0246/2023-S3

El Auto de Vista 267/2022 pronunciado por los Vocales hoy accionados vulnera sus derechos y garantías constitucionales:

1. a)Derecho de acceso a la justicia, por cuanto los Vocales ahora accionados no actuaron en el marco de lo dispuesto por los arts. "91" del Código de Procedimiento Civil (CPC), 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y la "SCP 1793/2014", que establecen que bajo el principio de verdad material, las autoridades jurisdiccionales deben procurar que las decisiones que emitan resuelvan los conflictos de fondo, si bien existen formas que deben cumplirse, esas no pueden ser aplicadas por encima del derecho sustancial o de la justicia material; en ese sentido, los Vocales ahora accionados no se pronunciaron en el fondo respecto a los agravios expuestos;
2. b)Vulneración del derecho a la defensa y a la impugnación como elementos del debido proceso, ya que el argumento central para confirmar el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022, fue que sus personas no serían parte esencial del proceso ejecutivo, lo que se constituye en una motivación incongruente y arbitraria; puesto que, omitieron efectuar una interpretación literal del art. 27 del CPC, que determina: "Son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado y terceros en casos previstos por la ley"; además de no realizar una interpretación sistemática del art. 427.II del citado Código, que señala: "(...) No se podrá alterar derechos de terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo los interesados deducir oposición por vía incidental dentro del plazo de diez días de la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores"; asimismo, el art. 55.I de dicho Código, dispone que: "Quien como titular de una relación jurídica substancial considere que presumiblemente pueden extenderse en su contra los efectos de una sentencia, por cuya razón se encuentre legitimada o legitimado en el proceso como demandante o demandado, podrá intervenir como litisconsorte de una parte, reconociéndoseles las mismas facultades y obligaciones que a ella"; por lo que, existiendo un contrato privado de pago parcial y compromiso de venta del inmueble objeto de la causa, que acredita que sus personas pagaron parcialmente el precio convenido, lo que permitiría confirmar de manera suficiente su condición como terceros coadyuvantes litisconsorciales en el proceso ejecutivo; y,
3. c)Vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertenencia; por cuanto:
4. 1)Respecto al primer agravio, de falta de congruencia, exhaustividad y motivación con relación a los fundamentos del incidente de nulidad y oposición los Vocales hoy accionados no expresaron argumento alguno, sobre la omisión de notificación con el embargo a sus personas, que la sentencia no establece el interés y la alícuota del mismo, no se efectuó la inspección en el inmueble para la pericia, el valor del terreno sería mayor a la de la pericia y de la construcción, no fueron considerados con el argumento de que no son parte esencial del proceso, en razón a que el título ejecutivo solamente consignaría a las partes del proceso, señalando además que la sentencia y los peritajes únicamente pueden ser observados por los señalados, lo cual se constituiría en una motivación insuficiente, citra petita e impertinente, en virtud a que los Vocales ahora accionados no se refirieron a la falta de congruencia, exhaustividad y motivación;
5. 2)Con relación a que no fueron notificados con el auto de señalamiento de remate, establecieron que no se tenía registrado ningún gravamen a su nombre para ser notificados conforme al art. 1479 del Código Civil (CC);
6. 3)En cuanto al hecho de que nunca se efectuó la inspección del inmueble para la pericia practicada, no se pronunciaron;
7. 4)Respecto a que el valor de terreno supera el valor pericial del inmueble, reiteraron que no eran parte esencial del proceso para observar el peritaje y que fueron notificados conforme al art. 427.II del CPC, respondiendo de manera tangencial sin ingresar al fondo de los agravios expuestos;
8. 5)En lo que respecta al valor de las construcciones que sería mucho mayor que el valor pericial establecido, reiteraron la misma respuesta al agravio anterior y tampoco ingresaron al análisis de fondo del mismo; y,
9. 6)Con relación a que no existe justificación sobre cómo se determinó los precios unitarios del terreno, construcciones y la identificación del método de evaluación, también replicaron la misma respuesta sin ingresar al análisis de fondo del agravio, confirmando de ese modo el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022.

