Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2026-S2 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción popular
Expediente: 77377-2025-155-AP Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 167/2025 de 14 de agosto, cursante de fs. 230 a 238, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Iván Quispe Gutiérrez, Concejal Municipal contra Adhemar Willcarani Morales, Alcalde, ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de julio de 2025, cursante a fs. 1; y, 57 a 62 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La ciudad de Oruro cuenta con múltiples canchas y campos deportivos de administración municipal, categorizados como bienes públicos de uso común, cuyo destino constitucional y legal está orientado a la promoción de la actividad física, la recreación, el deporte y el desarrollo integral de la población, especialmente de la niñez, adolescencia y juventud. Estos espacios son esenciales para garantizar los derechos fundamentales vinculados al desarrollo físico y psicológico, y deben estar disponibles de forma accesible segura y continua.
Durante julio de 2025 se encontraba vigente el receso pedagógico escolar dispuesto por el Ministerio de Educación, circunstancia que implicó que miles de niñas, niños y adolescentes del municipio de Oruro se hallaran en periodo de vacaciones de invierno. Dicho periodo resultaba particularmente idóneo para el ejercicio efectivo del derecho al deporte y a la recreación, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente.
Sin embargo, se constató, tanto por la ciudadanía como por autoridades municipales, que una gran parte de las canchas deportivas municipales en distintos distritos de la ciudad se encontraban cerradas al público, impidiendo su uso libre por parte de la población escolar y juvenil. Esta situación generó una vulneración directa e inmediata a los derechos colectivos y difusos de los niños y jóvenes, quienes se vieron privados de utilizar estos espacios públicos esenciales durante su único periodo libre y recreativo en el año. Las restricciones de acceso se debían, en su mayoría, a que los campos deportivos fueron delegados informalmente o sin el cumplimiento riguroso del procedimiento legal a ciertas juntas vecinales o comités barriales, quienes asumieron el control de las canchas y condicionaron su uso al pago de montos económicos exagerados, e incluso negando el ingreso libre a quienes no podían pagar. Estas acciones representan una forma de apropiación de bienes públicos.
Si bien el Decreto Municipal 059 preveía la posibilidad excepcional de delegar el control o administración de estos espacios a organizaciones vecinales, ello se encontraba supeditado al cumplimiento de requisitos formales estrictos y a la suscripción de convenios aprobados por el Concejo Municipal de Oruro; extremos que, en numerosos casos, no fueron acreditados.
En ese contexto, algunos concejales municipales emitieron informes y peticiones formales denunciando tales irregularidades y requiriendo al Órgano Ejecutivo Municipal garantizar la apertura gratuita y el acceso irrestricto a las canchas deportivas; sin embargo, ante la ausencia de medidas inmediatas y eficaces por parte del GAM de Oruro, la situación persistió durante el receso pedagógico, consolidando una restricción indebida al acceso a espacios recreativos públicos.
La falta de disponibilidad de tales espacios, particularmente en zonas periféricas donde constituyen los únicos ámbitos de esparcimiento comunitario, expuso a la población infanto-juvenil a mayores riesgos asociados al sedentarismo, al uso excesivo de dispositivos electrónicos y a entornos sociales adversos.
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