0235/2022-S1

Dentro de la demanda ejecutiva interpuesta contra Mariela Guzmán Padilla, ahora tercera interesada, demandando el cumplimiento de una obligación descrita en una letra de cambio, la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda ejecutiva, mediante Sentencia de 22 de noviembre de 2017, notificada a la tercera interesada, formuló dos excepciones:

1. a)Falta de personería en el ejecutante ;y,
2. b)Inhabilidad de título en Materia Civil; la Jueza emitió la Resolución definitiva de 14 de febrero de 2018 por la que rechazó las excepciones, apelada por la tercera interesada, previo traslado, la Sala Civil Cuarta emitió el Auto de Vista de 25 de octubre de 2018 confirmando la sentencia definitiva, que declaró probada su demanda y dispone que la tercera interesada cumpla lo adeudado.

Posteriormente la demandada o ahora tercera interesada, presentó un incidente de suspensión provisional del proceso ejecutivo, hasta que se defina en el proceso penal la falsedad del valor insertado en la letra de cambio fundamentando su decisión en el art. 1289.II del Código Civil (CC) y 400 del Código Procesal Civil (CPC), que fue rechazado por su persona puesto que no existe falsedad del Título Ejecutivo. La Jueza dictó la Resolución de 27 de febrero de 2020 , por la que rechazó la petición de suspensión de la ejecución de la sentencia al razonar que la tercera interesada, no cumplió con los requisitos exigidos para la suspensión provisional del proceso; interpuesto el recurso de reposición por la tercera interesada, alegó 1) Que no se realizó valoración de la prueba;

1. 2)Incorrecta interpretación de las excepciones formuladas;
2. 3)Violación del Derecho de Propiedad; y,
3. 4)Que el Auto carece de motivación. Previa respuesta de su parte, la Jueza dictó la Resolución de 16 de marzo de 2020, confirmando la resolución que rechazó el incidente de suspensión provisional del proceso ejecutivo.

En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución fundamentada, congruente, como parte del derecho a la defensa, el referido Auto de Vista i) No tomó en cuenta ni se pronunció sobre los argumentos de su respuesta a los cuatro puntos de la demanda;

1. ii)La falta de consideración a su repuesta implica que se dictó un auto inmotivado, incongruente no expresa los aspectos de la controversia;
2. iii)En su repuesta observó que la demanda no indica donde se encuentra la prueba que no se valoró si se trata de documentos originales, fotocopias, pruebas trasladadas sobre todo cuál es la interpretación que debió dar la Juez, cuál el perjuicio que se le ocasionó, y si por falta de valoración de la supuesta prueba que indica, la resolución pudo tener otro resultado, esto no fue objeto de consideración y pronunciamiento por parte de los demandados;
3. iv)El punto III.3 del Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020, fue inmotivado e incongruente, omite pronunciarse de forma puntual y concreta sobre su contestación al recurso de apelación, interpuesta por la tercera interesada, esa omisión es lo que permite tener el nexo causal con la vulneración de sus derechos fundamentales, por consiguiente se apertura el campo constitucional para verificar la flagrante vulneración e implica que tenga relevancia constitucional, puesto que la tercera interesada no excepcionó en el momento oportuno la falsedad o inhabilidad del título, lo que implica que el Tribunal de Alzada permitió y revocó una resolución de forma ilógica, arbitraria, sin establecer motivos coherentes congruentes, lógicos legales y pertinentes a la suspensión provisional de la ejecución de sentencia en el proceso ejecutivo;
4. v)La motivación expresada por los demandados que emitieron el Auto Vista, de 28 de septiembre de 2020, donde sostiene por una parte que el título valor consistente en la letra de cambio no tiene certidumbre, no establece cuál es la motivación para considerar ese aspecto, puesto que no existe acusación falsedad del título como indica el art. 1289 del CC y menos una prueba pericial que sustente esa situación; que violenta el principio de razonabilidad, ingresando a un razonamiento arbitrario; sin respetar la tramitación del proceso ejecutivo, la sentencia ejecutoriada existente y la falta de excepción formulada en la fase correspondiente; y,
5. vi)Se denota la motivación arbitraria cuando en la parte resolutiva del referido Auto de Vista "Revoca el Auto de 16 de marzo de 2020 corriente a fs., 221 y vta., y deliberando en el fondo DEJA SIN EFECTO el Auto de 27 de febrero de 2020 y en su mérito ordenó la suspensión provisional de la ejecución de la Sentencia hasta cuando se decida en la vía penal si el monto de la deuda de bs.500 000.- consignado en el título valor base de la demanda letra de cambio 159653 saliente a fs. 1 es correcto o no, sin costas" (sic), decisión arbitraria, debido a que en materia penal no se determina MONTOS DE DEUDAS se investiga y se procesa conductas delictivas, no siendo lógica esa motivación, que contradice la jurisprudencia prevista en la SCP 0516/2018 de 14 de septiembre de 2018.

