art. 5 del DS 26075, estableciendo un incremento del ámbito de aplicación tanto material como espacial, modificación que consiste en: "1. Aumenta el ámbito espacial de vigencia de la norma. DE SER SOLAMENTE APLICABLE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, AHORA LA NORMA IRRADIA SUS EFECTOS TANTO AL DEPARTAMENTO CRUCEÑO COMO AL DEPARTAMENTO DEL BENI; 2. Aumenta el ámbito material de vigencia de la norma. De permitirse el DESMONTE DE TIERRAS PRIVADAS CONFORME A REGLAMENTACIÓN Y DE ACUERDO AL PLAN DE USO DE SUELOS, pasa a AUTORIZARSE EL DESMONTE PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN TIERRAS PRIVADAS Y COMUNITARIAS; y, 3. DE PERMITIRSE LAS QUEMAS de acuerdo al reglamento SOLO EN el Departamento de SANTA CRUZ, PASAN A AUTORIZARSE LAS QUEMAS EN los Departamentos de Santa Cruz y del BENI de acuerdo a reglamentación" (sic). Asimismo, agregan que el citado Decreto Supremo cuestionado en su parte considerativa ha invocado el art. 389 de la CPE, como uno de los fundamentos y motivaciones constitucionales para realizar la señalada modificación; así como el art. 46 del Reglamento General de la Ley Forestal, haciéndolo fundamento directo para realizar la modificación normativa, siendo que se trata de una disposición reglamentaria.
Argumentan como motivos de la inconstitucionalidad en la forma, que la disposición legal impugnada: "...
- 1)AL HABER SIDO EMITIDA POR EL ÓRGANO EJECUTIVO,
- 2)AL HABER ESTABLECIDO NORMAS ABSTRACTAS Y DE ALCANCE GENERAL RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONVERSIÓN DE TIERRAS CON COBERTURA BOSCOSA EN TIERRAS A USOS AGROPECUARIOS, y
- 3)AL APROBAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - ABT; HA ENERVADO Y LESIONADO EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL APLICABLE A LA PARTE ORGANICA DE LA CPE..." (sic); enervando también la voluntad del constituyente establecido en el art. 389 de la CPE, el cual instituye reservas legales para: "1) La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios, 2) Asignados de lugares para dichas conversiones y 3) la determinación de las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos" (sic); sin embargo, al haber sido regulado esos ámbitos a través de una norma que no guarda las características exigidas por la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ni por la ciencia jurídica, carece de toda validez y legitimidad para mantenerse en el ordenamiento jurídico. Asimismo, refieren que: "AL HABER LIMITADO Y RESTRINGIDO LAS ZONAS BOSCOSAS EN DESMEDRO AMPLIANDO ZONAS AGROPECUARIAS, Y AL HABER LIMITADO EN CIERTA MEDIDA LA AMAZONÍA DE LA QUE EL DEPARTAMENTO DEL BENI EN SU TOTALIDAD" (sic), evidenciándose que en el fondo ha sido una regulación y limitación del derecho al medio ambiente consagrado en el texto constitucional y en los instrumentos convencionales. De igual forma, al establecer como fuente de validez y legitimidad el art. 46 del Reglamento General de la Ley Forestal, ha enervado la jerarquía normativa, dado que ningún precepto legal puede adquirir validez en desmedro de lo establecido en la Constitución Política del Estado que es la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico; y como consecuencia de vulnerar los principios de reserva legal y el de jerarquía normativa se ha enervado el Estado constitucional de derecho como componente del modelo de Estado consagrado en el art. 1 de la CPE.
Finalmente, entre sus fundamentos jurídicos mencionan que la reserva de ley debe ser entendida desde dos dimensiones constitucionales, como principio y, como garantía; que va a decantar en un sentido diferido dependiendo de la perspectiva constitucional que se quiera enfocar, dogmática u orgánicamente; así en la primera debe ser comprendida como la garantía constitucional que va a restringir la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que se traduce en la obligación del Estado de establecer limitaciones a los mismos solamente a través de normas de rango de ley formal; la segunda tiene incidencia directa en los principios democráticos de separación de funciones, toda vez que permite apartar diáfanamente las potestades legislativas y ejecutivas, impidiendo que cualquier otro Órgano del Estado usurpe la función que el constituyente le ha delegado exclusivamente al Órgano Legislativo; y, desde la voluntad del constituyente concluye que se exige el desarrollo del contenido constitucional a través de leyes de nivel legislativo, consiguientemente, indican que un decreto supremo no puede suplir a una ley de desarrollo bajo ninguna clase de interpretación.
I.2. Petición
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