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TCP

0232/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0232/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 15 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 26096-2018-53-AAC Departamento: Pando Partes: María Eugenia Romero Ossio y Ponciano Ruiz Quispe contra Pedro Melgar Dorado, Encargado Distrital; Nelson Hurtado Paredes, Asesor Legal; Diana Quete Lupa, Técnico de Control de Fiscalización; Noelia Montero Vaca, Técnico de Transparencia; e, Irma Barrios Martínez, Técnico Estadístico, todos del Consejo de la Magistratura de la Distrital Pando; Juan René Espinoza Maldonado, Responsable Administrativo Financiero del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, Dikson Venegas Deste, representante del Colegio de Abogados de Pando.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada, manifiesta su disidencia con la parte dispositiva de la , que confirma la Resolución 276/2018 de 19 de octubre, pronunciada por el Juez de garantías; y en consecuencia: deniega la tutela impetrada; toda vez que, no tomó en cuenta, lo establecido en la reiterada por la , que exige que toda resolución debe someterse a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; y, convencer a las partes que no es arbitraria, que observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia; lo cual, no aconteció en las Resoluciones 02/2018 de 2 de octubre ni 05/2018 de 3 de igual mes, ahora cuestionada por los accionantes, tal cual se analizará en este Voto Disidente.

En todo caso, considero que debió REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada por lesión a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, al acceso a un cargo público; y, DENEGAR respecto a la denuncia sobre una supuesta conformación irregular de la Comisión Calificadora Departamental; conforme a los siguientes razonamientos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, al acceso a un cargo público; toda vez que, los miembros de la Comisión Calificadora de la Convocatoria Pública Nacional 14/2018, emitida por el Consejo de la Magistratura, incurrieron en las siguientes irregularidades:

  1. a)Los inhabilitaron porque la Comisión cometió errores de forma, en sus correspondientes postulaciones;
  2. b)Por indebida fundamentación y motivación en la emisión de las Resoluciones 02/2018 y 05/2018, por medio de las cuales, confirmaron las inhabilitaciones y rechazaron las impugnaciones que interpusieron. Por lo que, piden que se declare procedente la tutela solicitada, que se anulen las referida Resoluciones, dejando sin efecto sus inhabilitaciones y "...se incorporen sus nombres en las listas de habilitados para su correspondiente publicación" (sic); y,
  3. c)La conformación irregular de la Comisión Calificadora.

En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si los extremos demandados eran evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, la debió desarrollar los siguientes temas:

  1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
  2. 2)Análisis del caso concreto.

II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la , se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

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