0249/2020-S1

Solicitan se conceda la tutela impetrada, y se disponga:

1. a)Libertad de sus personas;
2. b)Nulidad de la ampliación de imputación formal de 10 de abril de 2019;
3. c)Nulidad del acta de audiencia de medidas cautelares de 12 del mismo mes y año; y,
4. d)Nulidad del Auto de Vista de 22 de mayo del citado año.

La parte accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en su demanda de acción de libertad, añadiendo en audiencia lo siguiente:

1. 1)Fueron aprehendidos a horas 15:30 del día 9 de abril de 2019, por supuestos delitos cometidos en un día anterior; no obstante aquello, bajo el argumento de la comisión de delitos en flagrancia, fueron conducidos a la localidad de Montero del departamento de Santa Cruz, aproximadamente a horas 23:00;
2. 2)Debido a la presión del representante de Derechos Humanos, procede el funcionario policial Jhonny Alarcón Ticona a elaborar un informe de acción directa sobre los delitos que se les endilga, para que en base a dicho documento procedan a su aprehensión y conducción a la Fiscalía Departamental en calidad de aprehendidos;
3. 3)El Fiscal de Materia, los imputó basado en un informe de la investigadora asignada al caso; sin embargo, de la revisión de dicho informe, éste manifiesta que no cursa ningún elemento o indicio para sustentar que los aprehendidos serían con probabilidad autores de los delitos que se les endilga, a ello se suma que de la revisión a las declaraciones de las supuestas víctimas, en ninguna parte hacen mención a sus identidades; aspectos que consideran que debieron ser corregidos por el Juez de garantías;
4. 4)Instalada de manera demorada la audiencia cautelar, el representante del Ministerio Público presentó una ampliación de imputación basándose en un Informe del Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP) del cual no fueron notificados inicialmente, vulnerando su derecho a la igualdad de las partes, además que en el referido informe técnico, no figuran las conversaciones, los números de celulares de ninguno de ellos;
5. 5)Llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares después de las setenta y dos horas de encontrarse aprehendidos la misma se ha vulnerado su derecho al debido proceso; toda vez que, de la revisión al acta -no precisa de qué audiencia-, se les endilga un hecho del cual no tuvieron conocimiento, y que tampoco se encuentra registrado sus nombres, únicamente existe la declaración de Cinthia Castellano de Crespo, presunta representante de Derechos Humanos del municipio de Yapacani del departamento de Santa Cruz, empero de ninguna manera manifiesta algo en contra de sus personas;
6. 6)Existe la declaración de la persona que responde al nombre de Solange Aponte Canaviri, empero no señala en qué ilícitos hubieran incurrido; asimismo, existe la declaración de la supuesta víctima que responde al nombre de Simar Coa Solamayo a quien supuestamente se le pidió dinero, sin que señale sus nombres;
7. 7)En el cuaderno procesal consta informe preliminar elaborado por la funcionaria policial María Luisa Guaygua, la cual refiere acerca de los hechos ocurridos; sin embargo, no existe indicios que los involucre;
8. 8)La supuesta víctima no los identificó en el desfile realizado, que además dicho desfile lo realizaron sin la presencia de sus abogados defensores; asimismo, denuncian una serie de actuaciones defectuosas;
9. 9)En cuanto al riesgo procesal del peligro efectivo para la víctima, no han demostrado en qué forma existiría tal peligro, máxime si en ningún momento se los encontró en posesión de dinero alguno, en tal sentido manifiestan que el Ministerio Público no puede emitir una imputación de manera subjetiva en la que no demuestre de manera imparcial los riesgos que estima latentes, por lo que afirman una falta de fundamentación y motivación sobre los mismos;
10. 10)Los riesgos procesales considerados en la situación procesal, fueron tomados en cuenta sobre la base de meras presunciones, cuando conforme prevé la "SC 276-S", establece que la parte acusadora deberá acudir a la audiencia y demostrar la existencia de elementos de convicción y la concurrencia plena de los dos requisitos para aplicar la extrema medida de la detención preventiva, en la que no permite fundar una solicitud de dicha medida basada en meras presunciones; en el presente caso la imputación formal se basa en meras suposiciones desconociendo el principio de objetividad;
11. 11)El Juez de primera instancia no tomó en cuenta el principio de excepcionalidad para aplicar la medida extrema, así también, manifiesta que se emitió una primera imputación para más tarde emitirse una segunda, aspecto que consideran una falencia procesal;
12. 12)No existe prueba indiciaria que los comprometa, razón por la que consideran que debe anularse la audiencia cautelar así como el Auto de Vista que resolvió la apelación incidental, máxime si éste último acto emanado de los Vocales demandados únicamente se limita a reiterar la fundamentación del Juez a quo, realizando una mera lectura de dichos fundamentos para pasar a emitir su decisión confirmando la determinación de detención preventiva venida en apelación incidental, vulnerando consigo el derecho al debido proceso; y,
13. 13)Afirma que el Juez de la causa incumplió con lo previsto en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, una vez aprehendidos el 10 de abril de 2019 y puestos a disposición del citado Juez, recién su audiencia cautelar fue substanciada el 12 del mismo mes y año, lo que pone de manifiesto un evidente incumplimiento a la normativa señalada, constituyendo en un defecto absoluto que causó indefensión en vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, por el incumplimiento a los plazos procesales, conforme prevé el art. 130 de la norma adjetiva penal, citan al respecto la "0SC 056/2008-S3 de 19 de marzo" (sic), y señalan la existencia de defectos absolutos en cuanto a la sustanciación de la audiencia cautelar.

