0226/2021-S1

La parte accionante ratificó los términos de su demanda tutelar, ampliando además que:

1. 1)la Jueza de la causa, solicitó documentación para demostrar que tiene dos hijos menores de edad a su cargo, como si ello fuera requisito para resolver sobre la cesación a la detención preventiva; y,
2. 2)La Vocal demandada emitió Auto de Vista confirmando el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2020, emitida por el Juez de Instrucción Penal y Cautelar Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, con el argumento que el plazo de la detención preventiva no se encontraría vencido, debido a la suspensión de plazo en previsión del art. 130 del CPP y actividades establecidas por la Circular 038/2020 y Decretos Supremos de Cuarentena Nacional, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, tutela judicial efectiva y errónea interpretación de la Ley, tornando en indebida su privación de libertad.

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó informe escrito cursante a fs.17 vta., indicando que:

1. i)-El 14 de mayo de 2020, se emitió el Auto de Vista 88/2020, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Lizzett Mireya Franco Rojas, por consiguiente se aprobó el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2020;
2. ii)La fundamentación y motivación por la cual se rechazó el recurso, se enmarca a los agravios que fueron expuestos por el abogado defensor, quien en lo esencial se limitó a objetar la falta de congruencia y fundamentación de la resolución emitida por el Juez a quo, advirtiendo que se le rechazó la petición bajo fundamentos no explicitados por esta parte, como ser la condición de vulnerabilidad de la acusada, alegando haber impetrado señalamiento de audiencia bajo otro amparo, aspecto que fue debidamente dilucidado en la resolución pronunciada, a tiempo de la identificación de agravios, señaló la vulneración de derechos como emergencia de la suspensión de plazos, aspecto que no fue reclamado ante la primera y segunda instancia; en mérito de la restricción impuesta por el art. 398 del CPP, que determina que los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, en el mismo sentido la SCP 0077/2012, respecto al alcance del art. 398 indico que: " De la norma legal precedentemente, de manera general es posible concluir que los Tribunales de alzada solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiera cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir"; y;
3. iii)Cumpliendo con las exigencias de fondo y forma y a su vez absuelto todos los puntos de agravio expuestos por el apelante en el Auto de Vista emitido, asimismo solicitó se deniegue la presente acción tutelar, pues la disconformidad del accionante con lo resuelto no se constituye en causa suficiente para solicitar se conceda la tutela impetrada, más aun cuando la instancia constitucional no asume un rol casacional, impugnatorio o supletorio de la actividad de los jueces.

Maureen Orellana Maldonado, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito cursante de fs.18 a 21, indicando:

