0238/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 38398-2021-77-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 182/2020 de 8 de diciembre, cursante de fs. 201 a 207, pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Janneth Flores Ticona contra Adrián Rubén Quelca Tarqui, Ministro de Educación; Aurea Balderrama Almendras, Viceministra de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación; Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación La Paz, Agustín Tarifa Camacho, Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 13 y 30 de octubre de 2020, cursante de fs. 79 a 86; y, 90 a 93, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es maestra normalista de formación en el nivel primario, con once años de experiencia, licenciada en ciencias de la educación, con diplomados en educación superior e interculturalidad, organización y administración pedagógica del aula; obtuvo la maestría de elaboración de proyectos educativos en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con formación Pregrado "PROFOCOM" y Postgrado; fue invitada a ocupar el cargo de "Directora Académica del Instituto Politécnico Superior Evo Morales Ayma y del Módulo Tecnológico" (sic), desde el 2 de septiembre de 2019, con el ítem 3013 y un salario fijo de Bs5 560.- (cinco mil quinientos sesenta bolivianos); funciones que iba desempeñando de manera eficiente; empero, lastimosamente a partir de febrero de 2020, de forma intempestiva y sin ninguna explicación la cesaron de sus funciones del mencionado cargo, por cierre del Instituto, situación injusta que afectó a su hija menor con siete meses de edad, por cuanto dejó de contar los respectivos subsidios que recibió hasta el mes de febrero de 2020, dejó de percibir sus salarios, afectando la garantía de la inamovilidad laboral que por ser madre progenitora le corresponde.

Por el advenimiento de la pandemia del Coronavirus (Covid-19) y la cuarentena rígida le complicaron acudir a una instancia de reclamo en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, no obstante presentó reclamos del injusto hecho acudiendo al Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, Dirección Departamental de Educación La Paz, Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, Subdirección Departamental de Educación La Paz en forma reiterada desde el 21 de julio, 5 y 11 de agosto de 2020 para que le restituyan a sus funciones; empero, fueron desoídos sus reclamos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, salud, vida y seguridad social, citando al efecto los arts. 15, 35, 45, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, en cuyo mérito se ordene la restitución a su fuente laboral, el pago de salarios devengados, la restitución del seguro en su favor y la de su hija, pago de los subsidios y costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 193 a 200, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Agustín Tarifa Camacho, Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, concurriendo a la audiencia virtual se adhirió al informe del Ministro de Educación, y por las responsabilidades que le corresponde cumplir, pidió permiso para retirarse.

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 3 de diciembre de 2021, cursante a fs. 221, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 27 de marzo de 2023, cursante a fs. 255; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Certificado de nacimiento expedido por la Oficialía 20105021, Libro LIBN-6, Partida 96, Folio 96 de El Alto del departamento de La Paz, se acredita que NN, nació el 12 de junio de 2019, teniendo como progenitores a Erick Omar Trujillo Callisaya y Erika Janneth Flores Ticona -ahora accionante- (fs. 65).

II.2. A través de Memorándum ME/VESFP/DGESTTLA 0333/2019 de 2 de septiembre, Edgar Pary Chambi, ex Director General de Educación Superior Técnico, Tecnológico, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, designa a Erika Janneth Flores Ticona -ahora accionante- al cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma, "y del Módulo Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto" (sic), a tiempo completo (fs. 6); Por Memorándum de Designación 022737 de 2 de septiembre de 2019, el mismo Director General de Educación Superior, designó a la prenombrada como Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del citado departamento, designación hasta el 31 de diciembre de 2019, sujeto a evaluación periódica (fs.5).

II.3. Cursa Certificado de Evaluación Cuantitativa de 16 de diciembre de 2019, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", por el cual se evidencia que la ahora accionante tiene un total de 50 puntos obtenidos (fs. 7); Consta CITE: REC/MTPEA 01/2020 de 7 de enero, dirigido a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", con la "Ref.: EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE", por la cual remite los resultados de la evaluación de desempeño al personal Directivo, Docente y Administrativo en la gestión 2019, entre los que se encuentra la impetrante de tutela -evaluación del desempeño 91% excelente- por lo que sugiere la ratificación del personal evaluado positivamente para la gestión de 2020; se advierte el sello de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz -fecha ilegible- (fs. 167 a 168).

II.4. Por Boleta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se evidencia que se abonó en la cuenta 10000008018885 del Banco Unión S.A. de la accionante, sumas liquidas por concepto de pago de haberes de septiembre de 2019 a enero de 2020, del sector servicio de educación pública en el cargo de Directora Académica, destacándose particularmente la boleta del mes de enero de 2020, en la suma liquida de Bs5 518.- (cinco mil quinientos dieciocho bolivianos) (fs. 60 a 64).

