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TCP

0235/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0235/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0235/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 74338-2025-149-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 16/2025 de 6 de junio, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por MM en representación de sus hijos menores de edad AA y BB contra Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; e, Isabel Fernández, Directora de la Defensoria de la Niñez y Adolecencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante en representación de sus hijos menores de edad AA y BB, por memorial presentado el 5 de junio de 2025, cursante de fs. 62 a 67, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de divorcio que interpuso, en virtud a una primera acción de amparo constitucional que presentó a nombre de sus hijos menores de edad, mediante Sentencia Complementaria 35/25 de 6 de enero de 2025, el Juez ahora accionado, dispuso la guarda exclusiva de sus tres hijos menores de edad en su favor y un régimen de visitas con relación al progenitor PP -hoy tercero interviniente-.

En ese contexto, presentó una denuncia penal en representación de uno de sus hijos menores de edad -BB- contra su progenitor ahora tercero interviniente, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, llegándose a disponer medidas de protección en favor de dicho menor de edad; por consiguiente, el 9 de diciembre de 2024, solicitó suspensión del régimen de visitas, siendo ilógico que el agresor frecuente a la víctima, dejando de lado la finalidad de dichas medidas.

Lo propio ocurrió en su caso, ante la denuncia penal formulada por el progenitor ahora tercero interviniente interpuso en su contra en representación de su hija mayor, en función a lo cual también su persona debe cumplir con las medidas de protección que se le impuso, lo que hace que pese a tener la guarda de la señalada menor de edad, no puede reclamar su rescate y que físicamente se encuentre a su lado. Luego de cinco meses de presentada la solicitud de suspensión de régimen de visitas, el Juez hoy accionado el 29 de mayo de 2025, fijó audiencia a efectos de atender la misma, considerando las medidas de protección que el progenitor hoy tercero interesado debe cumplir en favor de sus hijos, oportunidad en la que de forma irresponsable mediante decreto determinó un cuarto intermedio hasta el 26 de junio de dicho año, con la excusa de que necesitaba una entrevista reservada con sus dos hijos; por consiguiente, ante dicha irregularidad de manera oral planteó recurso de reposición; no obstante, el Juez ahora accionado indicó que no resolvería nada y que dicho recurso sea planteado por escrito; por lo que, el 3 de junio de igual año, presentó el respectivo memorial; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa el mencionado recurso no fue resuelto.

Esta ausencia de respuesta y sobre todo la no consideración de la suspensión del régimen de visitas del progenitor PP hacia sus hijos, generó un riesgo inminente en la vida e integridad física de los referidos menores, riesgo que se ve reforzado; puesto que, el nombrado acudió ante la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para hacer valer sus visitas, acudiendo a su domicilio dos sábados consecutivos, sin considerar que la señalada institución fue parte de la denuncia penal de violencia familiar o doméstica, conociendo de las medidas de protección que todavía se encuentran vigentes, así como de la nota mediante la cual se le informó sobre la solicitud de suspensión de visitas.

La medida de protección dispuesta contra el progenitor de sus hijos, radicó en la prohibición de agredir y/o intimidar por cualquier medio, o a través de terceras personas, a su hijo de diez años de edad -BB-, como a cualquier otro integrante de la familia, lo que denota de forma amplia que el agresor no puede compartir con la víctima, siendo ilógico cumplir un relacionamiento sin respetar las medidas de protección, aspecto que debe ser asimilado por el Juez ahora accionado.

A pesar de que la denuncia penal formulada de su parte en representación de su hijo menor de edad BB fue rechazada, dicha determinación fue objetada por su persona y por la DNA hoy coaccionada, aspecto que hace que tanto la denuncia como las medidas de protección, sigan vigentes en función a lo establecido en el art. 389 quater del Código de Procedimiento Penal (CPP), entendimiento reforzado a partir de la .

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