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TCP

0246/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0246/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 53112-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 29/22 de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Cristian Manceda Zarate contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves; y, gravísimas en accidente de tránsito, mediante el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2022, se dispuso su detención preventiva en la carceleta de Villa Montes, invocando los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

Contra dicha Resolución, interpuso apelación incidental, la cual fue resuelta mediante Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, emitido por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, quien declaró admisible e improcedente el recurso, ratificando la resolución impugnada, sin considerar los siguientes agravios:

  1. a)Se interpretó erróneamente el art. 223 del Código Penal (CP), relativo al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, que exige dolo y no resulta aplicable a accidentes de tránsito de carácter culposo;
  2. b)Se fundamentó indebidamente el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, ya que el Ministerio Público ni la parte civil demostraron objetivamente su concurrencia;
  3. c)Se aplicó incorrectamente el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad; toda vez que, la Jueza a quo no consideró lo establecido en la SCP "0185/2019", según la cual, la concurrencia de este riesgo procesal debe evaluarse a partir de la existencia de antecedentes penales previos al caso investigado; pese a ello, la autoridad jurisdiccional sostuvo que el imputado no presentó el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) en la audiencia de medidas cautelares, sin advertir que en esa etapa la carga probatoria recaía en el Ministerio Público y en la parte civil, basando su decisión únicamente en presunciones;
  4. d)Se fundamentó de manera deficiente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, ya que no se precisó sobre los testigos, peritos o partícipes en los que podría influir su persona como imputado, ni de qué manera obstaculizaría la práctica de las pericias anunciadas; además, al invocar la SCP "0301/2011", la Jueza a quo señaló que el riesgo de obstaculización se mantiene desde la imputación formal hasta la sentencia ejecutoriada; sin embargo, omitió considerar que la , establece que sostener la subsistencia de dicho riesgo hasta la existencia de una sentencia condenatoria vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pues la detención preventiva puede ser modificada o cesar en cualquier momento; y,
  5. e)La Jueza de primera instancia no tomó en cuenta lo dispuesto en el art. 232 del CPP, que prohíbe la detención preventiva para ciertos delitos, entre ellos el que se le atribuye, máxime cuando el imputado no se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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