1. a)Que, conforme las Actas de cesación a la detención preventiva de 11 de mayo del 2020 la suscrita autoridad conoció la petición en previsión del art. 239.2 del CPP de la accionante dentro los procesos penales seguido por el Ministerio Público a denuncia de Manuel Alejandro Villarroel Tipa con Número de Registro Judicial (Nurej) 301102012000712 y también dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Erick Vladimir Valles Fuertes con Nurej 301102012000710 ambos procesos por la presunta comisión del delito de robo agravado, aclarando que en ambos procesos se dispuso la detención preventiva;
2. b)Informó que el 26 de mayo de 2020, fue notificada con otra acción de libertad interpuesta por la ahora impetrante de tutela con los mismos argumentos, fundamentos e inclusive en contra de las mismas personas, acción que recayó ante el Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, y en audiencia de 27 de mayo fue considerado su solicitud declarando improcedente la petición, ahora sorprende el actuar de la defensa, planteando otra acción de libertad con los mismos argumentos, simplemente tratando de identificar simplemente una causa de las dos que conoce mi autoridad en la que se ordenó la detención preventiva y se dispuso la aplicación de procedimiento inmediato para delito flagrante;
3. c)En la presente acción de libertad, se hace referencia a una errónea interpretación de la Ley y Decretos Supremos que dispone la emergencia sanitaria por efecto de la propagación del Coronavirus Covid-19, haciendo referencia a que la Suspensión de Actividades Judiciales no interrumpe el plazo de la duración de la detención preventiva, porque la suspensión de actividades públicas y privadas aunque sea excepcional, no significa que la misma comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho, al respecto es necesario aclarar que:
4. c.1)Que justamente debido a la emergencia sanitaria por la que está atravesando el territorio boliviano, el Órgano Ejecutivo a través de distintos decretos supremos fue regulando la cuarentena a fin de evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 y es en merito a estas disposiciones que el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que el Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba regularon el trabajo jurisdiccional, es así que el Tribunal Supremo de Justica mediante Instructivo 10/2020 faculta que cada Sala Plena de los diferentes distritos de acuerdo a cada particularidad de sus distritos y/o de los asientos judiciales por la emergencia sanitaria, dispongan la forma de trabajo, horario, etc. Es por ello que el Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba a través de Sala Plena hizo conocer en el "INSTRUCTIVO 03/2020 que respecto al TRABAJO JURISDICCIONAL las mismas deben de regirse ´conforme a lo dispuesto por la Circular 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, el Instructivo de Sala Plena 02/2020 y los Comunicados de Presidencia 17/2020 y 19/2020, respecto a la atención de solicitudes de aplicación, modificación y cesación de la medidas cautelares de carácter personal, referentes únicamente a riesgos relacionados con el Coronavirus COVID-19, previstos en el art. 239.5 y 6 del CPP, cumplimiento de condena en materia penal...´"(sic);
5. c.2)La defensa de la accionante, solicita se programe audiencia de cesación a la detención preventiva y como anteriormente se ha manifestado, en merito a la emergencia sanitaria por la que está atravesando en el territorio boliviano, existen diversas restricciones a fin de evitar la propagación de contagio del Coronavirus COVID-19, ello a fin de precautelar derechos fundamentales de la vida y salud, justamente atendiendo esta emergencia sanitaria el Tribunal departamental de Cochabamba limitó el ejercicio de la función jurisdiccional para considerar peticiones de cesación establecidas en el Art. 239.5 y 6 del CPP, ello en respaldo de las anteriores circulares y a las disposiciones asumidas por el Órgano Ejecutivo y realizando justamente este test de proporcionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia a modulado y aclarado lo dispuesto en la Circular 06/2020 a través de la Circular 11/2020 donde de manera exclusiva ordena se considere la cesación de medidas cautelares cuya pretensión estén vinculada a un grupo vulnerable en los que se encuentran; el imputado sea adulto mayor, el imputado que tenga una enfermedad crónica, mujeres embarazadas o que tengan a su cuidado menores de edad; y es justamente en base a esta previsión que se programó audiencia de cesación de la detención preventiva al referir por parte de la defensa que su cliente se encuentra dentro de este grupo vulnerable presentado al efecto dos certificados de nacimiento de los mismos, es necesario aclarar que el encontrarse dentro de un grupo vulnerable no significa que de oficio se otorgue la cesación de la detención preventiva y la aplicación de otras medidas cautelares personales, este aspecto debe ser sustentado y probado por la defensa a fin de que la suscrita autoridad realice la valoración correspondiente;
6. c.3)El Tribunal Supremo de Justicia a través de las circulares 01, 02 y 03 de la presente gestión, al igual que el comunicado "No. 14/2020" (sic) emitido por el Tribunal departamental de Justicia ha dispuesto que como medida de prevención de salud pública, las autoridades jurisdiccionales, sean estos Magistrados del Tribunal Supremo, Vocales y Jueces de los Tribunales departamentales de Justicia, deben ejercer su labor ordenadora y de dirección de procesos, teniendo presente las previsiones y alcance del Art. 124 de la Ley del Órgano Judicial; Ley 025 que dispone "Por regla general los plazos procesales transcurrirán ininterrumpidamente. Sin embargo, podrán declarase en suspenso por vacaciones judiciales colectivas y por circunstancias de fuerza mayor que hicieren imposible la realización del acto pendiente" (sic) es en base a esta disposición y considerando que estamos atravesando una emergencia sanitaria, se procedió a la suspensión de plazos, misma que abarca también el plazo de la detención preventiva, puesto que conforme determina el art. 233.3 del CPP señala que "EL PLAZO DE DURACION DE LA DETENCION PREVENTIVA solicitada y los actos investigativos que realizara en dicho termino, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley"(sic) ello significa que el plazo solicitado por el Ministerio Público o víctima para la duración de la detención preventiva tenía la finalidad de que aquellos actos investigativos sean realizados, sin embargo, debido a la suspensión de las actividades jurisdiccionales y consecuentemente suspensión de plazos, dicha finalidad no puede ser cumplida o exigida por esta autoridad jurisdiccional, debido a que generaría que tanto la víctima como funcionarios del Ministerio Público rompan con la cuarentena dispuesta a fin de realizar los actos investigativos solicitados, exponiéndolos a un posible contagio y en consecuencia atentar contra la vida y salud de los funcionarios interventores, al igual que de la propia defensa, por ello, al encontrarse debidamente sustentada el fundamento expuesto en audiencia de cesación a la detención preventiva es que se procedió a rechazar la petición de la defensa al no tener sustento legal; y,
7. c.4)Se encuentra limitada a realizar un test de proporcionalidad, una interpretación progresiva y favorable, sin contar el debido respaldo probatorio, ya que si bien no se desconoció que la imputada es madre de dos menores de edad, también conforme la declaración informativa de la misma imputada que fue anterior a su detención preventiva, hizo referencia que los hijos de la imputada no vivían con ella, siendo responsable de su guarda el padre biológico de uno de ellos y la madre de la imputada del otro menor de edad, consecuentemente, encontrándose limitada a realizar un test de proporcionalidad, no teniendo sustento probatorio para el respaldo del mismo, se procedió a rechazar la misma. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela al no existir ninguna vulneración al derecho a la libertad personal de Lizzette Mireya Franco Rojas; toda vez que, toda actuación se enmarcó dentro los parámetros constitucionales y legales.