En cuanto a la vulneración del derecho de acceso a la justicia;

1. a)En el caso se tiene la existencia de un proceso ejecutivo, que tiene una sentencia ejecutoriada, que en dicho proceso la tercera interesada, pudo formular las excepciones correspondientes para atacar la supuesta falsedad del título valor, no lo hizo y sin embargo, en ejecución de sentencia y cuando está señalada la audiencia de remate, formuló un incidente de suspensión provisional del proceso ejecutivo, donde los Vocales accionados que emitieron el Auto de Vista fallaron de forma arbitraria perjudicando la tramitación del proceso por más de un año, y decidieron de forma irracional suspender la ejecución de la sentencia hasta que en el proceso penal se determine si existe deuda o no;
2. b)De acuerdo al Auto de Vista se está frente a un acto que impide el acceso a la justicia, existiendo vulneración de su derecho constitucional indicado y garantizado por el art. 115.I de la CPE; y,
3. c)Conforme a los entendimientos de la SCP 0083/2018 de 23 de marzo los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista cuestionado restringieron su derecho de acceso a la justicia.

Solicitó se conceda la tutela impetrada:

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020; y,
2. 2)Que determinen de manera congruente, fundamentada e indiquen los motivos legales, sustantivos y de acuerdo a las pruebas, que existen motivos legales para impedir el cumplimiento de un fallo que está ejecutoriado y en caso de no darse esta situación, de la misma forma se pronuncien de manera fundamentada. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

El impetrante de tutela en audiencia por intermedio de su abogado ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de defensa. Añadiendo refirió que:

1. i)Los ex Vocales que suscribieron el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020, fueron Oscar Jesús Menacho Angeleri y Freddy Larrea Melgar, en cuanto a los otros dos Vocales simplemente se hace la demanda, debido a que están cumpliendo esa labor y para evitar cualquier responsabilidad;
2. ii)Recurren contra el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020, por vulnerar su derecho al debido proceso en su vertiente a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente y el acceso a la justicia
3. iii)El Auto de Vista no refiere que existe una acusación de usura que acusa de firma en blanco y no de falsedad, segundo elemento no dice que existe un documento público que está en cuestionamiento, que es lo que establece la norma sustantiva; y,
4. iv)Cuando se habla de interdicción de la arbitrariedad, tenemos que ver tres aspectos fundamentales, tres sub reglas, si la Resolución de 28 de septiembre de 2020 está debidamente fundamentada, si es arbitraria o es insuficientemente motivada, en el presente caso vemos que dicha resolución es arbitraria porque no dice cuál es la carga probatoria, cuál es el instrumento público y si se adecúa o no al art. 1289 del CC; que la referida acusación es posterior, no es sobre un instrumento público menos sobre delitos de falsedad material e ideológica, que demuestra la falta de motivación y la vulneración del principio dispositivo de las partes.

