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TCP

0233/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0233/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2026-S2 Sucre, 4 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción popular

Expediente: 78771-2025-158-AP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 301/2025 de 28 de octubre, cursante de fs. 157 a 165, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Raúl Moreno Zaconeta contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2025, cursante a fs. 1; y, 12 a 17, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En abril de 2025, el GAM de La Paz, implementó el servicio denominado "Parqueo para Todos", mediante el cual habilitó aproximadamente seis mil espacios de estacionamiento de uso temporal en la vía pública, distribuidos en cinco zonas urbanas, otorgando autorizaciones a empresas privadas para la administración y tarifación de dichos espacios. Sin embargo, se desconoció el método de adjudicación utilizado, así como el porcentaje económico percibido por las empresas y el monto que efectivamente habría beneficiado al Municipio; toda vez que, la implementación del proyecto se efectuó sin proceso de selección o convocatoria pública, ni estudios de factibilidad o consulta ciudadana previa que legitimaran la participación de los referidos entes privados.

Asimismo, el proyecto se sustentó en las Ordenanzas Municipales (OOMM) 002/2003 de 14 de febrero y 105/2003 de 13 de junio, que reglamentaban una autorización temporal; puesto que dichas normativas se basaban en la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, la cual posteriormente fue abrogada con la promulgación de la Constitución Política del Estado. Bajo tales disposiciones, el GAM de La Paz otorgó autorizaciones temporales por el plazo de un año para la administración de bienes de dominio público; empero, tales autorizaciones resultan irregulares, al encontrarse vigente la Ley Municipal Autonómica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -Ley 531 de 13 de agosto de 2025-, el cual regula las alianzas público-privadas, cuya disposición abrogatoria dejó sin efecto toda norma contraria o de igual o inferior jerarquía. En ese entendido, la actuación municipal carecería de sustento de legalidad, al apoyarse en disposiciones inaplicables y sin un marco normativo actualizado que regule el sistema tarifado implementado.

Asimismo, uno de los sectores afectados corresponde al comprendido en la calle Eloy Salmón de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y sus adyacencias, donde se habilitaron cuarenta y ocho espacios de parqueo vehicular. Inicialmente, dichos espacios fueron de uso gratuito, con la posibilidad de incorporación al sistema tarifado, como ocurrió en otras zonas desde el 15 de septiembre de 2025; no obstante, las métricas empleadas en la delimitación de los espacios no resultaron adecuadas, al no garantizar dimensiones suficientes para el ingreso y salida segura de los vehículos ni permitir el descenso normal de los conductores, lo que evidenciaría ausencia de criterios técnicos en la planificación y ejecución del proyecto; de igual manera, se generaron problemas de logística operativa, gestión de cobros y mayor congestionamiento vehicular y se habilitaron espacios de estacionamiento en áreas destinadas al Servicio de Transporte Municipal, en sectores reservados para contenedores de residuos sólidos, frente a accesos de garajes particulares e incluso en inmediaciones de embajadas, lo que habría sido cuestionado por el transporte público debido a la reducción de la capacidad vial de las calles.

Por otra parte, el proyecto fue ejecutado por cuatro empresas privadas, las cuales asumieron el total del capital inicial a cambio del cobro de tarifas, percibiendo la Alcaldía aproximadamente el quince por ciento de la recaudación. Asimismo, cuidadores de vehículos y comerciantes reportaron afectaciones económicas derivadas de la reorganización del espacio público.

Finalmente, no existiría constancia de la emisión de una ordenanza municipal específica que regule integralmente el sistema, incluyendo la fijación de tarifas, la naturaleza jurídica de la relación con las empresas privadas, los mecanismos de control y el régimen sancionatorio. Tampoco se habría divulgado un estudio técnico de impacto ni realizado audiencia pública o mecanismos transparentes de participación ciudadana. En ese sentido, sostiene que la medida afectaría el espacio urbano, la convivencia ciudadana, la salubridad pública y el medio ambiente, debido al incremento de la congestión vehicular, contaminación atmosférica y sonora, así como el incentivo al uso del automóvil.

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