0240/2022-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se determine la nulidad:

1. a)Del decreto de 30 de diciembre de 2020, y en consecuencia, el actual Fiscal Departamental Policial de Oruro coaccionado dé curso al trámite previsto para la impugnación a la Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados de 15 de igual mes y año;
2. b)Del decreto de 3 de noviembre de ese año, que aceptó la solicitud de ampliación de la investigación efectuada en la misma fecha;
3. c)Del requerimiento de ampliación de investigación de 16 del indicado mes y año; y,
4. d)En audiencia solicitó el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. 1)En el informe del ex Fiscal Departamental Policial hoy accionado, se indicó que no se identificó ningún agravio contenido en la Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados; sin embargo, la impugnación presentada por su persona fue rechazada por decreto de 30 de diciembre de 2020, alegando su falta de legitimación activa, vulnerando de esa manera su derecho a la impugnación que se encuentra reconocido en el art. 180 de la CPE;
2. 2)En el informe del actual Fiscal Departamental Policial ahora coaccionado, se señaló que únicamente el Comandante Departamental de la Policía -se entiende de Oruro-, el Comandante de la Unidad y el denunciante tienen derecho a impugnar la resolución de rechazo de denuncia, lo que resulta contrario a una interpretación gramatical del art. 71 de la LRDPB; asimismo, cuando existen actos que vulneran derechos y garantías constitucionales y que afecten el debido proceso, esos no pueden ser convalidados; en consecuencia, no debe considerarse lo expresado por dicho funcionario policial hoy coaccionado en sentido que el proceso administrativo disciplinario estaría en etapa de juicio oral en el que puede ejercer su derecho a la defensa;
3. 3)Identificó como derecho vulnerado también el de petición, al no responderse la reiteración de su reclamo contra la segunda ampliación de la investigación;
4. 4)De acuerdo con las notificaciones de los decretos impugnados, interpuso la presente acción tutelar dentro del plazo establecido por ley, cumpliendo con el principio de inmediatez, sin tenerse otro medio de impugnación citado en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que pueda formular, cumpliendo así con el principio de subsidiariedad. Además, invocó el caso seguido por Marcelo Joao Gutiérrez Encinas contra una resolución dictada por el ex Fiscal Departamental Policial, que también rechazó su derecho a la impugnación en los mismos términos;
5. 5)No puede señalarse que el derecho a la impugnación solo sea para procesos judiciales; toda vez que, está reconocido en el art. 102 de la CPE y por la misma jurisprudencia constitucional;
6. 6)Respecto a que no aportó prueba, no resulta evidente; puesto que, adjuntó un memorial en el que hizo conocer al ex Fiscal Departamental Policial hoy accionado la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, y en respuesta a ese memorial el ex Fiscal Departamental Policial en suplencia legal ahora coaccionado mantuvo incólume la segunda ampliación de la investigación; en ese sentido, en la audiencia de la acción tutelar manifestó que para dicha ampliación, que duró cincuenta días, se consideró la existencia de dos involucrados, cuando la propia normativa interna determina que la ampliación no puede pasar de los veinticinco días, y "...no es posible (...) decir (...) que la denunciada en el proceso no tenga derecho a la impugnación..." (sic);
7. 7)Pide que se imponga el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia; y,
8. 8)Fue procesada por supuesta negligencia en sus funciones vinculadas a una acción de libertad que se encuentra aún en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Edson Antonio Claure Mora, ex Fiscal Departamental Policial de Oruro, mediante informe escrito cursante de fs. 438 a 440, manifestó que:

1. i)La accionante indicó que la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana no debe estar supeditada a una norma inferior como un reglamento interno u otra similar, transcribiendo el art. 18 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana. En ese sentido, tal agravio debe ser tutelado a través de una acción de control normativo y no mediante la acción de amparo constitucional debido a su naturaleza jurídica;
2. ii)Respecto a la legitimación activa reconocida en la citada Ley, para la interposición del recurso de impugnación de resoluciones de rechazo de denuncia y la aplicación del art. 71 de esa misma Ley, el impugnante debe establecer la correspondencia directa entre el recurso y el derecho alegado, acreditando la existencia del agravio personal y directo a sus derechos con el rechazo de denuncia; aspecto que no fue demostrado por la accionante; y,
3. iii)No se vulneró el principio de impugnación ni los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, más aún cuando según el entendimiento del AC 0019/2012 de 24 de abril, la presente acción de defensa no es una instancia casacional que integre las vías legales de impugnación, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