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:

1. i)Se deje sin efecto el Auto de Vista 267/2022 de 13 de junio, que confirmó el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022; y,
2. ii)Se ordene a los Vocales ahora accionados que emitan uno nuevo, ingresando al análisis adecuado, fundamentado y congruente de todos los agravios de acuerdo a las premisas y condiciones citadas en la acción de defensa, respetando los derechos y garantías constitucionales alegados como vulnerados.

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestaron que:

1. a)El bien inmueble ubicado en calle Ayacucho 349 de la ciudad de Cochabamba, si bien era de propiedad de Clara Ninfa Choque Rivero y Jhony Williams Leyza Cadima ahora terceros interesados; sin embargo, conforme a la prueba presentada al momento de formular el incidente de nulidad y oposición se advirtió que a partir del 24 de junio de 2019, en virtud a la suscripción de un documento de venta con fecha cierta, debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas; sus personas se encuentran en posesión física del citado inmueble, por lo cual nunca alegaron ser los propietarios, sino poseedores;
2. b)Cuando el proceso ejecutivo aun no contaba con sentencia, sus personas ya se encontraban en posesión del inmueble; empero, nunca fueron notificados con el mandamiento de embargo, ni se apersonaron para ejecutar el mismo y el avaluó catastral; es más, en su calidad de poseedores hicieron varias mejoras, superando alrededor de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), cuya inversión se pretendería afectar;
3. c)Aclararon que por error de "taipeo", en cuanto al derecho de acceso a la justicia, consignaron el art. 91 del CPC, siendo lo correcto el art. 6 del citado Código que establece que el juez deberá tener en cuenta el objeto del proceso, en la interpretación de la norma adjetiva resolviendo en el fondo la controversia; asimismo, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme a los principios básicos del derecho;
4. d)No existe una adecuada fundamentación y motivación en el Auto de Vista 267/2022, ya que se limita a establecer que sus personas no son parte esencial del proceso, aseveración errónea de acuerdo a lo dispuesto por el art. 27 del CPC, por cuanto la misma habilita a los terceros a asumir el rol de parte en los casos previstos por ley, lo cual interpretado conforme al art. 6 del citado Código, permite deducir que los terceros pueden constituirse en parte esencial del proceso con las mismas facultades, aspecto que no fue explicado por los Vocales hoy accionados, quienes además no justificaron porque no se consideró la última parte del señalado artículo, existiendo por lo tanto falta de motivación y fundamentación;
5. e)Invocaron el art. 57 del CPC, señalando que sus personas como terceros no pueden oponerse al embargo ordenado y practicado sobre bienes muebles propios de los ejecutados, por cuanto dicho artículo no alcanza a los terceros, bajo el razonamiento de que el bien objeto de remate era un bien inmueble y no mueble; lo cual sería falso; puesto que, conforme al referido artículo, existe la posibilidad de oponerse no siempre como propietarios, sino como detentadores a nombre del ejecutado, o en razón a alegar un derecho exigible sobre la cosa embargada; si bien en la primera parte se menciona muebles; empero, en la segunda parte se refiere a la cosa embargada y que se puede embargar bienes muebles e inmuebles; es así que, "...no nos explican nunca en relación a esta parte, donde dice también podrá oponerse alegado ser de tentadora a nombre del ejecutado, o tener un derecho exigible (...) tenían derecho exigible y tienen un derecho exigible que son los documentos, donde se ha pagado $us370 000..." (sic);
6. f)Se vulneró el derecho a la defensa, por cuanto no fueron notificados con el mandamiento de embargo, al que se hubieran opuesto oportunamente para recuperar el pago parcial que realizaron a los hoy terceros interesados por $us370 000.- (trescientos setenta mil dólares estadounidenses); asimismo, no tuvieron conocimiento del avaluó del bien inmueble que fue rematado a $us250 000.- (doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses) cuando el mismo tenía un valor de $us430 000.-; puesto que, si se hubieran efectuado esos actos procesales ingresando al bien inmueble, sus personas se hubieran percatado del conflicto jurídico y hubieran formulado una tercería; y,
7. g)El art. 427.II del CPC establece que previo a la entrega del bien inmueble rematado, la autoridad judicial ordenará la notificación a los ejecutados, ocupantes y poseedores; sin embargo sus personas no fueron notificadas con el embargo del bien inmueble de manera previa, sino después de ser rematado, cuando la norma es clara al señalar que no se podrá alterar los derechos de terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo deducir oposición en el plazo de diez días, en ese sentido sus personas cuentan con tres documentos privados con fecha cierta, el de 24 de junio de 2019, de 30 de julio de igual año y el de 18 de agosto de 2020; empero, el Juez de la causa estableció que la ejecutante Teresa Blanca Choque Rivero hoy tercera interesada tendría registrado una anotación preventiva el 21 de septiembre de 2018, conforme la matrícula de registro y que los documentos privados que suscribieron sus personas serían de fechas posteriores a la de la anotación preventiva, cuando el punto de partida debió ser el embargo efectuado el 23 de junio de 2019; no obstante, no mencionaron cuando se realizó el embargo, advirtiéndose de los antecedentes que fue efectuado el 2021, cuando ya eran poseedores del bien inmueble, concluyendo que el Auto de Vista 267/2022 no fue fundamentado conforme a los arts. 27, 57 y 427.II del CPC, con relación al art. 6 del citado Código.

Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 62 a 63 vta., manifestaron que:

1. 1)Los accionantes denunciaron que con la emisión del Auto de Vista 267/2022, se vulneró su derecho de acceso a la justicia y a la impugnación como elementos del derecho a la defensa, al no dar respuesta a los agravios expuestos en su recurso de apelación; incurriendo en un error de interpretación, ya que por una parte alegaron que no se dio respuesta a los argumentos expresados a través del memorial de recurso de apelación, pero por otro lado acusaron la incongruencia interna de dicho Auto de Vista, lo cual develaría que sus autoridades no vulneraron el derecho de acceso a la justicia, defensa ni de impugnación, a pesar de ello ingresaron al análisis de fondo de los agravios expuestos;
2. 2)Los accionantes no cuentan con legitimación activa, en virtud a que no fueron parte del contrato de préstamo que fue la base del proceso ejecutivo y estando el proceso en ejecución de sentencia "'no existe debate alguno sobre derechos de terceros que involucren la garantía de los acreedores'", (sic) con relación a la supuesta adquisición del bien inmueble rematado, en observancia del art. 399.I del CPC, que señala: "I. La etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia", la cual se complementa con el art. 400.I del citado Código, que prevé: "La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse en ningún caso, por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución, que serán rechazados de forma inmediata"; en ese marco los reclamos de los accionantes no podían ser considerados sobre el supuesto derecho de propiedad que tuvieran sobre el bien inmueble rematado y adjudicado, debiendo ser dilucidados en proceso ordinario diferente del proceso ejecutivo, con amplio debate del derecho pretendido;
3. 3)Los argumentos esgrimidos conforme a los arts. 27, "55" y 427.II del CPC, no pueden ser aplicados en el presente caso, por cuanto no existía la posibilidad de que los accionantes sean notificados con los actos procesales reclamados, ya que el supuesto derecho propietario nunca fue registrado en la Oficina de DD.RR.; por lo que, no les alcanza el resguardo establecido por el art. 1479 del CC, como bien se indicó en el Auto de Vista 267/2022; y,
4. 4)Respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, considerando lo previsto en la SCP 0669/2012 de 2 de agosto, en el Auto de Vista 267/2022, se cumplió con la debida fundamentación y motivación, estableciendo los motivos de la decisión asumida, siendo diferente que los accionantes no estén de acuerdo con la resolución emitida, aspecto que amerita otro tipo de análisis.

