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TCP

0243/2019-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de agosto de 2019
Resumen del caso

Auto 0243/2019-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0243/2019-RCA Sucre, 14 de agosto de 2019

Expediente: 30211-2019-61-AAC Acción de Amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 13 de mayo de 2019, cursante de fs. 478 a 480 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agnetha Miranda Linares y Marco Antonio Ramírez Nogales en representación legal de Martín Francisco Rovira Rada, Carlos Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez, Raúl Maggioni y Francesco Senis contra José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2019, cursante de fs. 460 a 477, los abogados defensores de oficio en representación legal de los accionantes refieren que esta acción de amparo constitucional se origina en un proceso penal interpuesto por el Ministerio Público y acusaciones particulares de la empresa Misicuni y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba contra sus defendidos ausentes, sustanciado en el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del nombrado departamento, emitiéndose la Sentencia 22/2017 de 25 de mayo, declarándolos culpables a Martín Francisco Rovira Rada, Carlos Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez a sufrir la condena de ocho años por los delitos de sociedades y asociaciones ficticias e incumplimiento de contratos, a Raúl Maggioni, la sanción de siete años por el delito e incumplimiento de contratos y a Francesco Senis la pena de tres años y seis meses por el delito de sociedades y asociaciones ficticias; rechazando mediante Auto de 15 de mayo de 2017, los tres incidentes de actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación:

  1. a)Por juzgamiento en rebeldía de un delito común;
  2. b)Por notificación mediante edictos; y,
  3. c)Falta de notificación con la acusación formal de CREDINFORM Internacional Sociedad Anónima (SA); y, declarando improbada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.

Aclaran que contra la señalada Sentencia, la cual vulnera normas de orden público del Código de Procedimiento Penal, así como derechos, garantías y principios constitucionales de sus defendidos, dentro de plazo y cumpliendo los requisitos de procedibilidad en calidad de defensores de oficio interpusieron recurso de apelación restringida y contra el Auto de 15 de mayo de 2017, que resolvió los incidentes y excepción plantearon apelación incidental, radicados en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que mediante Auto de Vista de 6 de septiembre de 2018, resolvió en cuanto al recurso de apelación restringida confirmar la Sentencia impugnada y con relación a la excepción e incidentes declaró improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando el Auto apelado, con el argumento que no se habría acreditado la existencia de agravios fundados en la resolución que se cuestiona, fallo que no reconoce recurso ulterior u otra vía legal ordinaria para restablecer los derechos conculcados, pues se negaron a resolver el fondo.

I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Consideran lesionados los derechos de sus defendidos en el proceso penal al debido proceso en sus vertientes a una debida motivación y congruencia de las decisiones judiciales, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, así como los principios de pertinencia, legalidad, verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se anule el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2018, y en su lugar se ordene dicten uno nuevo resolviendo los puntos apelados a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y los incidentes de actividad procesal defectuosa.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 13 de mayo de 2019, cursante de fs. 478 a 480 vta., declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de amparo constitucional, por estar "...afectada de subsidiariedad prevista en los arts. 129 parágrafos I de la Constitución Política del Estado, arts. 53 num. 1, 54 parágrafo I del CPCo., así como el requisito de admisibilidad previsto en los arts. 33 num. 1 y 52 del CPCo..." (sic), con los siguientes fundamentos:

  1. 1)De los argumentos expuestos y la documentación acompañada se pretende como tutela la nulidad del Auto de Vista de 6 de septiembre de 2018, que resolvió la apelación restringida interpuesta contra la Sentencia 22/2017, en cuyo acto procesal se habría resuelto los incidentes y excepción formulada por los defensores de oficio, de la cual se tiene presentado el recurso de casación, tal cual se observa del memorial de 14 de noviembre de 2018;
  2. 2)De lo establecido se concluye que en el presente caso resulta aplicable el principio de subsidiariedad, por cuanto activaron los medios de defensa intraprocesales previstos en el ordenamiento penal; consecuentemente, los hechos que motivan la acción tutelar se encuentran supeditados al recurso de casación, por ello no correspondía acudir a la jurisdicción constitucional;
  3. 3)Conforme afirman los accionantes, estos presentan la acción tutelar como defensores de oficio designados respecto de los procesados declarados rebeldes en la etapa preparatoria del proceso penal; empero, conforme al art. 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no tienen legitimación activa, si bien el art. 109 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece la representación de los defensores estatales sin mandato a favor de los procesados penalmente, ese precepto no resulta aplicable en la jurisdicción constitucional en lo que respecta a la acción de amparo constitucional; y,
  4. 4)En función a la normativa y a la jurisprudencia del "Tribunal Constitucional", se tiene que la presente demanda de amparo se encuentra enmarcada en las causales de improcedencia previstas en los arts. 53.1 y 54.I del CPCo, al haber interpuesto recurso ordinario con anterioridad, en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas; motivo por el cual no se agotó las vías idóneas de reclamo y por otro lado no cumplió con el requisito de admisibilidad contenido en los arts. 33.1 y 52 del citado Código, respecto de la legitimación activa.

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