Adet Never Cabrera Garamendi, actual Fiscal Departamental Policial de Oruro, mediante informe escrito cursante de fs. 435 a 436 vta., así como en audiencia, manifestó que:

1. a)Conforme al decreto de 30 de diciembre de 2020, que fue emitido de acuerdo a las disposiciones de la Policía Boliviana, el Comandante Departamental de la Policía, el Comandante de la Unidad y el denunciante, son las personas que tienen derecho a la impugnación -se entiende a la resolución de rechazo de denuncia-, no así la accionante que se encontraba en calidad de acusada;
2. b)En cuanto a la falta de fundamentación del requerimiento de ampliación de investigación, se debe observar que el 16 de noviembre de igual año, se cumplió con lo determinado por el art. 18 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana;
3. c)La accionante denunció la ausencia de fundamentación y motivación de las resoluciones y la restricción del derecho a la impugnación; en ese sentido, los requerimientos no son objeto de impugnación, y la ampliación de la investigación está debidamente fundamentada; por lo que, no resulta cierta las aseveraciones de la nombrada; toda vez que, de la documental adjuntada al proceso se advirtió el cumplimiento de la normativa legal, es así que la impetrante de tutela no tiene facultad para impugnar una resolución de rechazo de denuncia, ya que no acreditó de qué manera le causó perjuicio, tampoco se demostró aquello en la acción de amparo constitucional;
4. d)La peticionante de tutela no cuenta con ninguna sanción de acuerdo a los antecedentes del sistema disciplinario, al contrario, el caso está en etapa de juicio oral, prestando sus servicios de forma normal, percibiendo su haber mensual conforme a las planillas y la lista de revista elaboradas por las Direcciones Nacionales de Personal y Administrativo del Comando General de la Policía Boliviana, gozando de todos los beneficios sociales;
5. e)La accionante desempeña funciones en el módulo "Las Pampitas" de la Estación Policial Integral (EPI) 2 dependiente del Comando Departamental de la Policía Boliviana de Oruro, ocupando el cargo de Sargento Primero, encontrándose en servicio activo, desvirtuándose la vulneración de sus derechos fundamentales;
6. f)La impetrante de tutela alegó la lesión del derecho a la impugnación; empero, el caso se dilucida por la vía administrativa y no por la penal;
7. g)Refirió que fue sometida a una investigación por la presunta comisión de una falta grave, que según el art. 67 de la LRDPB debe durar quince días, entonces, al solicitar el Fiscal Policial hoy coaccionado la ampliación por el plazo de diez días, se dispuso concederle por veinticinco días, tiempo en el cual el señalado Fiscal Policial tuvo conocimiento de nuevos elementos de convicción contra el ahora tercero interesado, actuándose conforme a lo determinado por el art. 18 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, y una vez concluida la notificación a los investigados con el nuevo requerimiento de inicio de investigación correría el plazo previsto por el art. 67 de la LRDPB; consecuentemente, no es correcto lo manifestado por la peticionante de tutela sobre el incumplimiento de dichos preceptos;
8. h)Durante el periodo de ampliación de la investigación, la accionante pudo presentar pruebas, descargar o desvirtuar los indicios de la denuncia contra su persona, pero no lo hizo; por lo que, se la notificó con una acusación formal para proseguir con el juicio oral y determinar si es o no responsable de la falta por la cual es investigada; empero, la nombrada a través de su abogado refirió que la Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados fue vulneratoria a sus intereses, además citó los "arts. 67 y 71" relacionado a los plazos; no obstante, un Memorándum Circular Fax indicó que personas tienen la facultad y obligación de impugnar; también existe un memorial legalizado que estableció que partes procesales pueden recurrir a la impugnación; es decir, quien presentó la denuncia contra el funcionario policial, el Comandante Departamental de la Policía Boliviana en casos investigados de oficio y el Director de la Unidad, cuando conoce de la comisión de una falta inmediatamente la pone a disposición de la DIDIPI;
9. i)La accionante no expuso cómo la mencionada Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados, resultó lesiva a sus intereses; y,
10. j)Tampoco impugnó ninguna resolución de ampliación de investigación; asimismo, respecto a la notificación señalada por el abogado de la nombrada se tiene que "...está el señor Edgar Trujillo, que sería el denunciante por la falta que habría cometido la funcionaria, el señor Policía Sandro Marzana y el Comandante Departamental de la Policía, en ningún momento se habría determinado que la policía sea notificada con la resolución fundamentaría del recurso de denuncia, el funcionario policial tendría la calidad de denunciante de proceso disciplinario administrativo del cual se ha realizado la notificación a la misma por parte del notificador de la Fiscalía Policial..." (sic).

