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TCP

0243/2026-CA-"B"

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 0243/2026-CA-"B"

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

-"B" Sucre, 7 de mayo de 2026

Expediente: 83758-2026-168-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 22 de abril de 2026, cursante de fs. 3 a 4 pronunciada por Gary Deiby Chávez Calle, Director Sumariante a.i. del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, por la cual rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Sdenka Vaca Ferreira, demandando la inconstitucionalidad del art. 15 del Reglamento Interno del Personal del GAM de Santa Cruz de la Sierra, aprobado por Decreto Edil 57/2022 de 22 de enero, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109, 115, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2025, cursante de fs. 5 a 10 vta., la accionante indica que, a primera vista la norma carece de taxatividad y precisión; ya que, no establece el alcance de los términos provocación y promoción, siendo términos generales que se pueden manejar discrecionalmente; asimismo, resulta inconstitucional que la entidad quiera reglamentar la vida de sus trabajadores fuera de la entidad en la esfera de su comportamiento privado en horarios que no son laborales; por lo que, no pueden estar insertos como obligación de índole laboral, la ley establece los deberes que tiene los servidores públicos; en consecuencia, la parte patronal no tiene tuición para reglar obligaciones más allá de lo que la ley señala.

En materia sancionatoria rige el principio de taxatividad y legalidad; lo que, implica que las faltas deben estar debidamente legisladas de manera concreta y lejos de subjetividades que pudieran constituirse en carta blanca para sancionar indebidamente cualquier conducta.

Al respecto la jurisprudencia constitucional en la , delimitó tres aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta en cualquier sustanciación del proceso que no han sido cumplidas en el caso que nos ocupa, que son: "a) La sujeción a los principios que rigen la acción disciplinaria como: la legalidad procesal, por la cual tanto los juzgadores como los administrados tienen que adecuar sus actuaciones al marco legal vigente en todas las etapas del sumario; el de tipicidad que regula que las conductas reprochadas (por omisión o comisión) deben encontrarse previamente descritas en norma específica así como la sanción que corresponde a faltas disciplinarias o contravenciones administrativas; el de culpabilidad, por el que el Juez o autoridad disciplinaria tiene que determinar la culpabilidad del administrado y si esa fue a título de dolo o de culpa; y, el de proporcionalidad, que remarca que en mérito a las agravantes y atenuantes, se determinará la imposición de la sanción la cual debe ser proporcional a la comisión de la falta o contravención: b) El respeto a la garantía del debido proceso, (...)" (sic.)

I.2. Respuesta a la acción

No cursa traslado ni respuesta alguna respecto a la solicitud de la acción de inconstitucionalidad concreta.

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