II.5. Se tiene Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020 de 14 de enero, emitido por Franz Iván Heredia Gómez, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, dirigido a Directores Departamentales de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se instruyó a dichas autoridades, la remisión de declaratorias en acefalias y convocatorias a compulsa respectivas de los cargos docentes y administrativos a través de la Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional por haber concluido los servicios profesionales del personal directivo, docente y administrativo de los Institutos Técnicos, Tecnológicos y de Formación Artística que fueron invitados hasta el 31 de diciembre de 2019, remisión a cumplirse a la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, hasta el 16 de enero de manera impostergable y comunicar a los profesionales que puedan presentarse a dichas compulsas, cumpliendo la convocatoria pública (fs. 175).

II.6. A través de Nota CITE: REC/MTPEA 05/2020 de 17 de enero, dirigida a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", con "Ref.: REMISION DE DECLARATORIA EN ACEFALIAS EN CUMPLIMIENTO AL INSTRUCTIVO IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020", remitió la declaratoria de acefalías y compulsa respectiva de los cargos de docentes y administrativos; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz de 17 de enero de 2020 (fs. 176 a 177).

II.7. Mediante Nota CITE: REC/MTPEA 14/2020 de 20 de febrero, dirigido a Jaqueline De la Barra Barrientos, ex Directora General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", solicitó la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del citado Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación, con fecha ilegible -febrero 2020- (fs. 169 a 170); Por Nota CITE: REC/MTPEA 15/2020 de 20 de febrero, dirigido a Walter Saúl Espinoza Torrico, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", solicita la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del referido Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunica la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la impetrante de tutela; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación de 26 de febrero de 2020 (fs. 171 a 171); A través de Nota CITE: REC/MTPEA 16/2020 de 20 de febrero, dirigida a Bertha Isabel Chuquimia Morales, Viceministra de Educación Regular del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo "El Alto", solicitó la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del señalado Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación de 26 de febrero de 2020 (fs. 173 a 174).

II.8. Por Memoriales presentados por la ahora accionante, respecto a su derecho a la inamovilidad laboral, ante diferentes instancias administrativas de educación como el: Ministerio de Educación (de 6 de marzo, 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional (de 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Dirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio de 2020), Subdirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020); y, Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020), pidió el respeto de su derecho a la inamovilidad laboral (fs. 35 a 58); en respuesta se tiene la Nota NE/VESFP/DGESTTLA 0504/2020 de 8 de septiembre, suscrita por Julio César Irahola Aguirre, ex Director General de Educación Superior Técnico, Tecnológico, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, refiriendo que los ítems de los módulos tecnológicos designados hasta 2019 fueron declarados en acefalia por el plazo cumplido, por lo que debió realizarse la compulsa para estos cargos en la gestión 2020, empero no llegó a realizarse por la suspensión de actividades escolares y posterior cierre del año escolar (fs. 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la inamovilidad laboral, a la salud, a la vida y a la seguridad social; toda vez que, en su calidad de maestra normalista con estudios de postgrado, fue invitada a ocupar el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, hasta finales de la gestión 2019, continuando al inicio de la gestión 2020, cuando su evaluación del desempeño tuvo resultado positivo para ser ratificada en el cargo; empero, las autoridades educativas demandadas, en febrero del citado año, la desvincularon a causa de haberse dispuesto el cierre del referido Instituto, sin respetar su garantía de inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año, quedando afectada ella y su hija.

La Constitución Política del Estado establece en el art. 129.II, que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna, por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional1; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos2.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta3. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial -verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional4. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual -razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado5.

III.1.1. El plazo de la inmediatez y la emergencia sanitaria (tiempos de pandemia) como causa de fuerza mayor

Es de conocimiento público que por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), que ha afectado a nivel internacional, se han adoptado medidas destinadas a evitar su propagación y contagio; entre esas medidas en nuestro país se emitieron disposiciones legales como el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, declarando cuarentena total en todo el territorio nacional, ampliado por los Decretos Supremos (DDSS) 4200 de 25 de marzo, 4214 de 4 de abril, 4229 de 29 de abril, hasta el 31 de mayo de igual año, lo que sin duda alguna a afectado el normal desarrollo de las actividades laborales en los diversos sectores de la economía, incluyendo los servicios públicos como el de la administración de justicia en todo el país de manera absoluta. Posteriormente, se establecieron cuarentenas condicionadas y dinámicas, mediante medidas dispuestas y cumplidas en municipios y/o departamentos, en base a las condiciones de riesgo determinados por el Ministerio de Salud como órgano rector.

En ese contexto, los Tribunales Departamentales de Justicia emitieron circulares para la efectiva realización del trabajo institucional y mantener las relaciones laborales armónicas y transparentes, según las características de riesgo (alto, medio o moderado) y con el fin de precautelar la salud y el bienestar del publico litigante y los servidores públicos judiciales, quedando suspendido por esas circunstancias -declaratoria de cuarentena total en todo el territorio nacional- el computo de los plazos procesales, incluyendo el plazo de presentación de las acciones de amparo constitucional, de acuerdo a las determinaciones establecidas en el lugar donde se interponga las acciones de defensa, según describe el AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre6.

