Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 55369-2023-111-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 14/"2022" -siendo lo correcto 2023- de 27 de abril, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado y Jhony Ramos Choque en representación sin mandato de René López Fernández contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y de 5 a 9 vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mismo que se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, en audiencia de medidas cautelares, realizada el 25 de abril de 2023, la defensa del peticionante de tutela presentó un certificado médico para justificar su inconcurrencia al mencionado acto, extremo que no fue observado por el Ministerio Público; sin embargo, ante la solicitud de declaratoria de rebeldía por el abogado de la víctima; la autoridad demandada, de manera extra petita decidió trasladarse a su domicilio, alegando que de no estar presente se declararía su rebeldía.
Agregó que, no se encontraba en su vivienda, debido a que estaba en consulta médica por el cuadro clínico que presentaba y conforme al art. 88 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el demandado sin considerar dicho extremo, ni la existencia de un justificativo válido, dio lugar a la declaratoria de rebeldía, emitiendo mandamiento de aprehensión.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 18, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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