0235/2023-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga:

1. a)La restitución de su derecho propietario de manos de la avasalladora -ahora accionada- y los que se encuentren en posesión de su bien inmueble;
2. b)Se ordene la entrega y el desalojo de manera inmediata, a dicho efecto se expida el correspondiente mandamiento de desapoderamiento, y sea con expreso auxilio de la fuerza pública; y,
3. c)Se disponga la calificación de daños y perjuicios; y, la condenación de costos y costas.

Claudia Ximena Zampieri Sanguino, por informe escrito cursante de fs. 78 a 80, en audiencia a través de su abogado, manifestó lo siguiente:

1. 1)Su ingreso al inmueble jamás fue violenta, más por el contrario fue pacífica, ya que el mismo se encontraba abandonado y en situación precaria tal como demuestra con las fotografías que tomó antes de ingresar a la vivienda, y por la necesidad que tenia de tener un techo para su resguardo y de sus hijos, al ser madre soltera;
2. 2)En todo caso, la accionante debió acudir a la AEVIVIENDA a denunciar los aspectos ahora alegados, sino lo hizo es porque la mencionada tiene conocimiento de que el inmueble otorgado fue revertido;
3. 3)De acuerdo a la certificación extendida por la Presidenta de la Junta de Vecinos "Las Palmas" de 15 de marzo de 2022, acredita que su persona conjuntamente su familia vive en el inmueble objeto de litis desde el 11 de septiembre del 2021, y la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta después de más de seis meses que ingresó a dicha propiedad; y,
4. 4)Por lo expuesto, al no existir bien jurídico vulnerado, y al no cumplirse el principio de inmediatez, solicita se deniegue la tutela impetrada.

Juan José Espejo Condori, Director General Ejecutivo de la AEVIVIENDA, a través de sus representantes legales, por memorial cursante de fs. 131 a 136, en audiencia refirió que:

1. i)El bien inmueble objeto de litis, es una vivienda otorgada por el Gobierno Central, a través del Programa de Vivienda Social - PVS, que tiene por fin coadyuvar y facilitar el acceso de viviendas a la población de escasos recursos económicos, identificados como de grupos vulnerables, en la cual los beneficiarios tienen que cumplir con ciertos requisitos para acceder a ese beneficio y uno de los principales es que la vivienda cumpla con la función social;
2. ii)En su momento, el citado inmueble de carácter social fue otorgado a la accionante, siendo registrado en DD.RR. su derecho propietario adquirido a través de la referida entidad; asimismo, se debe tener en cuenta que el Proyecto Urbanización "Las Palmas" fue aprobado por el Comité de Administración del Programa de Vivienda Social (PVS), por lo que tanto el terreno como la construcción fueron financiados por el señalado Programa, en tal sentido la accionante recibió del citado Programa a través de la entidad financiera un crédito con garantía hipotecaria, y por ello cursa en el asiento B, de gravámenes y restricciones, el registro de una hipoteca por el monto de Bs68 194,36 (valor social del inmueble [sesenta y ocho mil ciento noventa y cuatro 36/100 bolivianos]), a través de la Escritura Pública 270 de 26 de junio de 2010, hipoteca que sigue vigente y no se procedió a su levantamiento, ya que el precio total de la vivienda social no fue cancelada en su totalidad;
3. iii)La accionante señala que tomó conocimiento el 12 de septiembre de 2021, que el inmueble referido habría sido ocupado violentamente por la accionada; sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha propiedad fue abandonada por la impetrante de tutela, dejando de cumplir su fin social desde el 2018, hecho que fue verificado y constatado en el relevamiento social en aplicación de la Ley 850 de 1 de noviembre de 2016 y su Reglamento, donde se evidencia que, conforme señala el Informe Social AEV/UTV_INF/0843/2018 de 8 de noviembre, la vivienda se encontraba ocupada por otra persona distinta a la beneficiaria; del mismo modo según Informe Legal AEV/UAJ_INF/0985/2018 de 27 de igual mes, se estableció que la beneficiaria no cumple la función social, y por ello debía ejecutarse la resolución contractual, de conformidad a lo previsto en el art. 3.II.4 de la Ley 850, que tiene por objeto precautelar el cumplimiento de la función social del beneficio otorgado por el Programa de Vivienda Social y Solidaria;
4. iv)Posteriormente, se emitieron el Informe Social AEV/DNVSR/UTVS_INF/0173/2022 l E-2022 - 05743 e Informe Legal AEV/DNVSR/UTVS_INF/ 0172/2022 l I-2022-05741, ambos de 29 de marzo, y a cuyo efecto se pronunció la RA AEV/DGE/DNVSR/UTVS_RA/003/2022 en igual data, por la que, entre otros puntos dispuso: "PRIMERO.- Determinar la PÉRDIDA DEL BENEFICIO otorgado a la Sra. Marleny Jou Mayuco con C.l.: 1731313 BN, dentro del Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVS, por el incumplimiento a la función social respecto a la solución habitacional ubicada en el manzano O, lote 20 de la Urbanización 'Las Palmas', Construcción de 301 Viviendas', en estricta aplicación de la Ley N° 850 y su Reglamento (...)" (sic);
5. v)De lo referido se evidencia que la accionante, ya no se constituye en la beneficiaria del bien inmueble, por cuanto la AEVIVIENDA emitió la respectiva Resolución Administrativa, y a partir de la cual se inició el procedimiento para la resolución contractual por incumplimiento de contrato de acuerdo al art. 3.II.4 de la Ley 850; y,
6. vi)Por lo tanto, habiéndose advertido la ausencia de legitimación activa de la accionante para reclamar la posesión del inmueble que es de propiedad del Estado, ello por haber sido revertido su derecho, además de advertirse que se trata de derechos controvertidos, solicita se deniegue la tutela impetrada, debiendo la accionante por cuerda separada si cree conveniente asumir acciones legales ante la AEVIVIENDA, y no a través de una acción de amparo constitucional, haciendo incurrir en error a su autoridad, al no poner en conocimiento de todos los antecedentes.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 029/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 139 a 145, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La peticionarte de tutela manifiesta que el derecho propietario que ostenta no se encuentra cuestionado conforme evidencia del folio real que adjunta; en respuesta la accionada refirió que al momento de ingresar a dicha propiedad la misma se encontraba abandonada; por su parte el tercero interesado hizo conocer la RA AEV/DGE/DNVSR/UTVS_RA/003/2022, así como el Informe Social AEV/DNVSR/UTVS_INF/0173/2022 l E-2022 - 05743;
2. b)En el caso de análisis, corresponde tomar en cuenta lo manifestado por el tercero interesado de la aplicación de la Ley 850, cuyo art. 1 establece: "'La presente Ley tiene por objeto precautelar el cumplimiento de la función social del beneficio otorgado por el Programa de Vivienda Social y Solidaria, a través de: a) El establecimiento del procedimiento para la recuperación de viviendas como efecto de la resolución contractual por incumplimiento de obligaciones contraídas por parte del beneficiario de un proyecto de crédito del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en el marco del Régimen de Vivienda Social, b) La otorgación de un incentivo de reprogramación de deuda a los beneficiarios del PVS que cumplan la función social y que hayan ingresado en mora por causas justificadas'" (sic). De igual forma, la mencionada Ley, establece: '"Artículo 3º.- (Procedimiento para la resolución contractual por incumplimiento de contrato) I. La resolución contractual procede cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de las causales establecidas en el contrato, haya incurrido en alguna de sus prohibiciones, o encontrándose en mora, no se acoja a la reprogramación establecida en la presente Ley...'" (sic);
3. c)En ese marco legal, y siendo bajo esos aspectos que el tercero interesado demostró con documentación adjunta que la beneficiaria hoy accionante de la vivienda no hubiera cumplido la función social, por lo que a consecuencia de ello la AEVIVIENDA emitió la RA AEV/DGE/DNVSR/UTVS_RA/003/2022, determinado: '"..TERCERO.- 'En aplicación al artículo 21 del Reglamento a la Ley 850, se instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, dar de baja de la lista de beneficiarios del PVS, el nombre de MARLENY JOU MAYUCO, con C.l. 1731313 BE, del Proyecto: URBANIZACIÓN LAS PALMAS CONSTRUCCIÓN DE 301 VIVIENDAS, del departamento del Beni - Trinidad'" (sic);
4. d)De los extremos referidos se evidencia que la accionante si bien demuestra su derecho propietario bajo el registro del folio real que acompañó; sin embargo, no se puede dejar de lado que el bien inmueble se trata de un proyecto desarrollado por la AEVIVIENDA al ser beneficiario de este tipo de vivienda, encontrándose los beneficiaros sujetos a ciertas condiciones conforme establece la Ley 850 y su Reglamento; y,
5. e)En consecuencia, habiéndose acreditado de forma plena que el derecho de propiedad de la accionante se encuentra cuestionado ante la emisión de la RA AEV/DGE/DNVSR/UTVS_RA/003/2022, se evidencia la existencia de derechos controvertidos que deben ser determinados por la autoridad jurisdiccional competente, debiendo las partes acudir previamente ante la jurisdicción ordinaria, conforme así desarrolló la jurisprudencia constitucional al establecer que la acción de amparo constitucional no es el medio o la vía para definir derechos ni puede otorgar protección constitucional ante hechos controvertidos.