0240/2021-S1

Elizeth Mireya Antezana Vera, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 13 de agosto de 2020, cursante de fs. 23 a 24, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, de acuerdo a los siguientes argumentos:

1. a)Por escrito de 23 de junio de 2020, los acusados solicitaron cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.3 del CPP, misma que mereció Resolución de 25 de igual mes y año, que fue puesto en conocimiento de las partes, a fin de que se responda dentro de las cuarenta y ocho horas de su legal notificación, evidenciándose que las diligencias correspondientes se llevaron a cabo el 20 y 21 de julio de referido año, aclarando que se ingresó nuevamente en cuarentena rígida desde el 29 de junio hasta el 19 de julio de mencionado año, inclusive reanudando actividades el 20 de igual mes y año, tiempo en el cual se determinó la suspensión de los plazos procesales; asimismo, se evidencia que el proceso pasó a despacho para Resolución por Secretaría el 29 de julio de igual año y se emitió la Resolución el 30 de mismo mes y año, conforme se evidencia de actuados;
2. b)Por escrito de 23 de julio de 2020, los acusados solicitaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, el mismo que fue pasado a despacho para Resolución el 27 de igual mes y año, emitiéndose en esa fecha la misma;
3. c)La pandemia que se vive generó inicialmente, a través de un Decreto Presidencial, una cuarentena rígida desde el 20 de marzo al 1 de junio de 2020; fue así que, el Tribunal Supremo de Justicia, así como el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitieron varios instructivos sobre la modalidad de trabajo que estaban encaminadas a establecer cuáles son los casos en los que debían sustanciarse las solicitudes de modificación o cesación de las medidas cautelares de carácter personal, determinación que fue asumida en base a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); posteriormente, se emitió el Instructivo 05/2020 de 12 de junio de 2020, que determina la reactivación de las actividades judiciales bajo las modalidades de trabajo presencial y teletrabajo, desde el 15 de igual mes y año, mismas que, se efectuaron durante dos semanas hasta el 26 de citado mes y año, ello debido a la situación de riesgo alto que atravesaba la ciudad de Cochabamba que nuevamente por determinación del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se retornó a la cuarentena rígida desde el 29 de junio al 10 de julio de 2020, en ese mérito se emitió el Instructivo 06/2020 de 28 de junio, que en su punto segundo señaló la suspensión de plazos al amparo del art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- desde el sábado 27 de igual mes y año hasta el lunes 13 de julio del mismo año, en todas las materias hasta nueva disposición; y,
4. d)El 12 de julio de 2020, se emitió el Instructivo 07/2020 por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que determinó mantener desde el 13 de igual mes y año hasta nueva disposición de plazos procesales en los Municipios de riesgo alto, que guarda relación con el Reglamento de Establecimiento de Directrices para la continuidad de labores en el Órgano Judicial que emitió el Tribunal Supremo de Justica el 29 de junio de 2010; de todo lo cual, resulta que los extremos alegados por la parte accionante en esta acción de defensa no tienen ningún mérito, pues la resolución cuestionada respecto a la cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.3 del CPP, fue resuelta por la Jueza que suscribe el presente informe, dentro del plazo que establece la norma; ahora bien, del informe adjunto de la Secretaria de ese Tribunal de Sentencia, en sentido de que remitió el proceso penal contra los ahora peticionantes de tutela al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mencionado departamento a fin de la suscripción de la firma de los Jueces, ello fue en razón a la acefalía que existe en este Tribunal de dos Jueces conforme al art. 52 de la Ley 1173 -, evidenciándose que, recién se devolvió el proceso firmado el día previo a este informe, igualmente se evidencia que se emitió resolución respecto al segundo escrito de solicitud de medias cautelares a la detención preventiva de 23 de julio de 2020, en la misma fecha que el proceso fue transferido para resolución de 27 de igual mes y año; asimismo, se hizo conocer la ausencia de la auxiliar en razón a que la nombrada se halla en gestación de ocho meses y debido a la situación de riesgo alto por la pandemia la única persona a cargo de Secretaría era la Secretaria del referido Tribunal.

