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TCP

0229/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0229/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0229/2026-CA Sucre, 27 de abril de 2026

Expediente: 83409-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 6 de abril de 2026, cursante de fs. 67 y vta. pronunciada por la Jueza de Partido y del Trabajo y Seguridad Social Novena del departamento de Santa Cruz, por la que promovió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Erwin Paul Tapia Hurtado en representación del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 3, 4, 13, 14 y 15 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, por ser presuntamente contrario a los arts. 12.I, 13, 115.I, 117.I, 119, 120.I, 256, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1.2 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2026, cursante de fs. 44 a 56 vta., dentro del proceso de cumplimiento de restitución de derechos laborales seguido por Alfredo Adrián Apaza Torrico contra el GAM de Santa Cruz, la parte accionante, a través de su representante, refiere que se trata un proceso promovido por un funcionario público que suscribió tres contratos, existiendo entre ellos una interrupción superior a seis meses y habiendo concluido la prestación de servicios por cumplimiento del plazo contractual, por lo que, a su criterio, el trabajador no contaba con la continuidad laboral exigida para generar estabilidad laboral; sin embargo, acudió al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que concluyó que el funcionario tenía derecho a la reincorporación a su fuente laboral y al pago de salarios devengados.

El art. 1 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, establece un procedimiento especial del que se concluye que se sustanciará un proceso destinado a modificar situaciones jurídicas buscando la restitución de los derechos laborales, aspecto que considera incompatible con los arts. 12.I y 115.I de la CPE; toda vez que, la facultad de administrar justicia es competencia del Órgano Judicial a través de los jueces de trabajo y seguridad social, y no así del Órgano Ejecutivo mediante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que afecta el principio de separación de poderes y al debido proceso en su vertiente juez natural e imparcialidad.

Sostiene que, los arts. 3 y 4 de la Ley 1468, son contrarios a los arts. 12.I y 115.I de la CPE, debido a que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se atribuye las competencias del Órgano Judicial para sustanciar procesos que definen derechos laborales relacionados con la restitución, pago de salarios y otras consecuencias patrimoniales. La Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario establecen que los conflictos laborales se resuelven por la vía judicial laboral y que no confiere al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social la potestad ejecutiva sobre la restitución sustantiva de derechos, solo fiscaliza, conmina, abre expedientes, emite actas y recomendaciones. La Ley 1468 dispone que la restitución es ejecutable y no se suspende por ningún concepto, impidiendo la tutela judicial efectiva oportuna ante el juez laboral cuando previamente existe ejecución de lo determinado y afectación patrimonial.

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