Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 2 de octubre de 2019
Expediente: 31021-2019-63-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Santa Cruz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Juan Cala Ortega, Diputado Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 7, 8, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 36.VI, 45, 46 y 54 de la Ley Autonómica Municipal de Movilidad Urbana, Integral, Sostenible y Segura -Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1108 de 12 de abril de 2019-; y, 2.III, la Ley de Modificación a la Ley Autonómica Municipal 1108 -Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1125 de 13 de mayo de 2019-, por ser presuntamente contrarios a los arts. 7, 12.III, 21.7, 109.II, 117.II, 283, 284, 301.I.18, siendo lo correcto -302.I.18-, y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2019, cursante de fs. 34 a 44, el accionante demanda la inconstitucionalidad abstracta de los arts. 7, 30, 31, 32, 34, 35, 36.6, 45, 46 y 54 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1108; y, la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1125, argumentando que contravienen los arts. 7, 12.III, 21.7, 109.II, 117.II, 283, 284, 302.I.18 y 410.II de CPE; y, 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que con ello se lesionan los derechos al trabajo y a la "libertad de circulación", y los principios de taxatividad, seguridad jurídica, "de certeza y confianza plena" (sic), "de buena fe" (sic) y de reserva de ley.
Refiere que, la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1108, en su art. 2, señala como ámbito de aplicación a todos los ciudadanos y estantes del municipio de Santa Cruz de la Sierra, así como, a los operadores de servicio, cuyo objeto pretende sentar bases, normas y principios para la planificación, proyección, regulación, autorización, control, coordinación, implementación, gestión y la comprobación sobre la movilidad de las personas y bienes; además, del servicio de transporte y tráfico urbano, de manera sostenible y segura, por lo que, evidentemente constituye una disposición de carácter general no dictada para un caso concreto; partiendo de ello, se demanda la inconstitucionalidad de los citados artículos de la nombrada Ley, dictada por el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que tiene aplicación obligatoria y general para todos los estantes del indicado Municipio.
Si bien es cierto que, el art. "301".I.18, de la CPE, da competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos Municipales, estableciendo entre otras, el del "transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control de tránsito urbano" (sic), no es menos cierto que dichas competencias son exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales, y deben ser realizadas respetando la jerarquía normativa y pirámide kelseniana, como manda el art. 410.II de la Ley Fundamental, demostrándose que las competencias del ente territorial autónomo nacen de la Norma Suprema y son desarrolladas en su concepción a través de las leyes autonómicas municipales y reglamentadas por decretos municipales o demás resoluciones ediles y a la inversa ningún decreto edil podrá legislar competencias autonómicas ni una Ley Autonómica Municipal ir contra la Constitución Política del Estado, sus garantías y/o principios, bajo prevención de inconstitucionalidad de la norma que vulnere estos preceptos.
De esa manera, la Norma Suprema en relación a los Gobiernos Autónomos Municipales, determina la autonomía municipal conformada por dos órganos, así, en su art. 283, los identifica y que constituyen un Gobierno Autónomo Municipal: el Concejo Municipal y el Órgano Ejecutivo presidido por el Alcalde; y, presenta como característica lo estipulado en el art. 12.III de la CPE, que indica que las funciones de los Órganos públicos no pueden ser reunidos en un solo Órgano ni son delegables entre sí, peor aún sus funciones.
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