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 13 de agosto de 2020, cursante de fs. 26 a 31, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, en el día se proceda a la notificación con el Auto de 30 de julio del mismo año, como respuesta a la solicitud de 24 de junio de referido año, sin costas y bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De acuerdo a las Sentencias Constitucionales 0667/2010-R de 19 de julio y 1245/2010 de 13 de septiembre, solo los actos procesales que tienen estricta relación con los derechos a la libertad personal o de locomoción, y a la vida, por ser la causa directa para su restricción o supresión y/o que hayan causado indefensión absoluta podrán ser atendidos dentro de la acción de libertad;
2. 2)En ese mérito, ante la problemática que se plantea en el presente caso, también corresponde hacer referencia a los lineamientos que estableció el Tribunal Constitucional en relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a través de la SC 1558/2011 de 11 de octubre, entre otras;
3. 3)El Juez en el ejercicio del control jurisdiccional de las causas, se constituye en un Juez de garantías, encargado del efectivo cumplimiento del debido proceso, de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, con la obligación de atender las peticiones de las partes, pronunciar sus resoluciones y realizar todos los actos del proceso dentro de los plazos previstos en el Código de Procedimiento Penal, en observancia de las previsiones contenidas en la normativa penal, máxime cuando su petición se trata de circunstancias ligadas a su libertad, a objeto de materializar los principios fundamentales que rigen la jurisdicción ordinaria por imperio de los arts. 178.I y 180.I de la CPE;
4. 4)De la revisión de antecedentes remitidos a horas 11:05; se tiene que, evidentemente los ahora accionantes presentaron un escrito el 24 de junio de 2020, solicitando la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.3 del CPP, que por su naturaleza mereció un tratamiento escrito; por lo que, fue corrido en traslado a las partes; empero, no fue respondido y se pasó a despacho el escrito para Resolución el 29 de igual mes y año;
5. 5)Cursa el escrito de 23 de julio de 2020, en el que solicitaron medidas sustitutivas a la detención preventiva;
6. 6)De acuerdo al Instructivo 07/2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia, regía la cuarentena rígida con suspensión de plazos procesales del 29 de junio al 13 de julio del mismo año y que fue extendida hasta el 19 julio de referido año siguiente; posteriormente, por Instructivo 08/2020, a partir del 20 de citado mes y año se disponía la continuidad de las labores judiciales y la reanudación de plazos procesales, lo que hace entrever que la solicitud de 24 de junio de mencionado año pasó a despacho -según nota inscrita allí- el 29 de dicho mes y año, advirtiéndose que fue respondido mediante Resolución de 30 de julio de ese año; asimismo, se tiene la providencia de 27 igual mes y año, como respuesta al escrito de 23 de mismo mes y año; también se advierte que, según el informe presentado por la Presidenta ahora demandada, se conformó Tribunal con los Jueces de su similar Séptimo, y por su parte, a través de informe de la Secretaria del referido Tribunal, se conoce que el proceso fue remitido el 4 de agosto de 2020 ante dicho Tribunal paralelo para las respectivas firmas de la Resolución, habiendo sido devuelto el 12 de mismo mes y año;
7. 7)Si bien existe un estado de emergencia sanitaria que se está atravesando, por la pandemia del COVID-19, se emitieron Circulares 04/2020, 05/202 y 06/2020, por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se instruyó "'...que las autoridades judiciales dentro sus atribuciones y competencias, deben atender y resolver las solicitudes de imposición, modificación o cesación de medidas cautelares de carácter personal, así como las cuestiones colaterales como fianzas, garantías, etc. Todo ello vinculado exclusivamente al derecho de libertad de locomoción, asimismo, atenderán y resolverán cualquier otro procedimiento que tenga que ver con este derecho...'" (sic);
8. 8)Con relación a la solicitud de 24 de junio de 2020 de los ahora peticionantes de tutela, no se obro con celeridad oportuna, por cuanto existe una demora en la emisión de la Resolución; ya que, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; señaló que, por la naturaleza de ese tipo de solicitudes deben resolverse las mismas en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sumado a ello, esa Ley tiene el objeto de procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, aspecto que no corre en el presente caso, además la Secretaria en su informe refirió que, vencido el plazo de cuarenta y ocho horas, el expediente fue pasado a despacho, a fin de que se emita resolución, si bien se dictó la misma el 30 de julio de 2020, mediante su única titular, la Presidenta ahora demandada, al existir acefalía de los otros dos Jueces técnicos, se debe considerar la amplia jurisprudencia entre ellas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0463/2018⁴ y 0776/2018⁴, la cual estableció que las acefalías no son un justificativo para no emitir las resoluciones dentro de los plazos exigidos por ley, más aun si se trata de aspectos ligados al derecho a la libertad, "circunstancias que contravienen el principio de celeridad" (sic), la cual rige a la jurisdicción ordinaria por imperio de los arts. 178. I y 180.I de la CPE y la respectiva jurisprudencia constitucional emitida al efecto; y,
9. 9)En consecuencia, se advierte que no se cumplió con la celeridad exigible, pues a la fecha los ahora impetrantes de tutela desconocen la respuesta a su solicitud presentada el 24 de junio de 2020; con respecto a la solicitud presentada el 23 de julio de ese año, cursa el proveído de 27 de igual mes y año, que se halla dentro del plazo legal.