Freddy Larrea Melgar y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales de la Sala Civil y Comercial Familia Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 1 de abril de 2021, cursante de fs. 254 a 255 vta., manifestaron que:

1. a)El recurso de acción de amparo constitucional, carece de técnica recursiva, refiere supuesta vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y de acceso a la justicia, siendo el común denominador de su razonamiento que no se ha valorado ni considerado su contestación al recurso de apelación planteado y que fue resuelto por el Auto de Vista de 28 de septiembre, sin que el accionante exprese qué preceptos legales adjetivos y, sustantivos o constitucionales han sido mal aplicados o erróneamente interpretados o en su defecto han sido omitidos, al dictar la resolución objeto de la presente acción, y como estos generan falta de fundamentación y vulneración de los supuestos derechos y garantías constitucionales; b)Tampoco explican cuáles de los razonamientos lógico-jurídicos, en los que se asienta el indicado Auto de Vista carecen de debida motivación, en el entendido que el Auto de Vista referido está estructurado en diferentes puntos e incisos a los efectos de mejor comprensión, no se puede decir que en conjunto vulnera derechos, siendo necesario que el accionante identifique y precise con claridad cuáles de los razonamientos y como les vulnera derechos, lo que no ocurre en el caso en análisis;
2. c)Cuando el accionante habla de falta de congruencia en el indicado Auto de Vista, no desarrolla ningún razonamiento que explique cuál es la falta de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, no determina si es una resolución citra petita, extra petita, ultra petita o infra petita, tampoco señala cuál es la falta de concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, no demuestran como un incidente de nulidad en ejecución de sentencia, estimado favorablemente, vulnera derechos, en el entendido que no cuestionan en absoluto la prueba documental de fs. 167 a fs. 201 del expediente original, que demuestra la acusación penal contra el accionante presentada ante el Juez de Sentencia Penal Cuarto, por la cual se decide suspender provisionalmente la ejecución de sentencia, verdad material que no se puede soslayar y que implica observancia de lo dispuesto por el art. 1289.II del CC;
3. d)Refiere en su contestación que respondieron cuatro agravios expresados por la parte recurrente; los cuales no habrían sido considerados, sin embargo, no detalla cual o cuales de dichos agravios no han sido desarrollados y no recibieron respuesta motivada debidamente fundamentada, y congruente en el indicado Auto de Vista, y cómo incidirá en la parte resolutiva, no se enerva ni se desvirtúa la prueba documental relativa a la acusación formal del accionante, y sólo pretende que se aplique los formalismos y ritualidades procesales, por sobre la verdad material, aspectos claramente expuestos y fundamentados en el Auto de Vista referido;
4. e)La acción de amparo pretende que la justicia constitucional revise la interpretación de la legalidad ordinaria, la valoración de la prueba y la interpretación de la norma ordinaria y constitucional, efectuada en el Auto de Vista objeto de la presente acción; y,
5. f)Citó la SCP 0832/2018-S1 de 12 de diciembre que establece que la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la justicia ordinaria cuando, quien denuncie tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales explique los tres requisitos previstos al efecto por la referida jurisprudencia, no es posible exigir que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre la supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia en el mencionado Auto de Vista referido cuando no se ha cumplido con las reglas establecidas por las auto restricciones.

Mariela Guzmán Padilla, en calidad de tercera interesada, presente en audiencia y mediante memorial de 31 de marzo, cursante de fs. 298 a 299, se apersona y manifiesta que:

1. 1)El proceso ejecutivo fue promovido en virtud a una supuesta obligación consignada en la letra de cambio 159653 que fue entregada en garantía a Orlando García Estrada, por la suma de Bs20 000.- (Veinte mil bolivianos) título valor que fue utilizado por el ahora accionante Jhonny Camacho Justiniano; denunciado por el delito de Abuso de Firma en Blanco y Usura Agravada, a consecuencia de haber insertado el monto de Bs500 000.- (quinientos mil bolivianos) en la referida letra de cambio; motivo por el cual su persona haciendo uso de los recursos que la ley establece entre otros, solicitó a la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la suspensión provisional del proceso ejecutivo hasta que se defina en el proceso penal la falsedad del valor insertado de Bs500 000.- en la letra de cambio (Abuso de Firma en Blanco); dinero que nunca recibió su persona, como aduce el "demandado" (sic) en el proceso ejecutivo;
2. 2)Haciendo uso de los recursos que le franquea la ley, el 2 de marzo de 2020 interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, recurso que fue resuelto favorablemente por la Sala Civil Quinta antes señalada en estricta aplicación de la ley; entendiéndose que de continuar con el proceso ejecutivo, significaría que la administración de justicia estaría contra la ética los principios y valores, la moral y las buenas costumbres que rigen en el Estado, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmar el ilícito perpetrado;
3. 3)Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado, que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia, pretender que un acto que se origina por una conducta delictiva produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario, resulta inaceptable en un Estado Constitucional como el nuestro, basado en principios ético morales; y,
4. 4)El ahora accionante ha recurrido a una serie de dilaciones indebidas, como ser recusación del Perito Grafólogo, diferentes incidentes que tuvieron como única finalidad que el proceso penal no avance y por consiguiente sus actos ilícitos queden en la impunidad, encontrándose a la fecha en estado de señalamiento de audiencia de juicio oral, para el 9 de abril de 2021 a horas 9:30 a.m.; como prueba adjuntó literales del proceso penal que se lleva adelante, por lo que pide se deniegue la tutela solicitada por el accionante por no existir vulneración alguna.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz a través de la Resolución 38/21 de 1 de abril, cursante de fs. 305 a 309 vta., denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos:

1. i)El peticionamte de tutela de manera clara y precisa argumenta dos agravios ante el control tutelar constitucional; el primero, es la ausencia de pronunciamiento en cuanto a los argumentos vertidos en el memorial del 9 de marzo de 2020 que absuelve el traslado y contestan el recurso de reposición bajo alternativa de apelación por parte de las autoridades ahora demandadas y a su turno, argumentan que en la decisión se han extralimitado al suspender la ejecución de un proceso supeditándolo a la vía penal para cuantificar el monto ejecutado;
2. ii)En cuanto al primer agravio se debe dejar claramente establecido que la apelación sobre la cual se emite el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020 es una apelación alternativa, que quiere decir aquello, conforme al instituto jurídico procesal del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, interpuesto este recurso alternativamente a la decisión del Juez a quo, pueda remitirse al Tribunal ad quem, sin que esta remisión al Tribunal ad quem implique una nueva oportunidad o de esgrimir agravios a título de apelación o de contestar aquellos agravios y es lo primero que debe quedar claramente establecido, concordante con aquellos la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 848/2018-S4 de 12 de diciembre establece: las sentencias deben ser congruentes con las suplicas de las demandadas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita, pueda modificar los términos en que fue trabada la litis, justamente en esa naturaleza procesal del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, es que la alternativa de apelación remitida en caso de negatoria del recurso de reposición, no amerita una segunda oportunidad de fundamentación de agravio o de contestación, es decir el auto remitido en apelación alternativa debió considerar todos los argumentos vertidos por el apelante y en la contestación, situación en la que la parte ahora demandada de manera expresa e hidalga además cabe denotar, ha manifestado que evidentemente el auto del Juez a quo remitido en apelación al Tribunal ad quem si ha cumplido con las formalidades del debido proceso en cuanto a motivación congruencia, pues ha considerado los argumentos contestados por este, al momento de ser notificado con el recurso de reposición bajo alternativa de apelación;
3. iii)En ese contexto, no es cierto y evidente que el auto de vista deba nuevamente en la forma, considerar todos y cada uno de los agravios del apelante y de los argumentos contestados, habida cuenta que ambas sustanciaciones argumentativas han sido resueltas por el Juez a quo y aquel auto resuelto por el Juez a quo, es remitido al Tribunal ad quem, alternativamente en apelación, instituto procesal que difiere diametralmente al recurso de apelación directo, en el que es aquel recurso que debe ser corrido en traslado, contestado y considerado por el Tribunal ad quem de la misma manera se tiene la ausencia de transcripción de agravios en el auto de vista o la ausencia de transcripción de la contestación de los agravios en el auto de vista cuando lo que considera es el Auto interlocutorio, remitido en apelación alternativa, carece de relevancia constitucional para ser tutelado, habida cuenta que la decisión sustancial no se ve modificada por una transcripción de aquellos, de ahí que es aplicable la SCP 0084/2019-S2 de 5 de abril en su parágrafo III.3 de su razón de decisión, por lo cual en cuanto al primer agravio, no es evidente y no concurre ante este Tribunal de garantías su tutela; y,
4. iv)En cuanto al segundo agravio que es vulneración del derecho de acceso a la justicia, habida cuenta que el Tribunal ad quem se ha extralimitado a supeditar la ejecución del proceso civil a la cuantificación del proceso penal, primeramente establecer, que la jurisprudencia constitucional ha dejado claramente establecido que el derecho de acceso a la justicia tiene tres elementos y que la parte accionante considera que es el tercer elemento, que se ha visto restringido al extralimitar su facultad, es decir lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada; al respecto lo dispuesto por el Tribunal ad quem no es el no cumplimiento y no ejecución de la resolución sino la suspensión de su ejecución, que asimismo está facultado el Tribunal ad quem para hacerlo como bien la parte accionante se ha permitido fundar en el art. 1289 de la norma sustantiva civil habida cuenta de que advertidos de una verdad material citando al Tribunal ad quem de un proceso penal con acusación, considera el Tribunal ad quem que debe suspender la ejecución, por ello reflexiona que debe suspender, más no así anular, más no así revocar la decisión de la sentencia como tal, sino de suspender la ejecución, por ello considera el Tribunal de garantías, que no ha tenido ninguna limitación la parte accionante de acceso a la justicia, es más hizo valer todos sus derechos e inclusive por ante este Tribunal de garantías, por lo que cualquier otra consideración de orden jurídico resulta estéril.

