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TCP

0239/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de octubre de 2019
Resumen del caso

Auto 0239/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0239/2019-CA Sucre, 2 de octubre de 2019

Expediente: 30950-2019-62-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Beni

En consulta, la Resolución de 23 de agosto de 2019, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Heber Luis Lamas Cuarita, Asesor Legal; Ana María Pérez Gutiérrez, Responsable de Procesos Judiciales; Mirtha Rafael Juaniquina, Responsable Jurídico; César Lalo Márquez Paredes, Analista Jurídico; y, Mónica Deysi Saavedra Borda, Técnico Legal, todos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), en representación legal de su Gerente General, Eugenio Rojas Apaza, demandando la inconstitucionalidad del art. 74 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por ser supuestamente contrario a los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 30 de julio de 2019, cursante de fs. 1 a 7, los representantes del accionante manifiestan que, dentro del proceso laboral de reincorporación y pago de beneficios sociales iniciado el 19 de enero de 2018, por Denar Mauricio Parada Paz contra EMAPA, formularon respuesta a la demanda el 26 de abril del mismo año, fijando como domicilio procesal la ciudad de Trinidad del departamento de Beni; no obstante, al momento de ofrecer prueba de descargo señalaron como domicilio procesal la "ciudad de La Paz", habiendo dispuesto el Juez de la causa, mediante providencia de 21 de agosto de dicho año: '"No ha lugar, ya que se encuentra fuera de la distancia establecida por Ley, por lo que se fija la secretaria de este juzgado como domicilio procesal de la parte demandada de conformidad al artículo 74 del Código Procesal del Trabajo"' (sic), omitiendo la enunciación de domicilio inserta en el primer memorial, por lo que emitida la Sentencia 022/2019 de 27 de marzo, fueron notificados en la Secretaría del Juzgado el 29 de citado mes y año, vulnerando el derecho al debido proceso que busca garantizar que todo juicio se desarrolle dentro de las normas establecidas, correspondiendo a las autoridades judiciales velar que todas las notificaciones cumplan con la finalidad de poner en conocimiento de las partes una decisión asumida; en el caso, la autoridad judicial no verificó si EMAPA tomó conocimiento de la resolución definitiva pronunciada, ya que aplicando el artículo cuestionado, indicó como domicilio la Secretaría del Juzgado, cuando esa decisión debió ser notificada en el domicilio procesal señalado.

Sobre el derecho a la impugnación, indica que el mismo está desarrollado en la normativa boliviana, así, el Código Procesal Civil establece al recurso de reposición como un medio de impugnación judicial que procede contra las providencias y autos interlocutorios con el objeto de que la autoridad judicial advertida de su error, lo modifique, lo deje sin efecto o anule conforme prevé el art. 253, determinación que es complementada con el art. 254 de la misma norma adjetiva civil, disposiciones que de acuerdo con el art. 252 del CPT, se aplican de manera supletoria a los procesos laborales al no prever dicho cuerpo legal, un medio de impugnación contra las providencias y autos interlocutorios, haciendo notar que por su data, no responde a los principios desarrollados en la actual Ley Fundamental que por previsión de su art. 410, debe aplicarse con preferencia sobre cualquier disposición, estando adecuada a la Ley General del Trabajo de 8 de diciembre de 1942, por lo que puntualiza:

  1. a)Si bien es evidente la supletoriedad, la norma procesal laboral debía contener en su fuero interno autonomía de aplicación, para no depender de preceptos externos;
  2. b)Las remisiones son realizadas en relación al derogado Código de Procedimiento Civil, denotándose la obligación de remoción del articulado adjetivo laboral no solo respecto de la Constitución Política del Estado sino del vigente Código Procesal Civil;
  3. c)Debió observarse el art. 7 del CPT, ante la "...aplicación incorrecta de una norma inconstitucional..." (sic), ya que los magistrados y jueces no pueden dictar reglas o disposiciones de carácter general interpretando leyes aplicables a juicios sociales;
  4. d)De acuerdo con el art. 203 del CPT, la sentencia será notificada primero a la parte afectada por el fallo, para que pueda hacer uso de los recursos que franquea la ley; y,
  5. e)El domicilio de las personas jurídicas como EMAPA, no se encuentra bajo la regulación del artículo cuestionado, ya que su señalamiento en la Secretaría del Juzgado es contrario al art. 115.II de la CPE, impidiendo que se tome conocimiento de lo resuelto para interponer dentro de plazo los recursos previstos, en el ejercicio del derecho a la defensa y lealtad procesal que no fueron considerados, pues la sentencia debió ser notificada de manera personal.

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