II.1. Por memorial presentado el 24 de junio de 2020 por los ahora accionantes dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, donde solicitaron cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.3 del CPP, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Las medidas cautelares son provisionales;
2. ii)Desde el inicio del proceso penal referido se encuentran detenidos preventivamente, nunca obstaculizaron el proceso ni se dieron a la fuga, estuvieron presentes en todos los actos procesales; por lo que, la demora judicial no les es atribuible;
3. iii)Solicitan cesación a la detención preventiva; ya que, la pena mínima del delito por el cual se los juzga excede a la detención preventiva;
4. iv)No pueden estar detenidos sin existir sentencia ejecutoriada, pues de lo contrario implicaría cumplir una pena anticipada sin ser culpables;
5. v)El presunto delito por el que se los juzga es robo agravado, cuya pena es de tres a diez años de privación de libertad, mientras que su detención ya excede los cuatro años; es decir que, su caso se acomoda a la revisión del art. 239.3 del CPP que establece: "Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se le juzga" (sic); asimismo, dicha norma prevé que la Resolución que debe emitirse es de puro derecho, sin la necesidad de alguna audiencia, sino resolver el Juez de forma directa, previa notificación a las partes y sea con o sin respuesta alguna de ellas; por otro lado, se hallan en riesgo alto por el COVID-19; y,
6. vi)A efectos de concederles la libertad solicitan que la misma sea con las medidas menos gravosas y que no sean de imposible cumplimiento; también refirieron que, se debió considerar su situación social precaria, que precisamente por esa razón ya no volvieron a solicitar otra audiencia de cesación a la detención preventiva, pues no tienen recursos para su tramitación (fs. 11 a 12).

II.5. Dicho Memorial fue atendido por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandados-, con la suscripción de la Presidenta y del Juez Técnico de su similar Séptimo, mediante decreto de 27 de julio de 2020, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Es necesario dejar en claro que, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en su Disposición Décima Segunda, establece que se debe efectuar por los Tribunales y Juzgados Penales las conminatorias sobre la necesidad de mantener la detención preventiva y una vez cumplido el plazo, resolver en una audiencia lo que corresponda; posteriormente, la Sala Plena emitió el Acuerdo 01/2020 de 18 de marzo, a través del cual, se emitieron criterios de interpretación del art. 233 del CPP y la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley antes mencionada, en ese mérito se estableció que dicha norma debe ser aplicada en la etapa preparatoria; por lo que, en las etapas de juicio oral y ejecución de sentencia, las peticiones deberán efectuarse y sujetarse al trámite inserto en el art. 239.3 y 4 del CPP; y,
2. b)En el caso presente, tomando en cuenta dicho acuerdo que fue emitido posteriormente a la emisión de la Resolución de 10 de marzo de 2020, corresponde aplicar el mismo y en todo caso la parte accionante deberá readecuar su pretensión a dicho acuerdo (fs. 18).