II.9. Recurso de reposición bajo alternativa de apelación, presentado por Mariela Guzmán Padilla el 2 de marzo de 2020 contra el Auto 77/20 de 27 de febrero de 2020 alegando cuatro agravios:

1. a)Que el Auto referido no realizó una adecuada valoración de la prueba;
2. b)Incorrecta interpretación de las excepciones planteadas;
3. c)Violación del derecho a la propiedad; y,
4. d)El Auto carece de fundamentación y motivación; pidiendo se revoque el Auto dictado y en caso de negativa se le conceda el recurso de apelación para que el superior en grado resuelva lo que fuere de ley ( fs. 215 a 218 vta.).

El accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente a una debida motivación, fundamentación, congruencia y acceso a la justicia; debido a que dentro del proceso ejecutivo interpuesto contra Mariela Guzmán Padilla, en la vía incidental la demandada solicitó suspensión provisional del proceso ejecutivo hasta que se defina en la vía penal la falsedad del valor insertado en la letra de cambio (Abuso de Firma en Blanco), en previsión de los arts. 1289 del CC y 400 del CPC; solicitud que fue rechazada por la Jueza de la causa mediante Resolución 77/20 de 27 de febrero de 2020; interpuesto el recurso de reposición con alternativa de apelación por la demandada, la Jueza por Auto de 16 de marzo de 2020 confirmó en todas sus partes el Auto de 27 de febrero de 2020. Apelada tal determinación la Sala Civil y Comercial Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 63/2020 de 28 de septiembre revocó el Auto de 16 de marzo de 2020 y dejó sin efecto la Resolución de 77/20 de 27 de febrero del mismo año; y, ordenó la suspensión provisional de la ejecución del proceso ejecutivo, razonando de manera arbitraria que debe ser la autoridad penal la que determine el monto de la deuda, por lo que debe concluir el proceso penal previamente, para proseguir el proceso ejecutivo, lo cual afecta sus derechos referidos; razón por la cual solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2020; y,
2. 2)Que determinen de manera congruente, fundamentada e indiquen los motivos legales, sustantivos y de acuerdo a las pruebas, que existen motivos legales para impedir el cumplimiento de un fallo que está ejecutoriado y en caso de no darse esta situación, de la misma forma se pronuncien de manera fundamentada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)Legitimación pasiva en caso de sucesión o cambio de autoridades;
2. ii)Motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. iii)Acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y,
4. iv)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre8 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre9 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-10.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
5. d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
6. d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio11, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio12, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre13, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo14 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.