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TCP

0225/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0225/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0225/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 26853-2018-54-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 05/2018 de 6 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por "Jhonny" Luis Pinto Céspedes en representación sin mandato de Nedson Taraña Zurita contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2018, cursante de fs. 15 a 20, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, mediante Resolución de 11 de mayo de 2018, se le imputó formalmente por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, disponiéndose el 3 de octubre del mismo año su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; posteriormente, la autoridad fiscal previo acuerdo de una salida alternativa, presentó ante la autoridad jurisdiccional requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, señalándose audiencia para el 3 de diciembre del referido año, una vez instalada la misma previo cumplimiento de las formalidades procesales, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento -ahora demandada-, dictó Sentencia condenatoria por el delito mencionado precedentemente, imponiéndose una sanción de tres años de privación de libertad, a cumplirse en el indicado Centro Penitenciario.

En aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la suspensión condicional de la pena, arguyendo que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa señalada, aspecto que se encuentra acreditado en el certificado de antecedentes penales del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP).

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