Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2022-S4 Sucre, 3 de mayo de 2022
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad
Expediente: 38425-2021-77-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 45/2020 de 12 de agosto, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gerardo Alborta Vejarano contra Elena Julia Gemio Limachi, Sixto Justo Fernández Fernández y Rolando Mayta Chui, Jueces del Tribunal Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2020, cursante de fs. 1 a 3, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y estafa, el 14 de julio de 2020, solicitó cesación a su detención preventiva, toda vez que, se encuentra detenido preventivamente desde el 15 de septiembre de 2015, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.
Señala que el 21 de febrero de 2019, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación le concedió la cesación a la detención preventiva, disponiendo cumpla detención domiciliaria; no obstante, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, continua con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Pese a que en actuados cursa acusación fiscal, acusación particular y apertura de juicio en su contra por los delitos antes citados, no existe una sentencia condenatoria o absolutoria en relación a su persona, destacando que ese tipo de dilaciones en el normal desarrollo del proceso no son atribuibles a su defensa.
Alega que, conforme la jurisprudencia constitucional, los fiscales y las autoridades judiciales o administrativas, deben atender dentro de un plazo razonable las solicitudes o trámites de las personas privadas de libertad; sin embargo, no se cuenta con una Resolución de su solicitud de cesación a la detención preventiva para saber si fue negada o concedida, pese a haber solicitado la notificación, de manera que pueda tomar conocimiento del resultado de la misma y recurrir como en derecho corresponde.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante consideró lesionados sus derechos a la libertad y el debido proceso, citando al efecto a los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (DADH); 7 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; y, 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó: "se conceda la tutela solicitada en la presente acción, sea en el marco de los derechos vulnerados y la jurisprudencia citada. Por haber vulnerado el principio de celeridad y el debido proceso. Por una dilación injustificada en resolver mi petición de libertad sea en el día" (sig).
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 12 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, en presencia de Josué Pinto, Director del Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP) de La Paz, en representación del accionante y en ausencia de las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación ampliación de la acción
El impetrante de tutela a través de su abogado, ampliando la acción de libertad, refirió que de forma extra oficial se tiene que se habría negado la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada el 14 de julio de 2020; empero, hasta la fecha de la audiencia virtual no se hubiera notificado la respectiva Resolución, de manera que pueda interponer el recurso de alzada correspondiente; por lo que solicita se conmine a las autoridades demandadas, que por el personal sub alterno de su Tribunal, se notifique con la Resolución que resuelve su pedido de cesación a la detención preventiva y así pueda hacer uso de los recursos de impugnación pertinentes.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
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