Atenta a las circunstancias de la emergencia sanitaria mundial la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Declaración denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", signado con el 1/20 de 9 de abril de 2020, con el fin de instar a que la adopción e implementación de medidas de seguridad sanitaria, se efectué en el marco del Estado de Derecho y el pleno respecto de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia, haciendo énfasis en ese sentido, la garantía de los derechos, entre otros, el acceso a la justicia.

En sintonía con dichas consideraciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 1/2020 de 10 de abril, en cuya parte resolutiva emitió recomendaciones expresando que el derecho internacional impone una serie de requisitos -legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad- para evitar de que medidas como el estado de excepción o emergencia sean usadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, causantes de violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno, aún en casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos7; en ese entendido, toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos debe cumplir con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos8. En ese marco de recomendaciones expresa:

"24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal" (el resaltado es ilustrativo).

En el contexto de las circunstancias anotadas, el AC 0172/2020-RCA, citado en líneas precedentes, concluye que:

"...cuando las circunstancias lo ameriten el principio de inmediatez cede en resguardo al acceso a la justicia constitucional, más aun cuando se presente un suceso de fuerza mayor, que debe ser considerado bajo el principio de verdad material, como es la declaratoria de cuarentena total a causa de una pandemia, lo que sin duda evita el normal desenvolvimiento de los habitantes de un determinado lugar..." (las negrillas son añadidas).

La misma jurisprudencia constitucional establece expresamente la flexibilización del principio de inmediatez por causa de fuerza mayor como la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, que debe ser considerada solo a efectos de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular quien no pudo acceder a la justicia constitucional, en el periodo de cuarentena total, extensible para aquellas suspensiones de plazo emanadas de los Tribunales Departamentales de Justicia, por la misma causa de la emergencia sanitaria9; un entendimiento contrario implicaría no solo la aplicación rígida del plazo de la inmediatez en el contexto de la emergencia sanitaria, sino, el desconocimiento de la suspensión de plazos procesales acordadas e instruidas por los Tribunales del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional y de hecho la suspensión de derechos fundamentales que no condice con el principio pro actione que tiende a garantizar a toda persona, el acceso a los recursos y medios, eliminando todos rigorismos o formalismos excesivos que impide obtener un pronunciamiento de la jurisdicción constitucional10, en el contexto de las circunstancias excepcionales anotadas por la emergencia sanitaria.

Ahora bien, a efectos de dicho cómputo para la inmediatez, tomando en cuenta que, luego de la cuarentena rígida en el país, se dispuso la cuarentena diferenciada según el grado de riesgo de cada municipio, los distintos Tribunales Departamentales de Justicia de Bolivia fueron emitiendo circulares para retornar a las labores jurisdiccionales; es así que, en el caso particular del departamento de La Paz el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha manifestado a través del Auto Constitucional 0114/2021-RCA de 30 de junio determinó que:

"...se determinó la suspensión del plazo de los seis meses por el periodo comprendido del 22 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, y las Circulares e Instructivos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia, teniendo presente que en el departamento de La Paz, mediante Circular 17/2020-SP-TDJ-LP se determinó expresamente la reanudación de los plazos procesales en las cuatro Salas Constitucionales, a partir del 15 de junio de 2020, medida que ya fue asumida en el AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre, para el cómputo de la inmediatez. En consecuencia, se concluye que desde el 22 de marzo hasta su reanudación -15 de junio de 2020-, transcurrieron dos meses y veintitrés días, término de suspensión que no debe ser computado, a efecto de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular, quien no pudo acceder a la justicia constitucional y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia" (las negrillas nos corresponden).

De lo referido precedentemente, el computo del plazo de la inmediatez fue interrumpido desde el 22 de marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid-19 y en caso particular del departamento de La Paz los plazos fueron reanudados a partir del 15 de junio de 2020 mediante Circular 17/2020-SP-TDJ-LP de igual fecha y año, transcurriendo dos meses y veintitrés días que no deben ser considerados para el respectivo cómputo.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo

El orden constitucional establecido en la Norma Suprema aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI:

"Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad" (las negrillas son añadidas).

En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida11.

En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, señaló que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger.12

En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:

"...En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor..." (el resaltado es añadido).

Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la 0SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló expresamente:

"...por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley..." (las negrillas son añadidas).

El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada 0SC 505/00-R, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente13. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la 0SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:

"Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación" (el resaltado es ilustrativo).

La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio y SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras.

Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto14, la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional15; garantía constitucional que fue entendida en el sentido más amplio en la jurisprudencia constitucional, en ese entendido incluyó a los servidores públicos de libre nombramiento, dadas sus características especiales en las que se encuentran como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, permitiendo que se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, en aplicación del principio constitucional pro homine16. Por otra parte es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE.

III.3. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones de defensa y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones de defensa contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé los arts. 115.I de la Norma Suprema, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la 0SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente

Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como "Derechos a la tutela judicial efectiva", manifestó que:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley" (el resaltado y subrayado nos corresponde).

De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre17; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones de defensa, el art. 203 de la CPE prevé que "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno" (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre18, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre19, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios.

En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-