II.6. Por Auto de 30 de julio de 2020, emitido por el Tribunal ahora demandado, con la suscripción de la Presidenta y los Jueces Técnicos de su similar Séptimo, resolviéndose la solicitud planteada mediante memorial presentado el 23 de junio de 2020 de cesación a la detención preventiva de los ahora peticionantes de tutela, declarando la improcedencia de la referida solicitud, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Citó la SC 0956/2010-R de 17 de agosto que señaló: De una interpretación del art. 239.2 y 3 del CPP así como de acuerdo a los parámetros internacionales; se tiene que, la detención preventiva no puede exceder los plazos establecidos en dicha normativa y por lo mismo, las autoridades jurisdiccionales deberán disponer la inmediata cesación a la detención preventiva de los imputados sujetos a esta medida por el simple transcurso del tiempo, verificando solo que la mora no sea atribuible a actos dilatorios de los imputados y adoptando las medidas establecidas en el art. 240 de la norma adjetiva penal, siempre que sean adecuadas para garantizar la presencia del imputado, mientras dure la tramitación del proceso, de modo que la cesación a la detención preventiva por el transcurso del tiempo no implica que la autoridad judicial disponga libertad irrestricta del encausado, más al contrario, significa cumplir con los estándares exigidos dentro de un Estado constitucional de Derecho y observar la propia naturaleza de las medidas cautelares;
2. 2)De antecedentes del caso; se tiene que, por Resolución de 15 de noviembre de 2016, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, determinó la detención preventiva de los acusados, por considerar la concurrencia de la probabilidad de autoría, así como de los riesgos de fuga y obstaculización; posteriormente, esa probabilidad de autoría fue confirmada pues los Jueces que conformaban el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, el 28 de mayo de 2018 dictaron sentencia condenatoria en su contra, imponiéndoles la pena de seis años de reclusión;
3. 3)Cursa informe de la Secretaria de referido Tribunal de 9 de marzo de 2020; mediante el cual, puso en conocimiento la existencia del presente proceso penal, así como del cuadernillo cautelar; por lo que, se emitió la Resolución de 10 de igual mes y año, a efectos de regularizar el mismo, viabilizando la falta de diligencia de notificación de la víctima, Adolfo David Ledezma Díaz, con la referida Sentencia mediante orden instruida; y,
4. 4)La defensa no cumplió con la carga probatoria que era de su obligación, para demostrar que no existían actos dilatorios atribuibles a los acusados, pues no se cuenta con los actuados necesarios para establecer de manera objetiva la pretensión del solicitante; asimismo, resulta necesario establecer que el alcance y fin que tiene la cesación de la detención preventiva, en el sentido de que la carga de la prueba corresponde a la defensa, pues debe acreditar que los actos dilatorios no le son atribuibles; asimismo, le correspondía demostrar que la demora en el transcurso de la vigencia de la medida cautelar no le resultaba atribuible (fs. 19 a 20).

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad personal, y así como al principio de celeridad; por lo que, dentro del proceso penal seguido en su contra en calidad de detenidos preventivos por la presunta comisión del delito de robo agravado, ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandados-; refieren que:

1. i)Presentaron un primer memorial el 24 de junio de 2020, solicitando la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.3 del CPP, el cual no fue resuelto hasta el momento por las autoridades ahora demandadas; y,
2. ii)Tampoco les fue respondido el segundo memorial, que data del 23 de julio del mismo año; mediante el cual, solicitaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, en cumplimiento de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se abordarán los siguientes ejes temáticos:

1. a)El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución;
2. b)La acción de libertad traslativa o de pronto despacho;
3. b.1)Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho;
4. c)Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad;
5. d)Vigencia plena de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia en Bolivia; y,
6. e)Análisis del caso concreto.