Julia Huanca Mamani, en su condición de adjudicataria del bien inmueble rematado, mediante informe presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 60, señaló que:

1. i)Los puntos cuestionados en el recurso de apelación no corresponden ser discutidos en ejecución de sentencia, considerando que no fueron reclamados por los ejecutados Clara Ninfa Choque Rivero y Jhony Williams Leyza Cadima hoy terceros interesados; puesto que, no tienen legitimación activa para observar una sentencia pasada en autoridad cosa juzgada conforme a lo previsto por los arts. 228, 229 del CPC y la SCP 450/2012 de 29 de junio;
2. ii)En etapa de ejecución únicamente estaría en debate la entrega del bien inmueble, considerando que el art. 427.II del citado Código, simplemente faculta demostrar oposición en vía incidental con la documentación de registro anterior al embargo, respecto al cual, los accionantes adjuntaron el documento privado de pago parcial de 30 de julio de 2019, por la venta del lote de terreno, siendo que la inscripción del gravamen data de enero de 2019, en la matrícula computarizada 3.01.1.99.0025920, anterior a la suscripción del documento privado de simulación de compromiso de venta, ya que de ser evidente hubieran inscrito su acreencia;
3. iii)Los Vocales ahora accionados cumplieron con el deber de fundamentación, motivación y congruencia, estableciendo las premisas del silogismo, la premisa fáctica y la premisa normativa de manera clara, concreta y comprensible, llegando a la conclusión de que los accionantes no se constituyen en parte esencial del proceso ejecutivo, para cuestionar actos procesales cumplidos con anterioridad a su intervención;
4. iv)Los puntos cuestionados corresponden ser discutidos en proceso ordinario y no en el proceso ejecutivo que cuenta con sentencia ejecutoriada, que debe ser respetada por principio de seguridad jurídica, dando certeza jurídica a los litigantes;
5. v)La SCP 0318/2015-S3 de 27 de marzo, estableció que: "'...respecto al tercerista perdidoso, tiene su razón de ser, ya que como no es parte del proceso y actúa de manera accesoria e incidental, puede acudir a la vía ordinaria para reclamar y hacer valer sus derechos; pero siempre y cuando haya sido rechazada su pretensión o dicho de otra manera la haya desfavorecido (...)'" (sic); en virtud del cual los accionantes deben accionar contra la ejecutada Clara Ninfa Choque Rivero hoy tercera interesada; y,
6. vi)Se encuentra en posesión del bien inmueble desde el 11 de noviembre de 2022, junto a su familia, en virtud a que se adjudicó dicho inmueble en el proceso ejecutivo conforme a la copia del acta de desapoderamiento efectuado por el funcionario notarial y el oficial de diligencias; por lo que, de acuerdo al art. 56.II del CPE, se debe garantizar su propiedad privada.

Teresa Blanca Choque Rivero, hoy tercera interesada y parte ejecutante del proceso ejecutivo, mediante informe presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., manifestó que:

