0245/2023-S1

El impetrante de tutela se ratificó íntegramente en su pretensión, agregando que:

1. a)La primera solicitud es de 3 de marzo de 2021 y las dos últimas son de 7 de octubre de igual año y 13 de enero de 2022, tiempo abundante para dar respuesta a su solicitud; sin embargo, con la presentación de la acción de amparo constitucional, recién se estaría dando respuesta a las mismas; y
2. b)Se habrían cumplido los requisitos para la procedencia de la presente acción tutelar, por lo que se debe disponer que dentro del tercer día, se entregue las fotocopias y todos los documentos a los que se hacen alusión y sea con imposición de costas y costos.

Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del GAM de Quillacollo mediante informe escrito presentado el 15 de febrero de 2022, cursante a fs. 73 a 78, refirió que conforme la documentación que adjuntaron consistente en:

1. 1)Dictamen del reformulado de modificación presupuestaria con Hoja de Ruta 1922/2021, para la adquisición de autoclave a vapor para el servicio de esterilización del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, remitido nota con CITE: DESP. 616/2021 de 9 de noviembre, al Concejo Municipal adjuntando los informes respectivos, para su aprobación; sin embargo, el Concejo Municipal observó el dictamen manifestando que "DE LO ANTES DESCRITO SE PRESUME QUE HUBO FAVORITISMO A LA EMPRESA EN LA ENTREGA DEL BIEN, CONSIDERANDO QUE SEGÚN CONTRATO ACLARA 12 DÍAS CALENDARIOS PLAZO DE ENTREGA Y LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER ES EN 4 DE FEBRERO DE 2021 TRANSCURRIERON APROXIMADAMENTE 34 DÍAS CALENDARIOS Y EL ACTA DE CONFORMIDAD ES POSTERIOR AL INGRESO A ALMACENES. MISMO QUE HACE DUDOSO EL PROCESO DE CALIFICACIÓN HASTA EL INGRESO A ALMACENES" (sic), disponiendo su devolución al Alcalde; por lo que, la solicitud de pago por parte del peticionante de tutela, no puede ser atendida debido a las recomendaciones contenidas en el dictamen del Concejo Municipal, ya que el plazo para el informe y reporte de saldo de caja y bancos es hasta el 28 de febrero de 2022, hasta que ello ocurra, no puede realizarse ninguna operación financiera, pues la misma debe ser autorizada previamente por el Concejo Municipal y en mérito a una nueva solicitud de reformulado de modificación presupuestaria; y,
2. 2)La cronología de los actos administrativos realizados para el proceso de contratación, son las siguientes:
3. i)10 de diciembre de 2020, solicitud de "Compra de Autoclave a Vapor Para el Servicio de Esterilización para el Hospital Dr. Benigno Sánchez" (sic);
4. ii)"15 de diciembre de 2020,el SUGEP Registro de Ejecucion de Gastos D-1, emite la Certificacion Presupuestaria de Bs. 700.000,00" (sic);
5. iii)El 15 de diciembre de 2020, solicitud de autorización de compra realizado por la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano del GAM de Quillacollo;
6. iv)El 18 de diciembre de 2020, Registro en el SICOES del PAC 3700954 con CUCE 20-1302-00-1098777-1-1;
7. v)El 21 de diciembre de 2020, emisión de la Resolución Administrativa de autorización de inicio de proceso de contratación GAMQ/RPCD/RA/087/2020;
8. vi)El 21 de diciembre de 2020, emisión de Memorándum RPCD/CD/B050/2020, por el que se designa a la comisión de evaluación y recomendación del proceso de contratación directa;
9. vii)El 24 de diciembre de 2020, se emite el informe de evaluación de la comisión recomendando adjudicar el proceso de contratación directa en favor de la empresa "CITROMAXMEDICAL" del impetrante de tutela;
10. viii)El 24 de diciembre de 2020 se emite la comunicación de adjudicación de contratación directa por Bs660 000.- (seiscientos sesenta mil bolivianos) mediante GAMQ/RPCD/RA/087/2020;
11. ix)El 29 de diciembre de 2020, la empresa "CITROMAXMEDICAL" presenta documentación para la firma del contrato;
12. x)El 30 de diciembre de 2020, se firma el Contrato 126/2020 para la adquisición de bienes en la modalidad de contratación directa por emergencia de salud pública COVID 19;
13. xi)El 31 de diciembre de 2020, se emite el memorándum GAMQ/RPCD/RA/87/2020 por el que se designa a la comisión de recepción del proceso de contratación;
14. xii)El 5 de febrero de 2021, se suscribe la nota de entrega de equipo autoclave a vapor firmada por el proveedor;
15. xiii)El 5 de febrero de 2021, consta ingreso al almacén del centro médico;
16. xiv)El 5 de febrero de 2021, consta salida de almacén del Hospital Benigno Sánchez;
17. xv)El 8 de febrero de 2021, se firma el acta de conformidad de entrega del producto;
18. xvi)El 4 de febrero de 2021, se emite la orden de entrega con un plazo de 5 días calendarios;
19. xvii)El 1 de marzo de 2021, se realiza la solicitud de inscripción de presupuesto en el primer reformulado al Programa Operativo Anual (POA) 2021 para la cancelación por la compra de dicho equipo médico; xviii) El 12 de abril de 2021, se emite la solicitud de formulario 400 y 500 del proceso de contratación;
20. xix)El 15 de septiembre de 2021, se realiza un ajuste contable de transferencia entre libretas;
21. xx)El 7 de octubre de 2021, la empresa proveedora solicita el pago por concepto de Contrato 126/2020;
22. xxi)El 27 de octubre de 2021 se realiza un reformulado de modificación presupuestaria;
23. xxii)El 9 de noviembre de 2021 se firma la modificación presupuestaria; xxiii) El 2 de diciembre de 2021, se remite el dictamen del Concejo Municipal "C.Q.M. CITE N° 1222/2021", por el que se devuelve al Alcalde, el reformulado de modificación presupuestaria, con observaciones; y, xxiv) El 14 de enero de 2022 la empresa proveedora solicita el pago; por lo expuesto en el punto 1 del informe, no es posible cumplir con el pago solicitado, considerando además que la acción de amparo constitucional presentada es relativa a hechos controvertidos, es decir, que el accionante debió agotar previamente la vía administrativa con la interposición de recurso revocatorio y jerárquico respectivamente, y no así acudir directamente a la acción de amparo constitucional, correspondiendo denegar la tutela; toda vez que, no se vulneró su derecho a la petición cuando se han realizado las gestiones necesarias ante el Concejo Municipal de Quillacollo, para su procedencia.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 022/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 84 a 87, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, se encuentra el incumplimiento al principio de inmediatez, que implica la reclamación del presunto derecho vulnerado fuera del plazo de caducidad, es decir, después de los 6 meses;
2. b)En ese entendido, se tiene que, la primera carta de solicitud de pago fue presentada el 3 de marzo de 2021, la segunda el 7 de octubre de 2021 -después de más de seis meses- y, la tercera el 14 de enero de 2022 -más de diez meses después-, conforme se tiene de los sellos de recepción estampados en cada uno de esos documentos;
3. c)El accionante se limitó a presentar su solicitud de pago el 3 de marzo de 2021 y esperó pasivamente más de 6 meses para recién reiterar su petición y, para una tercera solicitud dejó transcurrir más de 10 meses, actuar que desconoce el principio de inmediatez, por cuanto, correspondía al demandante hacer el seguimiento de su pedido y estar pendiente de la respuesta o del silencio administrativo del accionado, para hacer uso de los medios de reclamación o impugnación en el marco de lo establecido en el procedimiento administrativo;
4. d)Bajo lo establecido en la jurisprudencia expuesta, se tiene que, el cómputo de plazos no podría realizarse desde la última solicitud, es decir, desde el escrito de 14 de enero de 2022; toda vez que, de su revisión se pudo verificar que ambos son reiteraciones de la primera carta presentada el 3 de marzo de 2021, transcurriendo más de 10 meses entre su primer y último reclamo, interponiendo la presente acción de defensa recién el 27 de enero de igual año, es decir, después de más de 10 meses desde su primera solicitud, de lo que se infiere que la acción de amparo constitucional planteada se encuentra fuera del plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,
5. e)Por último, el propio accionante, señaló que ya se habría dado respuesta a sus solicitudes, lo que implica la concurrencia de la teoría del hecho superado, vale decir, que ya no existiría razón para disponer una situación que en los hechos se habría materializado; por lo que, sin necesidad de ingresar a efectuar un análisis de fondo sobre el problema jurídico planteado, corresponde denegar la tutela solicitada "por improcedencia".

