Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0244/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 55049-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 31/23 de 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 1653 a 1657, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Julio César Bustos Solíz contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, ex Fiscal General del Estado y Evelin Rojas Gutiérrez, Autoridad Sumariante del Ministerio Público (MP) con Jurisdicción en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 1610 a 1629, el accionante, manifestó los siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 072/2022 de 18 de agosto, emitida por el Fiscal General del Estado, incurre en la vulneración de su derecho al debido proceso, al no haber valorado de manera íntegra y correcta, ni asignar un valor probatorio a cada una de las pruebas de descargo aportadas de su parte, como ser los certificados emitidos por distintos juzgados, de Yapacaní y Buena Vista; en las que, certificaron que su persona se presentó a las audiencias de medidas cautelares de forma regular y actos procesales a los que fue notificado; tampoco se valoraron las circulares de vacaciones judiciales colectivas de la gestión 2021.
Refiere que también presentó la copia de carnet de discapacidad de su hermana, Roxana Bustos Solíz, que, al ser una persona perteneciente a un grupo vulnerable, implica la inamovilidad laboral, que beneficia de manera directa a los padres o tutores, que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, conforme establece el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004; ello implica que, el accionante al tener a su cargo y dependencia a su hermana que sufre de discapacidad, le corresponde la referida inamovilidad laboral, pero dicha documental tampoco fue valorada por las autoridades demandadas.
Además, refiere que también presentó prueba documental referida al movimiento de las gestiones 2021 y 2022, por la que demostró la excesiva carga laboral que comprende el despacho fiscal del municipio de Yapacaní, sin contar con ningún tipo de personal de apoyo; prueba que, fue tan solo mencionada en parte en la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022 de 28 de julio, de manera enunciativa, sin que sea desarrollada y valorada, para poder llegar a la verdad material de los hechos; por lo que, concluye que la prueba de descargo presentada de su parte no ha sido valorada, a pesar de que esta era oportuna, pertinente y útil, dada la naturaleza jurídica de las faltas disciplinarias endilgadas a su persona, establecidas en los arts. 120 núm. 3 y 121 núm. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Publio (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-.
La relación de causalidad dentro del presente caso radica en que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 072/2022, de manera arbitraria no valoró las pruebas de descargo aportadas de su parte, cuando estas constituían en un medio objetivo material útil y pertinente para desvirtuar las faltas endilgadas a su persona, por lo que la determinación de su destitución se dio de manera arbitraria, dándose una falta de fundamentación y motivación de la indicada resolución jerárquica.
Respecto a la falta disciplinaria grave prevista en el art. 121 núm. 20 de la LOMP, referente a la supuesta inactividad injustificada de 86 días, que no se especificó si se trataban de días hábiles o no, carece de una debida fundamentación, y que de manera arbitraria y sin tomar en cuenta las pruebas presentadas de su parte, el Fiscal General del Estado se limitó a refrendar de manera forzada la fundamentación de la Autoridad Sumariante del MP, sin realizar una interpretación normativa, lógica y jurídica, desencadenando en la vulneración al principio de legalidad en su elemento de tipicidad.
Se advierte que la Autoridad Sumariante del MP, al momento de emitir la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022, no le otorgó valor probatorio a las mismas, evadiendo el ingresar al fondo de la problemática suscitada, además de no señalar con meridiana precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubiese considerado para emitir la citada resolución, sumándose a ello que al no considerar los elementos del tipo disciplinario se vulneró flagrantemente el debido proceso en su vertiente de legalidad en su elemento de tipicidad, no obstante de que la propia Autoridad Sumariante del MP señaló que no concurría el segundo elemento como "la justificación" y de manera incongruente le declaró responsable de la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 121 núm. 20 de la LOMP, sancionándole con la destitución del cargo de Fiscal de Materia.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, así como al principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga:
- a)Dejar sin efecto la Resolución FGE/JLP/DAJ/PD 072/2022 y la Resolución Sumaria de Primera Instancia 20/2022;
- b)Su restitución inmediata como Fiscal de Materia, con derecho a percibir el pago inmediato de los haberes mensuales por el tiempo no trabajado como emergencia de la decisión de su destitución ilegal;
- c)Que el Fiscal General del Estado por la sección que corresponda, levante el registro de la falta muy grave de destitución que se encuentra registrado en el sistema informático del Ministerio Público; y,
- d)Se imponga costas y costos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 30 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 1649 a 1653, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron qué:
- 1)"...La falta disciplinaria 121 numeral 20 dice: justificará de actos investigativos de manera injustificada, entonces nos coloca como un elemento consecutivo el injustificado en la vertiente del debido proceso, si no se coloca en cuenta porque ninguna relación jerárquica va estar encima de la ley, en actividad injustificada dentro del investigativo de manera, entonces que la autoridad sumariante y el Fiscal General de Estado no han tomado en cuenta la vertiente del debido proceso en su elemento tipicidad, legalidad se ha presentado una serie de recursos, justificativos porque la Ley 260 lo dice así justificativos..." (sic);
- 2)No se sabe por qué la Autoridad Sumariante del MP y el Fiscal General del Estado pasan por encima el hecho de la falta de tipicidad, porque una resolución jerárquica, si bien es un lineamiento "...no constituye base encima de la ley, no se puede pasar por encima del debido proceso de la tipicidad y motivación arbitraria, porque la motivación arbitraria se ha efectuado (...) en todo lo demás porque simplemente se ha hecho una especie de motivación arbitraria y todo lo demás pero es importante que se quede bien claro que los elementos consecutivos no configuran porque se lo saben bien claro de que simple y llanamente es inactividad injustificada, se ha justificado sea llevado tres o cuatro cuerpos y todo lo demás, no configura los elementos consecutivo de todo el hecho..." (sic);
- 3)La Autoridad Sumariante del MP determinó la sanción de una destitución definitiva, de acuerdo al art. 121 núm. 20 -se entiende de la LOMP vulnerando el debido proceso al no establecer o no hacer prevalecer lo que establece dicha Ley; la cual, establece que se debe realizar una valoración integral de las pruebas aportadas; sin embargo, se emitió una resolución de destitución, en base a una simple resolución jerárquica; la cual, no puede estar sobre la Ley; y,
- 4)El Fiscal General del Estado ha emitido dicha resolución contrariamente a la Ley Orgánica del Ministerio Público vulnerando el derecho al debido proceso. I.2.2. Informe de la parte demandada
Mostrando 22 de 110 parrafos.