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TCP

0247/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 0247/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0247/2026-CA Sucre, 8 de mayo de 2026

Expediente: 83756-2026-168-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución 14/2026 de 16 de abril, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada por Brismark Garnica Becerra, Presidente y Grover Cruz Chayña, Concejal Secretario, ambos del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Vinto del departamento de Cochabamba, por la que rechazaron promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Omar Terceros Benavides demandando la inconstitucionalidad del art. 19. 6) y 7) de la Ley Municipal de Fiscalización -Ley 6 de 9 de mayo de 2014-; y, los arts. 117 al 122 del Reglamento General del Concejo Municipal de Vinto aprobado por Resolución Ministerial (RM) 43/2029 de 24 de septiembre, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 12.I, 14.IV, 108. 8, 109, 116.II, 117.I, 272, 283, 299.II núm. 14 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 10 de abril de 2026, cursante de fs. 2 a 26; y remitido a la Comisión de Admisión de este Tribunal el 5 de mayo del mismo año cursante a fs. 33 vta., el accionante señaló que; en su condición de Jefe de Desarrollo Productivo del GAM de Vinto promueve la acción de inconstitucionalidad concreta de los arts. 19 núm. 6) y 7) de la Ley 6 y los arts. 117 al 122 del Reglamento General del Concejo Municipal de Vinto, dentro del proceso de fiscalización e interpelación seguido en su contra por presuntas irregularidades y omisiones vinculadas al programa denominado "...ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS FORTALECIENDO LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VINTO..." (sic.); indica que en sesión extraordinaria de 27 de marzo de 2026, el Pleno del Concejo Municipal de Vinto, interpelo al accionante al haber declarado insatisfactorias las respuestas expresadas en relación al Playón de Charinco y proyectos de atajados en el Distrito de Machajmarca, emitiéndose la Nota Cite C.M.V. 175/2026 de 1 de abril, dirigida a el Alcalde del GAM de Vinto haciéndole conocer la censura, solicitando su destitución como dependiente del Órgano Ejecutivo Municipal

Manifiesta que, las normas impugnadas incorporan indebidamente la interpelación y la censura con efecto destitutorio como mecanismos de fiscalización municipal, sin considerar que la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014- no reconocen al Concejo Municipal la atribución de censurar y disponer la destitución de servidores públicos que dependen del Ejecutivo Municipal; indica que, el art. 16 inc. 16) de la Ley 482, prevé como medios de fiscalización las peticiones de informes escritos u orales, inspecciones y otros mecanismos previstos en la normativa vigente, pero no la censura como potestad sancionatoria ni como causal de destitución, manifiesta que el art. 158.I.18 de la CPE identifica la interpelación como una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto de Ministras y Ministros de Estado, no de los gobiernos autónomos municipales.

Refiere que, la destitución de un servidor público, adquiere naturaleza sancionatoria; por lo que su aplicación vulneran los principios de legalidad, tipicidad sancionadora, debido proceso, separación de funciones y supremacía constitucional, al permitir una sanción sin ley previa, sin procedimiento de determinación de responsabilidad y sobre la base de una valoración política del Concejo Municipal, los servidores públicos municipales se encuentran sujetos al régimen de responsabilidad por la función pública previsto en la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, de modo que cualquier responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil o penal debe ser determinada por las instancias competentes y mediante el procedimiento correspondiente.

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