Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0244/2019-S4 Sucre, 16 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 26313-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 09/2018 de 6 de noviembre, cursante de fs. 565 a 568, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Raúl Gonzales Leytón contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, Jacqueline Cecilia Rada Arana, Vocal de la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 12 de octubre de 2018, cursantes de fs. 504 a 509 vta.; y el de subsanación de 19 de igual mes y año, (fs. 513 y vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Después de un trámite irregular de reconocimiento de firmas, Roberto Silvio Quintanilla Mamani en representación de Vicente Pommier Bueno -ahora tercero interesado- inició contra su persona una demanda de cumplimiento de obligación, persiguiendo el pago de $us308 853.- (trescientos ocho mil ochocientos cincuenta y tres dólares estadounidenses), más el interés anual del 18%. Una vez citado con la demanda, opuso excepciones de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, así como de prescripción, mismas que fueron declaradas improbadas, a través de la Resolución 228/2013 de 29 de julio, pero a raíz de un recurso de apelación interpuesto contra la mencionada Resolución, se concedió en el efecto diferido, hasta un eventual recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia.
El 18 de octubre de 2016, se emitió la Sentencia 126/2016, la cual declaró probada la demanda principal, disponiendo la devolución del monto precedentemente señalado, así como el pago de un interés de 18% anual desde el momento de la ejecución. Ante dicha eventualidad, interpuso recurso de apelación contra la misma y de igual forma, activó el recurso de alzada sobre la resolución que había resuelto las excepciones planteadas por su parte y que fue concedida en el efecto diferido.
De esta manera y de acuerdo a los recursos de apelación planteados, se emitió el Auto de Vista 318/2017 de 6 de julio, que confirmó la Resolución 228/2013 que resolvió las excepciones; así como también, la Sentencia 126/2016, modificando en esta última que en ejecución de fallos el Juez de primera instancia, nombre peritos auditores financieros a objeto de que dictaminen el monto real y efectivo que debía pagar su persona por concepto de deuda e intereses.
Contra la determinación asumida en alzada, interpuso recurso de casación en la forma, acusando los siguientes extremos:
- a)Que el Auto de Vista 318/2017, no se pronunció sobre todos los puntos que fueron objeto de apelación, esto "...porque se refiere a la excepción de incumplimiento del inciso 6) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil Abrogrado (CPCabrg) y no a la apelación del auto que rechazó las excepciones opuestas por mi persona en el recurso de fs. 243-248, activado y fundamentado..." (sic);
- b)Tampoco se pronunció sobre todos los agravios acusados en la apelación de la Sentencia; y,
- c)De igual forma acusó la vulneración de los arts. 10, 213 y 218 del Código Procesal Civil (CPC) y 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, señalando que el Auto de Vista 318/2017, debió ser pertinente, y que en este caso, constituyó una denegación de su competencia el haber determinado que unos peritos que no ejercen tanto la jurisdicción ni competencia, definan el monto a pagarse, esto debido a que no existía en el expediente una prueba determinante sobre la existencia de una obligación, de un monto y una fecha de devolución.
Emitido el , el mismo declaró infundado el recurso planteado, aspecto que lesionó sus derechos constitucionales, bajo los siguientes argumentos:
- 1)El referido Auto Supremo, refirió que el Auto de Vista 318/2017, impugnado, en cuanto a la excepción previa de prescripción, realizó un análisis minucioso lo que acreditaba la existencia de una justificación razonada que sustentaba este punto, lo cual no era evidente, pues dicha Resolución no expuso los fundamentos jurídicos de las razones por las que consideraba que no operó la prescripción; y,
- 2)Con relación a la errónea valoración de la prueba, tampoco emitió un juicio propio, solo se conformó con citar una falsa conclusión a la que había llegado en el Auto de Vista 318/2017, que aceptó como prueba una supuesta declaración genérica de un correo electrónico y en lugar de pronunciarse sobre los errores de hecho y derecho en la valoración de la prueba, justificó la decisión del Tribunal de alzada, admitiendo que la prueba no era suficiente, ordenó que se determine vía peritaje, el monto que se debía pagar.
Señaló que tanto el Auto de Vista 318/2017, como el Auto Supremo lesionaron sus derechos, por los siguientes motivos:
- i)Por no haber efectuado una razonable valoración de la prueba y por su falta de motivación y congruencia de sus decisiones, habiendo en el caso del Auto de Vista mencionado, negado su propia competencia al ordenar que sean peritos quienes determinen el monto de la obligación;
- ii)En caso del Auto Supremo, al haber sustentado que la prescripción no era viable, sin fundamentación alguna, lo mismo que sucedió en cuanto a la errónea valoración de la prueba que fue objeto de impugnación en el Auto de Vista 318/2017;
- iii)Ambas Resoluciones lesionaron el principio de congruencia, al no haberse pronunciado sobre todos y cada uno de los agravios impugnados; y,
- iv)De igual forma, lesionaron el derecho al acceso a la justicia al haber desatendido y eludido "...ya que no se fundamentó la confirmación del rechazo de la prescripción y debido a que determinó que peritos auditores financieros determinen el monto real y efectivo que supuestamente debo pagar" (sic).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación, al acceso a la justicia incluido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva; y, al principio de congruencia, sin citar al efecto, ningún precepto constitucional.
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