Arturo Marcelo Gutiérrez Guzmán, Fiscal Policial de Oruro, en audiencia manifestó que:

1. 1)De acuerdo a plazos procesales y solicitudes de ampliación dirigidas al Fiscal Departamental Policial de Oruro, se dio una directriz para considerar que existiría un segundo funcionario cometiendo una falta, ampliándose la investigación conforme a la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y al Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, por un tiempo de veinticinco días, considerando lo establecido en los arts. 12, 13 y 14 de la LRDPB con la finalidad de no provocar la indefensión del futuro procesado, respetándose el debido proceso, y cumpliendo con las formalidades de la Ley y el Reglamento señalados precedentemente;
2. 2)La accionante no fue tomada en cuenta para la notificación de la Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados; empero, presentó ese fallo como si fuera parte de él; asimismo, se la notificó con un Requerimiento de Acusación Formal remitiéndose antecedentes ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro, en razón a encontrarse en la ampliación de la investigación todos los medios de prueba para que la nombrada sea considerada la autora de la falta disciplinaria;
3. 3)La impetrante de tutela, al momento de plantear la impugnación contra la mencionada Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados, no cumplió con los requisitos, entre ellos, que sea afectada por dicha determinación, y cuál fue el agravio que sufrió, sino que pidió acogerse al mismo beneficio de rechazo de denuncia, cuando ya tenía la calidad de acusada; y,
4. 4)Los requerimientos de la etapa investigativa no son impugnables sino las resoluciones. En el caso concreto, al requerirse la ampliación de la investigación se concedió la oportunidad al ahora tercero interesado de defenderse; además, la accionante tuvo casi quince días más para presentar descargos. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela al no vulnerarse derecho alguno.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 027/2021 de 16 de marzo, cursante de fs. 452 a 459 vta., concedió -en parte- la tutela solicitada, con relación al derecho a la impugnación disponiendo:

1. i)Dejar sin efecto el decreto de 30 de diciembre de 2020, debiendo el Fiscal Departamental Policial de ese departamento, emitir una nueva resolución dando curso a lo establecido por el art. 71 de la LRDPB; y,
2. ii)Que la nueva resolución contenga las razones y fundamentos necesarios de acuerdo a los antecedentes del cuaderno de investigaciones disciplinarias; asimismo, denegó la tutela impetrada, respecto de los demás derechos reclamados en la presente acción tutelar; todo ello, con base en los siguientes fundamentos:
3. a)El señalado artículo determinó la posibilidad de impugnación del rechazo de denuncia dentro de las cuarenta y ocho horas de notificadas las partes, quienes interpondrán el recurso ante el mismo Fiscal Policial, que remitirá en el plazo de veinticuatro horas los antecedentes ante el Fiscal Departamental Policial, el cual dictará resolución administrativa confirmando o revocando el fallo impugnado dentro de tres días; en ese sentido, la norma es taxativa al disponer que las partes involucradas en el proceso administrativo disciplinario tienen la oportunidad de impugnar una actuación, sin que resulte correcto sostener que esa debe perjudicar o no a la persona que se encuentra con acusación, negándole el derecho a una segunda instancia para que la autoridad superior pueda pronunciarse en cuanto a los actos supuestamente lesivos a sus intereses;
4. b)La Resolución Fundamentada de Rechazo de Denuncia y Archivo de Obrados, fue pronunciada en favor de otro funcionario policial pero dentro de la misma investigación, lo que no significa que la accionante no pueda acudir ante la autoridad a cargo de la investigación para hacer conocer su disconformidad hacia ese fallo e impugnar el rechazo de denuncia; toda vez que, las partes de un proceso tienen la potestad de demandar la revisión de los actos de la autoridad inferior que consideran vulnerados. Por consiguiente, al negarse la posibilidad del ejercicio del derecho a la impugnación, se lesionó el debido proceso, correspondiendo conceder la tutela solicitada por la accionante;
5. c)Respecto a la vulneración del derecho a la petición por no atenderse las solicitudes de la impetrante de tutela; debe precisarse que no puede incorporarse en audiencia la alegación de vulneración de otros derechos; puesto que, los funcionarios policiales ahora accionados ya no se encontraban presentes en la misma, pudiendo generarse su indefensión de tratarse ese aspecto; y,
6. d)En cuanto a que la ampliación de la investigación por segunda vez incumpliría la norma, lesionando de esa manera el derecho a la defensa; se tiene que las características de un proceso penal y uno administrativo son distintas, pues en ese último rige el principio de informalidad, y si bien el procedimiento establecido en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es similar en sus fases, no implica que corresponda al ámbito del procedimiento penal, entendiendo esa Sala Constitucional que: "...está a salvo esta observación de la presunta violación al debido proceso, irregular ampliación de la investigación, para que la parte accionante al momento de dictarse la resolución pueda hacer conocer estas irregularidades al tribunal que dicte la resolución final del proceso administrativo disciplinario y en su caso el servidor público policial en este caso del accionante tendrá abiertos también al posibilidad de interponer los recursos que la misma Ley 101 plantea, para efectos de revertir esta posible vulneración de derechos o en su caso de agotar estas posibilidades y recién acudir a la vía constitucional..." (sic); por consiguiente, no se puede ingresar al análisis de fondo de la causa ni emitir un criterio sobre los aspectos mencionados por la accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada sobre ese punto en particular.

En la vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado, manifestó que:

1. 1)La SC 1232/2013-L de 10 de octubre, determinó que cuando él o la accionante omiten o confunden la indicación de otros derechos, se pueden tutelar esos siempre que sean conexos a la problemática denunciada; por lo que, solicitó se enmiende la Resolución 027/2021, otorgándose la tutela impetrada también por el derecho a la petición al no merecer respuesta el memorial donde reclamó que la segunda ampliación de la investigación era ilegal;
2. 2)Pidió que la concesión de la tutela por el derecho a la impugnación conlleve la nulidad de actos posteriores al decreto de 30 de diciembre de 2020, "...porque no tendría sentido decir que se resuelva el derecho a la impugnación y dejar subsistente el juicio oral y demás actos que le corresponden" (sic);
3. 3)Solicitó el pago de daños y perjuicios; y,
4. 4)Debe aclararse por qué razón no se consideró el Memorándum Circular Fax 063/2019 emitido por la Fiscalía General Policial en el que se señaló que la investigación no puede durar más de veinticinco días; y, cuál fue el argumento por el que no se tomó en cuenta la indebida fundamentación al requerir una primera ampliación de la investigación.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, señaló lo siguiente:

1. i)Todos los actuados posteriores a la "resolución" -decreto de 30 de diciembre de 2020- deben dejarse sin efecto; puesto que, primero tendría que resolverse el derecho a la impugnación de la accionante para que los funcionarios policiales hoy accionados determinen lo que corresponda;
2. ii)Respecto a la ampliación de la investigación disciplinaria, sus autoridades no ingresaron al fondo, ya que el proceso administrativo disciplinario se rige por la informalidad y su procedimiento es sumario; es decir, que es diferente a otros procedimientos más rigurosos, debiendo el aspecto denunciado ser reparado en la vía administrativa disciplinaria, pudiendo la impetrante de tutela, en esa instancia, pedir la reparación de las presuntas vulneraciones; y,
3. iii)No corresponde el pago de daños y perjuicios; toda vez que, la tutela fue concedida en parte.