Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0227/2026-CA Sucre, 27 de abril de 2026
Expediente: 83299-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija
En consulta la Resolución de 9 de abril de 2026, cursante de fs. 113 a 118, pronunciada por el Juez Disciplinario Primero de la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Irma Marina Castellón Betancur, demandando la inconstitucionalidad del art. 208.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- en la frase "sin goce de haberes", así como las disposiciones reglamentarias concordantes contenidas en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado mediante Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, en cuanto prevén la sanción de suspensión del ejercicio de funciones "sin goce de haberes", por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 46.I, 48.III y IV, 115.II, 117.I, 178, 180.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, los estándares derivados del Convenio 95 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre protección del salario.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 30 de marzo de 2026, cursante de fs. 82 a 86, la accionante refirió que, dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, se le impuso la sanción de suspensión sin goce de haberes, con privación total de su haber mensual, situación que afecta de manera directa sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, al mínimo vital y a la dignidad humana. En ese sentido, interpuso la presente acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 208.II de la Ley 025, específicamente respecto de la frase "sin goce de haberes", por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II, 46.I, 48.III y IV, 115.II, 117.I, 178, 180.II y 410.II de la CPE; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; así como a los estándares derivados del Convenio 95 de la OIT, sobre protección del salario. Señaló que, el salario no constituye una simple contraprestación económica, subordinada a la discrecionalidad sancionadora del órgano disciplinario, sino un derecho fundamental de naturaleza social directamente vinculado con la dignidad humana, en tanto garantiza las condiciones materiales mínimas de subsistencia del trabajador y de su entorno familiar; por lo que, no puede ser tratado como una consecuencia automática, neutra o meramente accesoria a la sanción disciplinaria, cuando la medida implica la privación total del ingreso mensual.
Alega que la jurisprudencia constitucional a través de la , desarrolló una línea consistente en la protección reforzada del salario, sosteniendo que la retención o privación del salario, no solo protege al trabajador, sino también a las personas que dependen de él; en ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional precisó que la protección del salario, no es únicamente una garantía legal, sino una exigencia constitucional y convencional vinculada de manera directa a la dignidad humana, al derecho al trabajo y a la protección del núcleo familiar; en ese sentido, los sueldos y salarios gozan de una tutela reforzada, siendo inembargables, salvo supuestos excepcionales como la asistencia familiar, precisamente en función de asegurar la subsistencia del trabajador y de quienes dependen de él; entendimiento que, se encuentra respaldado por el art. 48.IV de la Norma Suprema, que reconoce el carácter privilegiado e inembargable del salario, así como el art. 10 del Convenio 95 de la OIT, que dispone que, el salario debe ser protegido contra su embargo o cesión en la medida necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.
La previsión contenida en el art. 208.II de la LOJ, cuando es interpretada en el sentido de permitir la privación total del salario mediante la suspensión sin goce de haberes, resulta desproporcionada, debido a que el propio ordenamiento jurídico establece límites estrictos a la afectación del salario, incluso en contextos de embargo; por cuanto, no solamente es desproporcionada, sino contraria a los principios de favorabilidad, pro homine y pro actione que obligan a optar por la interpretación más favorable a la protección de los derechos fundamentales, a ello, debe añadirse que los derechos al trabajo, a la remuneración justa y a la protección del salario, se encuentran reforzados por el sistema normativo interno e internacional, refiere que la inconstitucionalidad también se advierte desde el derecho al debido proceso, una afectación de esa magnitud no puede derivar de una mera subsunción formal o de una aplicación automática del texto normativo, sino que exige motivación reforzada, ponderación concreta y control material de constitucionalidad, de lo contrario compromete el principio de independencia judicial de quienes ejercen la administración de justicia; pues, la posibilidad de privar completamente el salario a un juez o servidor judicial introduce un mecanismo de presión económica incompatible con el ejercicio libre, imparcial e independiente de la función jurisdiccional, además de ser contraria a la Ley Fundamental, al bloque de constitucionalidad y a los principios que estructuran el estado de derecho, por cuando la norma considerada inconstitucional debe ser examinada y, en su caso, depurada mediante control concreto de constitucionalidad, a fin de evitar una sanción administrativa.
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