0225/2023-S2

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia ordenar:

1. a)Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 673/2021 de 14 de octubre, emitida por Vicerrectorado de la UNIPOL;
2. b)Anular la RA 011/2021 de 6 de septiembre, emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL de El Alto; y,
3. c)Su reincorporación a la prenombrada unidad académica y restitución de todos sus derechos arbitrariamente suprimidos.

Justino Chirino Kapa, Primer Vocal Suplente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL "El Alto", presentó informe de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 593 a 601 vta., solicitando se deniegue la tutela con los siguientes argumentos:

1. 1)El impetrante de tutela junto a otros alumnos de la UNIPOL, fueron sometidos a un sumario interno, siendo solamente él sancionado con el retiro de la FATESCIPOL "El Alto" por una gestión académica con derecho a reincorporación, determinación que fue impugnada mediante recurso jerárquico que confirmó la resolución recurrida; y,
2. 2)De conformidad a la RA 004/2021 y Auto de Declaratoria de Ejecutoria 004/2021 de 26 de julio, estableció que Henrry Yujra Chambi, fue sancionado con pérdida de su descanso pedagógico por la comisión de faltas disciplinarias graves establecidas en el art. 74.2 y 6 del Reglamento Disciplinario;
3. 3)Después del mencionado proceso ejecutoriado incurrió nuevamente en una falta grave contenida en el art.75.16 del mencionado Reglamento, Resolución que también se encuentra plenamente ejecutoriada, es decir que, al haberse demostrado que infringió el art. 75.16 del Reglamento Disciplinario, también se probó que la conducta desplegada por el impetrante de tutela se adecua a las previsiones del art. 76.1 del mencionado Reglamento reincidiendo de esta manera en el incumplimiento de la instructiva administrativa de 22 de febrero 001/2021;
4. 4)El art. 84.II del merituado Reglamento establece la temporalidad para que una conducta se considere reincidente, disponiendo que esta opera cuando se incurre nuevamente en faltas graves que ya fueron sancionadas con resolución ejecutoriada, situación que se replica en el caso concreto; y,
5. 5)Sobre la vulneración al derecho a la educación, el impetrante de tutela tuvo la oportunidad de ingresar a la unidad académica dependiente de la UNIPOL, teniendo conocimiento de los reglamentos y sometiéndose voluntariamente a los mismos, por ende no es posible alegar tal vulneración porque esta Universidad al tener un régimen especial reconocido por el art. 63 de la Ley de Educación "Avelino Siñani- Elizardo Pérez" (LEd) cuenta con una normativa específica en cuanto a la permanencia y retiro de los estudiantes, lo que implica que estos se encuentran reglados, además la sanción impuesta al solicitante de tutela, es con derecho a la reincorporación y se encuentra destinada a que el sancionado reencamine su conducta.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 288/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 230 a 233 vta., concedió en parte la tutela peticionada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 673/"2020", emitida por el Vicerrectorado de la UNIPOL, debiendo emitir una nueva en el plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación; y, denegó respecto a la RA 011/2021, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Existen dos temas que la jurisdicción constitucional debe absolver con la mayor claridad, primero, la jurisdiccionalidad y la administratibilidad de la UNIPOL y con ello los efectos de su decisión;
2. ii)Los procesos sancionatorios disciplinarios están uniformados por una cantidad de principios que hacen a la actividad sancionatoria, mismos que son los principios que rigen el "Proceso Penal", donde existe una alta jurisdiccionalidad y una alta legalidad, la primera tiene que ver con competencia y esta con la responsabilidad; y, la extrema legalidad tiene que ver con tipicidad, esencialmente;
3. iii)El accionante acusa que la autoridad demandada no respetó los principios de tipicidad y legalidad, estos se relacionan con una suerte de adecuación a un tipo previo, en este caso a un tipo sancionatorio anterior, pero el principio de tipicidad no acepta interpretación, en consecuencia, cada hito sancionatorio como los que fueron abiertos para el ahora impetrante de tutela deben pretender la coincidencia o la correspondencia entre el tipo sancionatorio, el acto además de la referencia normativa que sólo podrá ser definida a través de la actividad probatoria, de ello se observa la absolución de algunos tipos sancionatorios, realizados con toda claridad y demostrando responsabilidad con sus decisiones, mostrando que en la presente causa no existía la suficiente prueba para sancionar;
4. iv)De la revisión de las resoluciones impugnadas ad integrum, escrutados los antecedentes como fueron, existen dos cuestiones que llaman profundamente la atención, aquel asumido por parte de la Institución ahora demandada, afirmando que la actividad sería reiterada; es decir, que la "comisión sancionatoria" o "el acto sancionatoria" fue cometido dos veces, "debiendo aplicarse el tipo sancionatorio respecto a aquella actividad y es una sanción que recae en el ejercicio de verificación hecho por la Autoridad Accionada"(sic), y como consecuencia la suspensión por una gestión académica como se desprende de la Resolución de Recurso Jerárquico 673/2021 que es la resolución de cierre, porque confirma en todas sus partes a la RA 011/2021;
5. v)El argumento de la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL, carece de calidad motivadora, porque las circunstancias que la promovieron tienen como antecedente la Resolución 004/2021, sin embargo, entre dicha Resolución y la RA 011/2021 existe una diferencia de contenidos y de "derecho procesal", la diferencia de contenidos es que en la primera actividad sancionatoria, el ahora accionante decide sujetarse a un procedimiento abreviado, aceptando la comisión de la infracción;
6. vi)Nuestro sistema sancionatorio excluye la posibilidad de auto incriminarse, pero significa celeridad respecto a la decisión que emitirá la autoridad administrativa, situación similar ocurre con la autoridad penal, cuando se somete un encausado a un procedimiento abreviado, no hay apelación y como se logró advertir en esta causa, ante la solicitud de procedimiento abreviado en sede administrativa, no hubo actividad impugnatoria y la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL "El Alto" sancionó al accionante con quince días de arresto, circunstancia en la que además se introducen algunos tipos objetivos bastante singulares;
7. vii)El Auto Inicial de Proceso Sumario Interno, Caso CRD 004/2021 manifiesta que: "...existe un previo análisis del vídeo descrito, se identifica a alumnos de la FATECIPOL- El Alto consumiendo bebidas alcohólicas, haciendo uso de prendas policiales, denigrando la imagen de la Policía Boliviana al ser alumnos en etapa de formación policial y denigrando la imagen de la Unidad Académica, donde el alumno mayor Henrry Yujra Chambi vestía de chamarra..." (sic); es decir, la Autoridad que inicia el Proceso Sumario Interno, Caso CRD 004/2021 cumple con el tipo objetivo, desplaza toda la actividad para demostrar que existe un determinado acto;
8. viii)Luego existe la Ampliación del Auto Inicial del Proceso Sumario Interno Caso CRD/006/2021 acorde a los arts. 76 y 77 del Reglamento Disciplinario en razón a un informe presentado por Sergio Calle Conde, investigador asignado al caso; en este punto, se puede advertir el tema de anexión en la RA 004/2021, que habría sido emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario sancionando al ahora impetrante de tutela con la pérdida de quince días de descanso pedagógico por la comisión de la falta disciplinaria tipificada como falta grave en segundo grado por el art. 75.16 del citado Reglamento, y el art. 74.2 y 6 del mismo documento reglamentario por faltas graves de primer grado, existiendo congruencia entre el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno, Caso CRD 004/2021 con la resolución final y ésta respecto al por tanto, pero en sus fundamentos no logra descartar o confirmar la tesis del accionante que diera cuenta de su participación en el suceso que le indilgan y esta circunstancia podría revelar al valor otorgado a la prueba, a la legalidad de la misma, la colección de los medios probatorios, cómo y de qué manera se garantizó la legitimidad del medio probatorio que tiene que ver con un vídeo que puede ser "todo y nada" al mismo tiempo;
9. ix)La prueba para ser tal debe ser legal, y dejar de lado que cualquier filmación, no toda grabación ingresa al orden iudiciarum si no es a través de los medios legales que correspondan, porque no podemos dejar de observar que cualquier filmación transgrede el derecho a la intimidad y este es un derecho de genética constitucional que usualmente se entiende que una filmación o una grabación obtenida sin consentimiento pueda formar parte de un medio probatorio para la decisión de la autoridad jurisdiccional, es una arbitrariedad, filmaciones y grabaciones ingresarán al universo de la decisión en materia sancionatoria cumpliendo las reglas de introducción de los medios probatorios;
10. x)En la RA 011/2021 respecto al haber advertido que si eran los partícipes o no de haber consumido bebidas alcohólicas vistiendo prendas policiales el mismo Tribunal señala que no hay certeza, por supuesto que no la va haber y no puede ser incongruente la decisión respecto a los medios probatorios más importantes, el medio probatorio, pertinente, conducente y necesario para el inicio del proceso sancionatorio y para su decisión, olvidando la autoridad explicar cómo adquirió, conoció y adaptó, en su razonamiento, una afirmación donde se ve al ahora accionante bailando con una chamarra verde olivo y si este fuese el único medio probatorio, el proceso en sí tiene un grave problema respecto a la introducción de la prueba legal; y,
11. xi)Adoptando el criterio labrado por la teoría procesal penal respecto a la prueba ilícita y la teoría del fruto envenenado, donde producto de una prueba ilegalmente obtenida se queda fuera del debate probatorio juntamente con la directa o indirecta que se haya obtenido de la misma, no es un tema menor, que debe ser resuelto por la autoridad demandada y si bien el accionante no reflexionó con esta claridad en su acción de amparo constitucional, respecto a los tópicos que hacen a los medios probatorios, frente a una circunstancia de estas características no puede más que observar los parámetros que uniforman las decisiones de los tribunales de garantías y en consecuencia, superando la cuestión defectuosa de postulación respecto a los actos impugnados, existe una lesión que debe ser enmendada por el denunciado.