0231/2021-S2

Habiendo formulado el recurso de apelación contra la aludida determinación, la misma fue resuelta por María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-; quien mediante Auto de Vista 146/2020 de 16 de julio, revocó el Auto Interlocutorio recurrido, lesionando sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, a la vida y a la salud -en el contexto de la pandemia del COVID-19-; todo ello, vinculado con su derecho a la libertad; puesto que:

1. a)Al permitir la incorporación de nuevos supuestos fácticos de obstaculización, sin que estos hayan sido debatidos en audiencia bajo el principio de contradicción, mantuvo de manera ilegal y subsistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; por consiguiente, no se tomó en cuenta que la solicitud de cesación de la detención preventiva debía resolverse contrastando los motivos que dieron lugar a la aplicación de la misma, con los elementos proporcionados posteriormente; y siendo que, respecto a las presuntas amenazas ejercidas, presentó el informe del asignado al caso, el cual desvirtuó lo manifestado por la aparente víctima en audiencia de 17 de enero de 2020; por otro lado, en relación a los elementos que sustentaron la decisión de 3 de julio del citado año, en cuanto al inicio de un proceso contra el presunto afectado; al igual que los anteriores, debía sujetarse al indicado principio contradictorio; ya que, al impedir que asuma defensa, vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso;
2. b)A través del aludido Auto de Vista, se confirmó la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, basado en la sola manifestación de la parte contraria, sin que haya sido demostrado con elementos objetivos y sometidos al contradictorio en audiencia;
3. c)Se transgredió el derecho al debido proceso por la fijación arbitraria y desproporcional del monto de fianza económica en la suma de Bs100 000.- (cien mil bolivianos) sin haber fundamentado ni motivado fáctica y jurídicamente esta determinación; puesto que, la medida tendría que ser de posible cumplimiento, sin que aquello pueda constituirse en un obstáculo para acceder a su derecho a la libertad; empero, en el caso concreto esta le resultó desproporcionada y le restringiría el nombrado derecho, más aun en las circunstancias que atravesaría por el COVID-19 y la detención preventiva prolongada;
4. d)La Vocal demandada no realizó un juicio de proporcionalidad y de razonabilidad respecto a la determinación asumida por el a quo para mantener subsistente la medida extrema, por el solo hecho que activó una acción penal en defensa de sus derechos, lesionando el debido proceso al no haber fundamentado y motivado dicho fallo con base en un análisis de los mencionados principios; ni tomando en cuenta además que, la excepcionalidad de la detención preventiva; y,
5. e)Al no haber considerado su enfermedad, a efectos de establecer las medidas alternativas dispuestas, -entre ellas, la detención con dos custodios, cuya salud también expondría-, vulneró sus derechos a la salud y a la vida.

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar a la autoridad demandada:

1. 1)Deje sin efecto el Auto de Vista 146/2020 y emitir uno nuevo;
2. 2)Pronunciar en el plazo de veinticuatro horas, nueva resolución con la debida fundamentación y motivación, respecto a cada uno de los agravios expuestos;
3. 3)Resolver el segundo motivo de apelación sobre la errónea interpretación del art. 235.2 del CPP, en cuanto al Auto Interlocutorio 16/2020 de 3 de julio; y,
4. 4)Dictar auto de vista sin restringir los derechos a la vida y a la salud, a través de medidas sustitutivas excesivas de difícil cumplimiento, tomando en cuenta su situación actual y enfermedad.