Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2019-S1 Sucre, 15 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26151-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución "8" de 23 de octubre de 2018, cursante de fs. 532 a 537 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Celia Vicente Flores contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 y 15 de octubre ambos de 2018, cursantes de fs. 502 a 510; y, 519 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de septiembre de 2015, Nemecio Veizaga Zapata -ahora tercero interesado- interpuso la demanda de división y partición de inmueble común no sucesorio contra Florencio Fernández Gonzáles -también tercero interesado- como copropietario del inmueble y contra su persona como tercerista de dominio excluyente y actual poseedora del 50% de dicho inmueble, planteando en la oportunidad excepciones de incompetencia y litispendencia, así como la suspensión del proceso y la tercería de dominio excluyente.
Posteriormente, el demandante del proceso solicitó adecuación del mismo a las reglas de la nueva legislación procesal, expresando textualmente: "...suplico a su autoridad quiera dignarse de emitir providencia expresa de conversión del proceso sumarial en ORDINARIO y consiguientemente se sirva adecuar la causa a las reglas de transito de la nueva legislación procesal" (sic), a raíz de lo cual, se dictó el Auto de 4 de mayo de 2016, por el que el Juez a quo determinó para el caso la "ampliación" de la norma del Código Procesal Civil, concediendo a las partes de oficio el plazo de quince días comunes para la proposición de los medios probatorios de la demanda, reconvención, contestación a ambas y excepciones, señalándose que vencido el plazo se fijaría la audiencia preliminar, en ese entendido y una vez cumplido dicho término, se emitió el Auto 170/17 de 14 de abril de 2017, fijando audiencia preliminar para el 24 de mayo de ese año, la cual por una serie de circunstancias fue suspendida.
Pese a las determinaciones asumidas por los Autos de 4 de mayo de 2016 y de 14 de abril de 2017, así como el desarrollo de las actuaciones realizadas con base a los mismos, el 6 de septiembre del mencionado año el Juez de la causa, resolvió: "...en sentencia FALLA: declarando PROBADA la demanda de estructura monitoria de cese de copropiedad (...) presentada por Nemecio Veizaga Zapata e improbadas las excepciones..." (sic), de lo cual se observa que el proceso se dio inicio con el "procedimiento civil abrogado", pero que en el transcurso del mismo entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Civil; por lo que, a pedido de la parte demandante se procedió a regularizar el proceso sumario a un proceso ordinario; sin embargo, al momento de emitir Resolución el Juez a quo pronunció Sentencia declarando probada la demanda de estructura monitoria de cese de copropiedad, la cual requiere una sentencia inicial previamente.
Ante tal pronunciamiento, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 191/17 de 6 de septiembre de 2017, observando los siguientes agravios:
- a)Violación del derecho al debido proceso y al "principio normativo";
- b)Lesión al referido derecho en su vertiente de congruencia, coherencia y principio de legalidad; y,
- c)Apelación a la improcedencia o rechazo de la tercería de dominio excluyente; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy autoridades demandadas- sin realizar un mínimo análisis de los presupuestos y con una carencia total de fundamentación y congruencia, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, a través del Auto de Vista 158/18 de 17 de abril de 2018 y Auto complementario 66/18 de 20 de junio de igual año, confirmaron la Sentencia emitida.
Así, el Auto de Vista cuestionado no contiene sustento legal ni constitucional alguno, siendo emitido sin la fundamentación ni congruencia requerida; toda vez que, no existe ningún tipo de explicación que dé cuenta del por qué la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia 191/17.
Por otro lado, el fallo de alzada contrariamente a lo solicitado de su parte, estableció que su persona habría cuestionado la determinación de tramitar el proceso bajo las reglas del proceso ordinario, cuando ello no es evidente, pues su denuncia más bien radicó en el reclamo de que habiéndose determinado que el proceso se desarrolle bajo las normas del proceso ordinario, finalmente se concluyó con una Sentencia de estructura monitoria.
Asimismo, los Vocales demandados no emitieron pronunciamiento alguno respecto a las contradicciones existentes entre el petitorio efectuado y la Sentencia dictaminada, pues la solicitud del demandante estaba referida a la división y partición del bien inmueble común no sucesorio, pero la Sentencia falló declarando probada la demanda de estructura monitoria "...DE CESE DE COPROPIEDAD..." (sic) e improbada las excepciones; por lo que, al no pronunciarse al mismo las autoridades de alzada incurrieron en una incongruencia citra petita.
De la misma forma, las mencionadas autoridades del Tribunal de alzada incurrieron en una incongruencia omisiva, pues no se pronunciaron en lo absoluto sobre su primer agravio formulado que tiene que ver con la vulneración del derecho al debido proceso y al principio normativo, en base al cual se reclamó que sus derechos de dominio sobre el bien no se encontraban registrados ni perfeccionados; por lo que, el Juez a quo no debió considerarla como copropietaria, determinando la subasta y remate de la integridad de inmueble cuando su persona es actualmente poseedora del 50% del mismo; aspecto sobre el cual, no existió pronunciamiento alguno.
Sobre su segundo punto de agravio, las autoridades demandadas señalaron que si su persona pretendía impugnar el procedimiento debió formular su reclamo en la vía de saneamiento procesal y en la etapa preliminar; y, que al no haberlo hecho dio lugar a que dicha impugnación sea desestimada por extemporánea, lo cual sostiene, es un argumento arbitrario y alejado de la verdad material y formal, pues a su criterio habiéndose determinado que el proceso se desarrolle conforme al proceso ordinario no correspondía que la prenombrada reclame tales aspectos en la etapa de saneamiento procesal y audiencia preliminar, porque hasta antes de la emisión de la Sentencia, el procedimiento se estaba desarrollando conforme al proceso ordinario, no siendo necesario solicitar el saneamiento.
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