1. a)El Tribunal de alzada, obró de manera correcta conforme a lo establecido en la SCP 0809/2018-S1 de 28 de noviembre, haciendo conocer las razones o motivos por los cuales se tomó la decisión, además de pronunciarse respecto a todos los agravios expuestos; por lo que, no existe vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y pertinencia ni de motivación;
2. b)Los accionantes no demostraron tener algún registro de derecho sobre el bien inmueble, lo cual habilita el rechazo de la oposición formulada;
3. c)Tampoco tienen legitimación activa para observar la sentencia con calidad de cosa juzgada, ya que en la etapa de ejecución y entrega del bien inmueble rematado solo corresponde la posibilidad de formular oposición con acreencia registrada en la Oficina de DD.RR. conforme al art. 427.II del CPC, en ese sentido, la documentación de respaldo de los accionantes data del 30 de julio de 2019, mientras que "...la inscripción de gravamen de embargo fue inscrita en matricula N° 3011990025920 en la gestión 2018..." (sic), siendo por tanto el documento privado un acto simulado y posterior;
4. d)Respecto a la presunta vulneración del derecho de acceso a la justicia, impugnación y defensa, deben ser reclamados en otro proceso ordinario y no dentro del proceso ejecutivo, debido a que no tienen ninguna acreencia registrada conforme a lo dispuesto por los arts. 378 y 379 del CPC;
5. e)Con relación al principio de pertinencia y congruencia, significa que el Tribunal de alzada debe circunscribirse a revisar la decisión del juez y los agravios expuestos en el recurso de apelación y la congruencia constituye el límite de las facultades resolutorias del juez que no puede conceder más de lo pedido, algo distinto de lo pedido o menos de lo pedido; empero, los accionantes pretenden que dentro del proceso ejecutivo que se encuentra en la fase de ejecución, se discutan sus reclamos como si fuera un proceso ordinario, lo cual no sería posible bajo el principio de seguridad jurídica y de certeza jurídica;
6. f)Los accionantes deben interponer contra la ejecutada Clara Ninfa Choque Rivero hoy tercera interesada exponiendo los reclamos planteados y no pretender hacer valer dentro del proceso ejecutivo, debido a que no son parte del proceso; y,
7. g)Julia Huanca Mamani ahora tercera interesada ya estaría en posesión del bien inmueble adjudicado desde el 11 de noviembre de 2022, situación que no puede ser desconocida sino más bien garantizada conforme al art. 56 de la CPE.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 134/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 132 a 136, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 267/2022, ordenando a los Vocales hoy accionados que emitan uno nuevo tomando en cuenta la normativa adjetiva civil y la jurisprudencia constitucional con la debida fundamentación, motivación y congruencia respondiendo a todos los puntos del recurso de apelación, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Los accionantes alegaron los siguientes agravios: la sentencia inicial no instruye la notificación con el mandamiento de embargo a los ocupantes y poseedores; asimismo, la sentencia no consigna el tipo de interés y su alícuota; no fueron notificados con el auto de señalamiento de remate; no se efectuó la inspección para la pericia practicada, el valor pericial del terreno y las construcciones eran menores al de su valor real; no existe justificación sobre cómo se determinó los precios unitarios de los terrenos y de las construcciones, ni se identificó el método de evaluación;
2. 2)Si bien los Vocales ahora accionados se pronunciaron sobre cada uno de los agravios; empero, establecieron conclusiones generales en todos los puntos, al afirmar que los accionantes no se constituían parte esencial del proceso ejecutivo, por lo cual no podrían hacer observaciones a los actos procesales cumplidos antes de su apersonamiento;
3. 3)Argumentaron que los accionantes no tendrían registrada ninguna medida cautelar, gravamen hipotecario ni anotación preventiva sobre el bien inmueble, que hubiera justificado la necesidad de notificación con el auto de señalamiento de remate;
4. 4)Sobre las observaciones al valor del dictamen pericial del terreno y de las construcciones no les correspondía a los accionantes como terceros sino al demandante y demandado del proceso ejecutivo, que son los suscribientes del documento base de ejecución; por lo que, los agravios expuestos no tendrían justificación legal;
5. 5)La intervención de los accionantes se debe a un incidente de nulidad y de oposición planteado en la fase de ejecución sobre la entrega del bien inmueble rematado, en razón a que hubieran suscrito con los deudores ejecutados un contrato de venta del bien inmueble objeto de litigio, lo que habilitaba la posibilidad de participar plenamente en el proceso ejecutivo exponiendo los agravios que juzguen necesarios para lograr un pronunciamiento de las autoridades; y,
6. 6)No sería loable que los Vocales ahora accionados circunscriban su decisión de manera ritualista y formal, de que no sean sujetos esenciales del proceso, sin analizar todos los antecedentes de la causa y brindarles una respuesta debidamente motivada, fundamentada y congruente que responda a todos los agravios, si bien existe una respuesta general a los agravios; sin embargo, la misma fue insuficiente.

