0229/2022-S3

En revisión la Resolución 20/2021 de 23 de marzo, cursante de fs. 64 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Mendizábal Aguayo contra Daniel Rolando Copa Roque y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 19 de marzo de 2021, cursante de 18 a 22 vta., el accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra, con Numero de Registro Judicial (NUREJ) 201107127 -por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro-, por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, el 11 de marzo de 2016 presentó la "EXCEPCIÓN" correspondiente -extinción de la acción penal por reparación integral del daño- acreditando el pago documentado de los montos por los cuales se alegaba daño al Estado, la cual fue declarado fundada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; determinación contra la que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro -hoy tercero interesado- interpuso el recurso de apelación incidental y en consiguiente se dispuso la suspensión de todo acto procesal hasta que sea resuelta; además de ordenarse la remisión al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto -de la Capital de dicho departamento- donde se generó la preparación del juicio oral, pero que fue paralizada a la espera de la resolución de dicha impugnación, respecto a la cual corrida en traslado fue respondida por su parte habiendo ratificado el domicilio procesal donde se le notificaba regularmente. Continúa señalando que, mediante notificación en su domicilio procesal tuvo conocimiento que el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro le convocó a juicio oral para el 22 de marzo de 2021, señalando que se hubiese resuelto la antes mencionada apelación incidental, lo cual desconoce debido a que nunca se le notificó con el Auto de Vista 64/2020 de 17 de julio, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, quedando por tanto en estado de indefensión al no haber sido notificado con dicho acto judicial pese a ver ratificado su domicilio procesal en el mencionado memorial de contestación, lo cual le privó de ejercer y agotar los recursos eficaces que la ley le franquea para garantizar su derecho a la defensa. Finalmente, refiere que esta situación le está generando un riesgo inminente de daño irreparable, por cuanto en el supuesto de que se instale el juicio oral, se consumaría la violación a sus derechos, a este sumado en el Tribunal de alzada -cuyos integrantes son ahora accionados- señalan no tener en su poder el cuaderno de apelación, ya que el mismo fue devuelto al Juzgado de origen; es decir, al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, que ya perdió competencia, y no así al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, lo que permite se aplique la excepción al principio de subsidiariedad por el riesgo inminente a sufrir un daño irreparable fruto del estado de indefensión provocado por la ausencia de notificación reclamada, aclarándose que de la revisión de las notificaciones realizadas en Tablero tampoco existe ninguna a su nombre. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado La parte impetrante de tutela alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada; y, se ordene a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -cuyos componentes son ahora accionados-:

1. a)Proceda a notificarle de manera formal con el Auto de Vista 64/2020, emitido ante el recurso de apelación incidental interpuesto por la entidad hoy tercera interesada en su domicilio procesal o de forma personal, a dicho fin determine la nulidad de obrados hasta la notificación con el referido actuado judicial; y,
2. b)Se instruya a la mencionada Sala Penal solicite al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital de igual departamento, la remisión del expediente original a los fines de cumplir con la notificación. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 63; presentes el peticionante de tutela, asistido de su abogado y el representante legal del tercero interesado; y, ausentes las autoridades judiciales accionadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia, señaló que, ante la falta de la debida notificación no pudo ejercer acciones de defensa como el planteamiento de algún medio constitucional; y, no se cumplió con la finalidad de la comunicación procesal conforme establece el Código de Procedimiento Penal. Ante la intervención de la entidad tercera interesada, manifestó que:
3. 1)Se le privó de ejercer cualquier mecanismo de defensa ante el Tribunal de alzada, ante la inexistencia del expediente en la misma, cuando los Vocales -accionados- certifican que: "...no podemos resolver absolutamente nada porque no tenemos el expediente a la mano y el cuaderno fue remitido al tribunal de origen..." (sic); y, en el Tribunal de origen tampoco se encuentra; y, está en el "juzgado de sentencia", donde el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro -hoy tercero interesado-, generó directamente la detención del expediente de manera indebida;
4. 2)Se apersonó al Tribunal de alzada, pero no con el "recurso" de nulidad; y,
5. 3)"...por acción de la gobernación indebidamente fue remitido ante el juzgado de sentencia, creándose de esta manera todo indicio procesal que se le ha declarado ante el Tribunal de Sentencia..." (sic). I.2.2. Informe de la parte accionada Daniel Rolando Copa Roque y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no se hicieron presentes en audiencia ni remitieron informe alguno, pese a sus legales citaciones cursantes a fs. 25 y 26. I.2.3. Participación del tercero interesado Edson Milton Oczachoque Gerónimo, entonces Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de su representante legal, en audiencia refirió que:
6. i)Conforme el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en la acción de amparo constitucional rige el principio de subsidiariedad;
7. ii)En la vía incidental se puede pedir la nulidad de actuados judiciales, si es que se encontró algún indicio de nulidad respecto a la notificación reclamada, pudiendo reclamar al Tribunal sobre este aspecto, cuando es más se escuchó "....del mismo decir que hemos solicitado la nulidad al tribunal que corresponde" (sic), entonces, ya se habría denunciado este aspecto estando a la espera de una resolución, pero contradictoriamente se presenta esta acción de amparo constitucional;
8. iii)No se agotó la subsidiariedad porque aún se tiene la vía expedita conforme los arts. 167, 168 y 169, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP);
9. iv)No existe un inminente daño irreparable, considerando que el juicio dura un plazo determinado; y,
10. v)Por lo que, al existir otras vías idóneas para solicitar la nulidad del actuado reclamado, impetró se deniegue la tutela impetrada. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 20/2021 de 23 de marzo, cursante de fs. 64 a 67 vta., denegó la tutela solicitada, sin imposición de costas; bajo los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes que fueron remitidos se puede establecer que el impetrante de tutela en su oportunidad no habría brindado el domicilio procesal para fines de notificación; por lo que, la denuncia de indefensión no fue acreditada, estando a derecho en la suspensión de la audiencia pública de juicio oral, siendo suspendida la misma por la interposición de la presente acción de defensa; b) Asimismo, el acto reclamado se superó en el entendido de que el nombrado presentó como prueba documental el apersonamiento, notificación y pide enmienda y complementación del Auto de Vista 64/2020, motivo de la presente acción tutelar, dando a entender que ya tenía conocimiento del mismo;
11. c)Se puede disponer la existencia de una notificación legal al peticionante de tutela, más aún cuando fue quien no brindó su domicilio procesal oportunamente;
12. d)No se encontraron irregularidades en la remisión -entiéndase de antecedentes procesales- tomando en cuenta que el accionante tendría conocimiento de dónde está el cuaderno procesal;
13. e)El art. 163 del CPP en relación a las notificaciones, establece cuales son los actuados que deben ser notificados de forma personal, dentro de ellos no se halla inmerso el referido Auto de Vista; y,
14. f)No se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, pudiendo el impetrante de tutela acudir a las vías ordinarias y pedir la restitución de este derecho, siendo la autoridad competente en materia penal la que determine los aspectos vinculados a la legalidad, efectividad o no del actuado de comunicación procesal generado por la Sala Penal Primera -del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro-. En vía de enmienda y aclaración, en audiencia el peticionante de tutela solicitó que la remisión de antecedentes a este Tribunal sea con la aplicación de medidas cautelares, disponiendo la notificación al "...Juzgado de Sentencia Nº 2..." (sic), para que deje en suspenso toda acción sobre el juicio oral hasta que se revise la presente acción de defensa; solicitud que fue declarada no ha lugar por la Sala Constitucional. II. CONCLUSIÓN De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro -ahora tercero interesado- contra Vladimir Mendizabal Aguayo -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de contrato lesivos al Estado y otros, por Auto de Vista 64/2020 de 17 de julio, emitido por Daniel Rolando Copa Roque y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, declararon procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la entidad hoy tercera interesada, y como emergencia de ello, revocaron el Auto Interlocutorio 259/"2016" de 3 de mayo, dictado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital de igual departamento, disponiendo la prosecución de la causa hasta su conclusión en una de las formas previstas por el adjetivo penal (fs. 48 a 50); cursando notificación al hoy impetrante de tutela en Tablero de Secretaría de dicho Tribunal de alzada, el 20 de agosto de 2020 (fs. 51). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, en razón a que, ante la emisión del Auto de Vista 64/2020 de 17 de julio, por Daniel Rolando Copa Roque y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, no se cumplió con la notificación de dicho actuado jurisdiccional de forma legal en su domicilio procesal, que fue señalado a tiempo de responder al traslado con la apelación incidental formulada por la entidad hoy tercera interesada, dejándosele con esta falta de la debida comunicación procesal en indefensión, al privarle de ejercer y agotar los recursos eficaces que la ley le franquea, sin cumplirse con la finalidad que prevé el adjetivo penal, cuando además en Tablero del Tribunal de alzada tampoco existe la misma; situación que le está generando un riesgo inminente de daño irreparable; por cuanto, en el supuesto de que se instale el juicio oral -suspendido hasta que se resuelva el trámite de la excepción planteada-, se consumaría la violación a sus derechos, ha esto sumado que en el Tribunal de alzada señalan no tener en su poder el cuaderno de apelación, ya que el mismo fue devuelto al Juzgado de origen; es decir, al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro que ya perdió competencia, y no así al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del referido departamento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional