Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0234/2019-RCA Sucre, 13 de agosto de 2019
Expediente: 30061-2019-61-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 099/2019 de 8 de julio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Bibiana Chávez Alurralde contra Marcelino Castro Lazo, Elena Quispe Coronel, Rubén Cruz Mamani y Rose Mary Nina Condori.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 5 de julio de 2019, cursante de fs. 69 a 75 vta., la accionante refiere que al fallecimiento de su hermana Carmen Angélica Chávez Alurralde, fue declarada heredera mediante Resolución 686/2013 de 20 de diciembre, emitida por el "...Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil de esta ciudad de El Alto..." (sic), logrando registrar su derecho sucesorio en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0200549 sobre el lote de terreno 16, manzano 10, Urbanización Villa Tunari -actualmente Av. Sucre calle Punata 20-, con una superficie de 200 m2.
Sin embargo, el mencionado bien inmueble se encontraba ocupado por Marcelino Castro Lazo, quien se negaba a entregarlo; en mérito a ello, presentó demanda monitoria civil de entrega de herencia, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del cual se pronunció Sentencia Inicial 336/2016 de 1 de diciembre, disponiendo que el demandado devuelva el citado bien inmueble, determinación confirmada por Sentencia Final 154/2017 de 14 de junio, contra la cual el nombrado interpuso recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 45/2018 de 8 de febrero, ratificando la resolución recurrida. Posteriormente en ejecución de sentencia, habiendo obtenido el mandamiento de desapoderamiento sobre el señalado bien el 16 de abril de 2019, juntamente con la Oficial de Diligencias del indicado Juzgado, Notario de Fe Pública, efectivos policiales, Defensoría de la Niñez y otros, se procedió a ejecutar dicha orden judicial que culminó a horas 11:30 del mismo día.
Posteriormente una vez que se retiraron los nombrados funcionarios, una turba de personas armadas con palos, piedras y otros objetos dirigidos por Rubén Cruz Mamani, Rose Mary Nina Condori, Elena Quispe Coronel y Marcelino Castro Loza, avasallaron el inmueble, no permitiéndoles ingresar, causando daños en la humanidad de su hija Nilka Larrea Chávez, tal cual consta en el Acta de Registro de Lugar de 14 de junio de 2019, así como el Informe Técnico del registro del lugar del hecho efectuado por el funcionario policial Beltrán Choque Estrada, elevado ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero del aludido departamento. Así mismo señala que, Marcelino Castro Loza, no tiene derecho alguno sobre el bien inmueble en cuestión, aspecto que fue establecido por el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de El Alto del departamento de La Paz, donde el demandado ejerció de manera amplia su derecho a la defensa, limitándose a presentar documentos falsos, motivo por el cual se aperturó en su contra otro proceso penal por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, causa radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la citada ciudad y departamento, el cual se encuentra a la espera de juicio. Hace notar que se inició en contra de Elena Quispe Coronel y Marcelino Castro Loza, dos causas penales por la presunta comisión de los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, la riqueza nacional y por impedir o estorbar el ejercicio de funciones, el cual se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la ciudad y departamento referidos; y otro por lesiones, caso signado 3329/2019, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida.
Por todo ello, considera que acreditó las vías de hecho desplegadas por los demandados, quienes tomaron su bien inmueble, reteniendo el mismo hasta antes de interpuesta la presente acción tutelar, desconociendo su derecho a la propiedad privada, extremo que le obliga a acudir a la justicia constitucional a fin de que se resguarde su derecho.
I.2. Derecho supuestamente vulnerado
Considera lesionado su derecho a la propiedad privada; citando al efecto el art. 56.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se disponga:
- a)El desapoderamiento del inmueble avasallado con el auxilio de la fuerza pública, a cuyo fin se emita oficio dirigido al Comandante de la Policía de El Alto del departamento de La Paz;
- b)Sea bajo apercibimiento de remitirse obrados al Ministerio Público para el encausamiento penal de quienes se resistan al cumplimiento de la resolución que pronuncie la Sala Constitucional; y,
- c)Sea con costas.
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