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa, a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 267/2022 de 13 de julio, confirmando el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022, que rechazó el incidente de nulidad y oposición que formularon sus personas contra el mandamiento de desapoderamiento, vulnerando los siguientes derechos y garantías constitucionales:

1. i)Derecho de acceso a la justicia, por cuanto los Vocales hoy accionados no actuaron en el marco de lo dispuesto por los arts. 6 del CPC, 115 de la CPE, y la "SCP 1793/2014" al no aplicar el principio de verdad material, y no pronunciarse en el fondo de los agravios expuestos, por cuestiones formales que no podían ser aplicadas por encima del derecho sustancial o de la justicia material;
2. ii)Vulneraron el derecho a la defensa y a la impugnación como elementos del debido proceso, ya que el argumento central para confirmar el referido Auto Interlocutorio, fue que sus personas no eran parte esencial del proceso ejecutivo, omitiendo efectuar una interpretación literal del art. 27 del CPC, que permite constituirse en parte a los "...terceros en casos previstos por la ley"; además de no realizar una interpretación sistemática de los arts. 427.II; y 55 del CPC, que los habilita a intervenir como litisconsortes de una parte, reconociéndoseles las mismas facultades y obligaciones que a ella; por lo que, existiendo un contrato privado de pago parcial y compromiso de venta del inmueble objeto de la causa, se acredita que sus personas pagaron parcialmente el precio convenido, lo que les permitiría ser parte del proceso ejecutivo como terceros coadyuvantes litisconsorciales, debido a que en ejecución de sentencia podría verse comprometido su derecho sobre el bien inmueble al adjudicarse a otro tercero; y,
3. iii)Vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertenencia; por cuanto:
4. a)Respecto al agravio de falta de congruencia, exhaustividad y motivación con relación a los fundamentos del incidente de nulidad y oposición los Vocales hoy accionados no expresaron argumento alguno sobre la omisión de notificación con el embargo a sus personas, que la sentencia no establece el interés y la alícuota del mismo, no se efectuó la inspección en el inmueble para la pericia, el valor del terreno sería mayor a la de la pericia y de la construcción, no fueron considerados con el argumento de que no son parte esencial del proceso;
5. b)Con relación a que no fueron notificados con el auto de señalamiento de remate, establecieron que no tienen registrado ningún gravamen a su nombre para ser notificados conforme al art. 1479 del CC;
6. c)En cuanto al hecho de que nunca se efectuó la inspección del inmueble para la pericia practicada, no se pronunciaron;
7. d)Respecto a que el valor de terreno supera el valor pericial o comercial del inmueble, reiteraron que no son parte esencial del proceso, respondiendo de manera tangencial sin ingresar al fondo de los agravios expuestos;
8. e)En lo que respecta al valor de las construcciones que sería mucho mayor que el valor pericial establecido, reiteraron la misma respuesta; y,
9. f)Con relación a que no existe justificación sobre cómo se determinó los precios unitarios del terreno, construcciones y la identificación del método de evaluación, también replicaron la misma respuesta sin ingresar al análisis de fondo del agravio, confirmando de ese modo el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022.

En esa misma línea la SCP 0679/2018-S2 de 23 de octubre, estableció que: "...el derecho a la tutela judicial efectiva es básicamente el derecho de acceso libre a la jurisdicción o a la de justicia, que se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, derecho que tiene tres elementos constitutivos:

1. a)El acceso propiamente dicho a la jurisdicción;
2. b)Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto; y,
3. c)Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada".

Asimismo, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refiriéndose a la incongruencia omisiva y aditiva, asumió en siguiente entendimiento: ""...debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber:

1. a)Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y,
2. b)por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa". La SCP 0354/2021-S3 de 14 de julio, en cuanto al principio de pertinencia de las resoluciones, citando la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: "...la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que a momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales. Así el 0Auto Supremo 55 de 1 de abril de 1998, sostuvo que: 'Los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las pretensiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis'.