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/19 de 31 de mayo de 2019, cursante de fs. 20 a 25, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Hace mención a la SCP 0761/2013 de 11 de junio, y afirma que de una revisión al cuaderno procesal y antecedentes, se tiene que el Juez de primera instancia, emitió una resolución de detención preventiva debidamente sustentada y motivada, desglosando cada uno de los riesgos procesales y conforme al art. 314 del CPP, procedió a resolver los incidentes que fueron planteados por la defensa, sin que se evidencie una vulneración a sus derechos;
2. ii)En relación al Auto de Vista emitido por los Vocales demandados, se tiene que fundamentaron y motivaron cada uno de los agravios que se interpusieron en la apelación incidental así como sustentaron la decisión del Juez a quo, razón por la que conforme a las SSCC 0761/2013 de 11 de junio y SCP 0663/2018-S3 de 4 de diciembre de 2018, y una vez ejercido un control de las resoluciones emitidas sin ingresar a analizar los elementos de prueba, por no ser atribución de la instancia constitucional, sino únicamente revisándola debida fundamentación y motivación de la resolución que emitió el Tribunal de alzada, se advierte que ingresó a realizar una debida valoración probatoria, sin que se evidencie una vulneración a su derecho al debido proceso en su esfera a la motivación y fundamentación, toda vez que cumplieron con dicha exigencia;
3. iii)No se advierte vulneración de derechos más aún cuando la defensa en la audiencia de apelación de medidas cautelares en ningún momento fundamentó ante los Vocales demandados respecto a los incidentes o defectos absolutos, limitándose a exponer y tratar de desvirtuar los riesgos procesales que fueron considerados respecto de su situación jurídica;
4. iv)La parte accionante, pretende que a través de la presente acción tutelar se ingrese a una nueva valoración probatoria y actuaciones que han sido realizados conforme a procedimiento; y,
5. v)En relación al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 y 2 del CPP, y que el mismo no hubiera sido sustentado por el Juez de primera instancia; al respecto, afirma que la parte solicitante de tutela cuenta con el derecho de impugnación conforme prevé el art. 250 de la norma adjetiva penal, cita al respecto la SCP 0239/2017-S3 de 27 de marzo y SCP 0663/2018-S3 de 4 de diciembre, y afirma que debido al carácter instrumental de las medidas cautelares, no corresponde ser analizado en la presente acción de defensa.