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TCP

0239/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0239/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 26057-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 595/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 96 a 99 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Dayli Flores Barrón contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales del Tribunal Departamental de Justicia; Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Alex Gustavo Rengel Patzi y Próspero Franz Segovia García, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero todos del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20, 26 y 28 todos de septiembre de 2018, cursantes de fs. 43 a 48, 54 y vta.; y, 56 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante la "investigación" dirigida por Irma Armella Cardozo, Fiscal de Materia, fue víctima de todo tipo de vulneraciones y atropellos respecto a sus garantías constitucionales, abusos que denunció sistemáticamente, en varios memoriales e incluso planteó impugnación ante el "Fiscal de Distrito"; sin embargo, la referida autoridad avaló el actuar de la Fiscal asignada al caso, situación que la llevó a poner en conocimiento de este extremo a la "Juez cautelar" la cual solicitó un informe a la indicada Fiscal que fue presentado después de meses, no sin antes imputarla formalmente.

El 24 de noviembre de 2017, interpuso incidente de corrección procesal por defecto absoluto ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca -proceso penal NUREJ 201603645 FIS 1602813-; empero, dicho Tribunal mediante decreto de 28 de noviembre de ese año, no dio curso a su pedido por el principio de preclusión de etapas procesales, pese a haber demostrado todas las vulneraciones sufridas y reclamadas, legalizando de esa manera las lesiones a sus garantías constitucionales como el debido proceso, presunción de inocencia e igualdad de partes, sin tomar en cuenta que, el art. 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que las autoridades están obligadas a velar por el cumplimiento de la Norma Suprema como también los derechos humanos plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, proveído contra el cual planteó apelación incidental que fue rechazado in límine por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia citado, con el argumento de no estar comprendido dentro del catálogo contenido en el art. 403 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Añade que, se vulneraron sus "derechos constitucionales y derechos humanos" debido a que la representante del Ministerio Público designó como perito a una "Psicóloga forense", sin tomar en cuenta que dicha profesional no es idónea para practicar pericias psiquiátricas y ante el ofrecimiento de un perito de parte la referida autoridad Fiscal se negó dar curso a su solicitud sin ningún tipo de fundamentación legal; y, finalmente porque tampoco dio viabilidad a su otro petitorio relativo a que el psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Serrano aclare los puntos solicitados en el "memorial"; además, de otros reclamos impetrados en torno al señalado documento.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

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