II.8. Consta una serie de cartas e informes de conducto regular interno, inherentes al ente demandado, mismos que dan cuenta de la realización de los siguientes trámites administrativos internos:

1. 1)Modificación presupuestaria;
2. 2)Remisión de dictámenes;
3. 3)Reformula modificación presupuestaria;
4. 4)Informe legal para el reformulado y modificación presupuestaria;
5. 5)Informe financiero para la reformulación y modificación presupuestaria;
6. 6)Reformulado de modificación presupuestaria; y,
7. 7)Cuadro de modificación presupuestaria intra institucional POA 2021 del GAM de Quillacollo. Todo ello, con el objeto de realizar el pago por la adquisición del equipo autoclave a vapor para el servicio de esterilización del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo; sin embargo, ninguna de ellas está dirigida al solicitante de tutela, ni consta su firma como señal de recepción (fs. 43 a 48 y 54 a 72 vta.).

Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos:

1. i)El derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.

No obstante, ha manifestado también, independientemente se esté inmerso o no dentro de un proceso judicial o administrativo, que el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos:

1. a)Contenido esencial;
2. b)Requisitos de procedencia;
3. c)Legitimación activa;
4. d)Legitimación pasiva; y,
5. e)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la 0SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud, la respuesta debe ser:

1. 1)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. 2)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. 3)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. 4)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

Respecto a los requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional, para la tutela del derecho a la petición, la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo; en ese mérito, sólo deben cumplirse con tres requisitos:

1. i)La existencia de una petición oral o escrita;
2. ii)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
3. iii)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; empero, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. 1)La existencia de una petición oral o escrita;
2. 2)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. 3)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la 0SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, luego haciendo referencia a las 0SSCC 0310/2004-R8, 00560/2010-R9, 1995/2010-R10; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril11; 2051/2013 de 18 de noviembre12; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13; entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por derecho de petición:

1. i)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. ii)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos:

1. a)En el término establecido por ley14; y,
2. b)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.

De los argumentos descritos en la señalada 0SCP 0112/2020-S1 de 27 de julio, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser:

1. 1)Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá se dentro de un plazo razonable;
2. 2)Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa;
3. 3)Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
4. 4)Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.