El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 01/2020 de 2 de junio, cursante de fs. 24 a 31, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Ambas resoluciones emitidas por los jueces ad quem y a quo cumplen con el principio de congruencia toda vez que las mismas guardan relación de coherencia en la estructura de la decisión entre la parte de motivación y la parte resolutiva por consiguiente el Tribunal de garantías no advierten vulneración del debido proceso en su vertiente de falta de motivación, fundamentación y principio de congruencia, así como tampoco el principio de legalidad tutela judicial efectiva y derecho a la salud;
2. ii)Tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la Sentencia Constitucional 0255/2014 de 12 de febrero, se debe entender que la interpretación de las normas legales infra constitucionales de manera general es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios así a través de la presente acción tutelar no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción Constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada salvo que la problemática concreta adquiere relevancia constitucional cuando se advierta afectación de algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria vale decir que la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria en tal virtud aquella supuesta inobservancia o aplicación errónea de la misma corresponde ser corregida a la misma autoridad vale decir en la vía ordinaria y sólo aquellos casos en que se advierta afectación de algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se funda la jurisdicción ordinaria del Tribunal Constitucional Plurinacional puede realizar una nueva interpretación caso contrario se estaría convirtiendo en una instancia de casación o una tercera instancia en el caso concreto situación no es posible; toda vez que las medidas cautelares son modificables en cualquier momento del proceso conforme determina el artículo 250 del Código de procedimiento penal vale decir que las peticiones de cesación a la detención preventiva puede ser planteadas en reiteradas ocasiones ya que las mismas no causan estado máxime que el Tribunal de garantías en acción de libertad no puede ingresar al realizar una nueva interpretación de una medida cautelar mucho menos ingresar a realizar valoración de pruebas y tampoco cuestionar la sana crítica de los Tribunales de alzada al momento de emitir una resolución siempre y cuando éstos cumplan con los principios básicos del debido proceso la debida motivación y fundamentación para llegar a una decisión; y,
3. iii)Tampoco es posible ingresar a analizar de oficio, por cuanto en la Resolución de la autoridad jurisdiccional materializada a través del Auto de Vista de 14 de mayo de 2020, no se observa vulneración a derechos y garantías constitucionales, se encuentra dentro los parámetros establecidos en el art. 398 del CPP, por haber respondido punto a punto a los agravios expresados por la parte apelante, ahora accionante, sin salirse de los marcos del Bloque de Constitucional, tampoco es irrazonable, abstracción a los puntos relativos a la apelación y no se tiene que en ese análisis se observe una violación de derechos fundamente y que ésta sea grave y evidente, en este análisis efectuado, no se establece conforme se tiene de los propios antecedentes.