Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2019-S4 Sucre, 16 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 26355-2018-53-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 5/2018 de 5 de noviembre, cursante de fs. 653 a 666 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Álvaro Alba Montaño en representación de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público contra Sandra Medrano Bautista y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Marcelina Betty Nogales Bohorguez Vda. De Flores, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentado el 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 561 a 581, y el de subsanación de 22 del mismo mes y año (fs. 584 a 591 vta.), la parte accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 4 de febrero de 2004, la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, José Edgar Yucra Pérez y Felicia Pinto Medrano, sus garantes, suscribieron un documento de préstamo, debidamente reconocido en sus firmas el 11 de igual mes y año, por la suma de $us23 700.- (veintitrés mil setecientos dólares estadounidenses) que debió ser cancelado en su totalidad hasta enero de 2017; empero, ante el incumplimiento en el pago de las amortizaciones mensuales, que constituyó en mora al deudor, se le iniciaron un proceso ejecutivo, persiguiendo el pago del total del capital, más los interés adeudados, demanda en la que, la Jueza Público Civil y Comercial Cuarta del departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia inicial, con la que se citó a los demandados en el referido proceso, oponiendo José Edgar Yucra Pérez, excepción de incompetencia y prescripción y habiéndose dado respuesta a las mismas; y, tramitado el juicio, se dictó la Sentencia Ejecutiva definitiva 53/2017 de 18 de abril, que declaró improbada la excepción de prescripción de capital y probada la de prescripción bienal de intereses en los periodos entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de febrero de 2017.
Ante los agravios sufridos, con la mencionada Sentencia, el 28 de abril de 2017, presentaron recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 194/2017 de 20 de junio, revocando parcialmente la Sentencia impugnada y declarando probada la excepción de prescripción del capital; sin embargo, dicha Resolución de segunda instancia, fue dejada sin efecto por la Sala Penal Segunda del respectivo Tribunal, mediante , posteriormente, se emitió nuevo Auto de Vista 242/2017 de 25 de agosto, declarando la prescripción del capital, cometiendo una mala interpretación de la normativa vigente, resultando un fallo arbitrario e ilegal.
Es así que el 14 de febrero de 2018, amparados en el art. 386 del Código Procesal Civil (CPC), ordinarizaron el proceso ejecutivo, solicitando audiencia de conciliación, en la cual las partes no llegaron a un acuerdo; por lo que después de retiradas observaciones por parte de la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Chuquisaca, formalizaron nuevamente la ordinarización del proceso ejecutivo, cumpliendo todos los requisitos de ley enmarcándose en la formalidad de tres puntos claves y ordenados, que son los antecedentes, la fundamentación jurídica y el petitorio; empero, no obstante de haber cumplido con todos los requisitos necesarios para interponer su demanda, la Jueza a quo mediante Auto de 4 de abril de 2018, determinó que se cumpla con:
- a)Especificar cual el derecho material que no se puede admitir o discutir en el proceso ejecutivo y los medios de prueba restringidos que afectaron la amplitud de su defensa;
- b)Demostrar que se encuentran dentro del plazo previsto por el art. 386.II del citado Código;
- c)Cumplir lo dispuesto por el art. 111 del señalado Código; y ,
- d)Acreditar la legitimación; todo en el plazo de tres días; es así que, el 9 del mismo mes y año, cumplieron con las observaciones realizadas puntualizando parte por parte los excesivos requerimientos de la mencionada autoridad judicial, sin embargo, el 10 de igual mes y año, la Jueza de la causa, emitió un decreto totalmente ajeno al ordenamiento jurídico y su procedimiento, observando nuevamente que debe especificarse cual el derecho material que no se pudo admitir o discutir en el proceso ejecutivo, por limitaciones propias al debido proceso, otorgando un último plazo de veinticuatro horas, para cumplirla, realizándose la notificación con la referida determinación en secretaría de su Juzgado.
Disposición que fue ilegal, en razón a que se pidió que se precise, algo que ya fue debidamente fundamentado en la demanda de ordinarización del proceso ejecutivo, que además fue aclarada en el memorial de subsanación; ante tales actos, el 20 de abril de 2018, interpusieron incidente de nulidad procesal en razón de la ineficacia de los actos que se realizaron por el decreto de 10 de abril del mismo año, puesto que se otorgó un plazo ilegal de veinticuatro horas para corregir algo que ya estaba subsanado; posteriormente, el 23 de ese mes y año, fueron notificados con el Auto de 18 de igual mes y año, por el que, la Jueza de la causa, dispuso que se tenga por no presentada la demanda, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas en el proveído de 3 de enero del citado año.
En cuanto a su solicitud de nulidad Procesal la Jueza a quo, se pronunció mediante decreto de 24 de abril de 2018, señalando que se esté a lo resuelto en el Auto de 18 del mismo mes y año, precisando que, por dicha Resolución el proceso se hubiese cerrado; ante ello, plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación, cuestionando que se vulneró de manera flagrante el debido proceso, haciendo notar su deber de conocer la nulidad procesal invocada, de dejar sin efecto el decreto de 10 del referido mes y año, que en su efecto, haría que el proceso continúe su curso; sin embargo, la Jueza de la causa dictó el Auto 288/2018 de 3 de mayo, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, lesionando nuevamente el debido proceso; toda vez que, conforme prevé el art. 106 del CPC, la jueza ahora demandada tenía la obligación de resolver con carácter previo la nulidad planteada, al estar viciados los actuados posteriores, pues no observó que el plazo de veinticuatro horas, concedido sin respaldo legal alguno, les produjo indefensión, puesto que fue notificado en secretaría del Juzgado, razón por la que no conocieron dicha determinación que además fue incongruente y carecía de fundamentación y motivación, pues al no haberse admitido aún la demanda, no podía notificarse en tablero.
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