0238/2023-CA

1. a)De acuerdo al contenido de dicho artículo, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, de forma ilegal Reglamenta y/o Regula cuál es el procedimiento que el Ejecutivo Municipal deberá cumplir para efectuar los diferentes Procesos de Contratación, estableciendo su aprobación por Resolución Administrativa Municipal o Resolucion Autonómica Municipal, lo cual modifica totalmente el citado procedimiento, excediéndose en su rol fiscalizador para convertirse en "PARTE" del mismo, sin tener en cuenta que si un determinado proceso de contratación pueda ser posteriormente sometido a fiscalización, acontecería el absurdo de que el Concejo Municipal se fiscalice a sí mismo, por ello, resulta contrario a lo previsto por el art. 12 de la CPE, que establece la separación de poderes del Estado con la prohibición expresa de que sus funciones "No" deban estar reunidas en un solo órgano de poder, previsión que rige para los Gobiernos Autónomos Municipales, sobre la cual se funda el Estado Boliviano; y el art. 272 de la Ley Fundamental, prevé la forma de ejercicio de la autonomía, la cual se ejercerá a través de las facultades Legislativa, Reglamentaria, Fiscalizadora y Ejecutiva, complementada por el art. 283 de la Norma Suprema, en cuyo tenor establece cuál el rol de cada órgano de poder, disponiendo que el Concejo Municipal tendrá facultades Fiscalizadora, Legislativa y Deliberativa y al Ejecutivo Municipal las facultades Reglamentaria y Ejecutiva; sin embargo, aclara que la facultad Reglamentaria no se ejerce a discrecionalidad y arbitrariedad del Ejecutivo, sino que existen en todos los casos, normas y directrices de carácter general a las que debe someterse toda la reglamentación emanada del nivel central del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 175.I.2 y 3 de la CPE, en los que se prevé que serán los Ministros de Estado quienes emitirán normas destinadas a dirigir las Políticas Públicas y la gestión de la Administración Pública, situación totalmente inobservada por el Concejo Municipal;

1. b)La regulación de los procesos de contratación es una competencia concurrente a ser ejercida por el nivel central del Estado y el Ejecutivo Municipal y no así por el Concejo Municipal; empero, la modificación realizada por dicho ente deliberativo ha permitido que posteriormente puedan ampliar el entendimiento del aludido precepto legal impugnado, desglosando inclusive qué contratos deben ser aprobados con una Resolución, lo cual tiene implicancias negativas en la gestión municipal, advirtiéndose que no se observó o se incumplió lo dispuesto por el art. 175.I.2 y 3 de la Ley Fundamental, por cuanto es el nivel central el Órgano rector de las políticas públicas; contraviniendo lo dispuesto por los arts. 283 y 297.I.3 de la CPE;

1. c)La innovadora y absurda idea de que el Concejo Municipal tenga que aprobar determinados procesos de contratación, es un despropósito total, debido a que para el cumplimiento de la función ejecutora que tiene el Ejecutivo Municipal, se realiza con base a un Plan Operativo Anual (POA), en el que se planifica toda la actividad a realizar por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, presupuesto que anualmente es aprobado por dicho ente deliberativo, entonces requerir su aprobación a dicha instancia en un proceso de contratación es totalmente insulso;

1. d)En cuanto a las Leyes Municipales Autonómicas "304/2022 de 5 de enero de 2023", y 320/2023 de 8 de mayo, señala que en ambas se arrastra el error del texto contenido en el art. 11 cuestionado, al incluir la aprobación por parte del Concejo Municipal como una fase más de los procesos de contratación, cuando no tiene esa facultad; pues, se estaría consintiendo que el Ente Legislativo apruebe todos los contratos que tiene por suscribir el Ejecutivo Municipal, supeditando su competencia al mismo, convirtiéndolo en un Órgano Reglamentario y Ejecutor, burocratizando excesivamente el aparato estatal, lo cual es contrario a lo dispuesto por el art. 9 de la CPE; y,

1. e)Finalmente, alega que el Concejo Municipal en lugar de cumplir sus funciones de Órgano Deliberante, Legislador y Fiscalizador, busca una intromisión en la gestión del Ejecutivo, puesto que a partir de la Ley Municipal Autonómica 24/14, se han promulgado las aludidas Leyes Municipales "304/2022" y 320/2023, que agravan la nefasta actividad legislativa, ampliando la aplicación de la norma impugnada; cuando conforme prevé el art. 16 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), se requerirá la aprobación del Concejo Municipal en aquellos casos específicos donde la suscripción del contrato comprometa recursos o de alguna manera pueda tener un impacto significativo en el municipio y su población en general; por su parte, la DCP 0061/2018 de 29 de agosto, estableció que cuando una norma refiera que el Concejo Municipal aprobará contratos del Ejecutivo Municipal, esta deberá tener una aplicación excepcional y no debe ser una regla; evidenciándose que la norma municipal antes mencionada no está diseñada para regular o normar los procesos de contratación en general, pues estos deberán regirse a lo estipulado por el nivel central, conforme manda el art. 297.I de la CPE.

Solicita como medida cautelar invocando a la 0SCP 0664/2010-R de 19 de julio, que:

1. 1)No se aplique el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 o cualquier otra disposición legal que emerja de dicho artículo como ser las modificaciones realizadas por las Leyes "304/2022" y 320/2023;
2. 2)La no ejecución de determinados proyectos o programas, los que deben ser realizados previo proceso de contratación, puede lesionar derechos de la población, por ejemplo ante la no aprobación del aprovisionamiento de desayuno escolar, lesionaría indirectamente el derecho a la educación y a la salud de los niños; otra situación podría darse en caso de retraso o rechazo, que implicaría una afectación al calendario del Ejecutivo Municipal respecto de la ejecución del POA, y como consecuencia la pérdida de los recursos; y,
3. 3)El art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 y las otras dos leyes que amplían su aplicación, mas allá de ser inconstitucionales, burocratizan excesivamente los procesos de contratación, al incluir momentos y figuras no previstas en las normas generales establecidas por el nivel central como ser la necesidad de emisión de una Resolucion y peor aún que el Concejo Municipal pueda observar o rechazar, lo cual retrasa insulsamente la actividad administrativa.

Solicita:

1. i)Admitir la presente acción de inconstitucionalidad abstracta y en consecuencia disponer a la brevedad posible el sorteo de "Magistrado Relator" a la presente causa;
2. ii)Conceder la solicitud de medidas cautelares, ordenando la suspensión de la aplicación del artículo denunciado de inconstitucional, y de todas las leyes posteriores orientadas a su modificación o ampliación; y,
3. iii)Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Autonómica Municipal 24/14, por ser contrario a los "...arts. 9, 12 par. I, 175, 272, 283, 297.I y 410 par. II de la Constitución Política del Estado" (sic); y en consecuencia disponer su derogación del ordenamiento jurídico municipal, debiendo ocurrir lo mismo con las Leyes "304/2022" y 320/2023.