0227/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2019-S3 Sucre, 1 de julio de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 27253-2019-55-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2019 de 9 de enero, cursante de fs. 324 a 337 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Trigo Guzmán y Andrea Trigo Amador en representación sin mandato de Marvell José María Leyes Justiniano contra José Eddy Mejía Montaño y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; e, Iver Fernando Gonzales Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2019, cursante de fs. 122 a 140, el accionante a través de sus representantes manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tras la aplicación de medidas sustitutivas dentro del caso "Mochilas I" seguido en su contra, y debido a la apertura de una segunda causa titulada como "Mochilas II", se ordenó la acumulación de esta última causa a la primera nombrada, aspecto que por su parte no impidió la solicitud de imposición de medidas cautelares en relación al segundo caso, pese a la acumulación dispuesta.

En tal mérito, en audiencia de medidas cautelares de 29 de noviembre de 2018, presentó incidente de actividad procesal defectuosa respecto al señalamiento irregular del acto procesal mencionado; sin embargo, la autoridad jurisdiccional no permitió la interposición del mismo, llevándose a cabo el verificativo de la medida cautelar impetrada e imponiéndole la detención preventiva generando una serie de actos inválidos a través de una decisión con insuficiente y contradictoria motivación.

Por ello, en apelación incidental reclamó los defectos absolutos que el Juez a quo no resolvió denunciando la irregular programación de la audiencia de aplicación de medidas cautelares irrespetando el cronograma normal del Juzgado así como la introducción de prueba ilícita referida a un informe de la Contraloría General del Estado (CGE). Asimismo, fundamentó la falta de valoración probatoria respecto a la concurrencia de la probabilidad de autoría en relación a los delitos que le fueron imputados como ser uso indebido de influencias, negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Por otro lado, en apelación incidental se demostró que no concurre el peligro procesal del art. 234.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), existiendo únicamente denuncias penales en su contra, sin acusación formal y la mayoría con rechazos. De igual manera, en relación al art. 235.4 del Código Adjetivo Penal con referencia al numeral 2 de mismo artículo, se reclamó la falta de valoración de declaraciones testificales a tiempo de considerar su concurrencia.

Sobre el particular, el Auto de Vista emitido por las autoridades demandadas se limitó a mencionar que el Juez a quo realizó un análisis pormenorizado de la probabilidad de autoría, y que lo manifestado por la decisión apelada respecto a la concurrencia del art. 234.8 del CPP es correcto por tener procesos en trámite vinculados con delitos de corrupción. Por otro lado, en relación al art. 235.4 de la misma norma legal, nuevamente se limitaron a dar lectura al fundamento del Juez a quo, refiriendo asimismo que existen varios testigos cuya declaración se encuentra pendiente, por lo que confirmaron la imposición de la medida extrema ocasionando de esta forma la lesión de sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados