Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 55587-2023-112-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 52/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 125 a 129 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elbert Roger Flores Zeballos contra Agustina Rocio Márquez Espinoza, Jueza Público de Familia Segundo de la Capital del Departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 70 a 73, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda ordinaria de división y partición de bienes gananciales instaurada por Yolanda Escobar Rengel -ahora tercera interesada- contra su persona, interpuesta el 15 de febrero de 2023, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 40141110; contestó negativamente, formuló oposiciones de hechos pretendidos, e interpuso excepción de falta de acción y derecho; en el que, emitió decreto que de 23 de marzo de ese año; puesto que, la Jueza ahora accionada, dispuso el traslado de dicha excepción y en cuanto a la petición de inspección judicial dispuso que sea con noticia contraria.
En ese sentido, la ahora tercera interesada por memorial cursante de fs. 52 a 57, ofreció prueba; por el que, se emitió decreto de 30 de marzo de 2023, dando por ofrecida la prueba documental con noticia contraria; al considerar que la prueba documental fue presentada de manera extemporánea, la misma debía ser presentada junto con la demanda, interpuso recurso de reposición contra dicho decreto, dejando presente que se estaban incorporando nuevos hechos.
Es así que mediante Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2023, se confirmó el decreto de 30 de marzo de igual año, rechazando el recurso de reposición interpuesto por su persona, vulnerándose sus derechos a partir de la misma, pues omitió señalar cuestiones que son materia de expresión de agravios en el recurso de reposición, al no constar en la resolución los agravios fundamentados que conforme a la jurisprudencia constitucional es imprescindible exponer los hechos como parte de la fundamentación, no realizó una fundamentación legal, cita de normas que sustentan la parte dispositiva, de modo que la resolución cuestionada carece de una estructura no solo de manera sino de fondo; debido a que, no genera ningún convencimiento, menos satisface los puntos demandados, obviándo expresar convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, limitándose en el acápite que denomina argumento dos del considerando último, referido a deferir el ofrecimiento de prueba extemporánea, sosteniendo que aplicó el art. 331 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-.
La Jueza hoy accionada justificó que admitió el ofrecimiento de prueba extemporánea por el principio de verdad material mediante un simple decreto, cuanto correspondía emitir un auto fundamentado para disponer prueba de oficio en ese momento procesal, porque como presupuesto debe determinar el objeto del proceso y el objeto de la prueba, a partir de lo que nace un criterio de la necesidad excepcional de disponer medios de prueba documental, cuya finalidad es resguardar el referido principio previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), advirtiéndose que la juez ahora accionada, copió las actuaciones que se realizaron en la audiencia preliminar, sin ninguna labor intelectual; ya que, no constituye una motivación, para luego confirmar el decreto de 30 de marzo de 2023.
En ese sentido, la Jueza hoy accionada sostuvo implícitamente que se puede aplicar la prueba de oficio hasta antes del verificativo de la audiencia donde se produzca y reproduzca la misma, pudiendo ser inclusive en la audiencia complementaria, careciendo de coherencia la resolución; pues no, existe concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, cuando correspondía acoger la reposición y revocar el decreto de 30 de marzo de 2023.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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