0250/2023-S1

I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 14 y 24 de enero de 2022, cursantes de fs. 40 a 46 y 51 a 52 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, se presentó dos excepciones durante la audiencia de juicio oral del 30 de marzo de 2021, una por falta de acción y otra por la extinción de la acción penal debido al vencimiento del plazo máximo del proceso. Para apoyar la segunda excepción, se adjuntó una auditoría jurídica. Posteriormente, en la audiencia del 8 de abril de 2021, tanto el Ministerio Público como la parte querellante respondieron a las excepciones presentadas. En una audiencia subsiguiente, de 20 de abril del mismo año, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió el Auto Interlocutorio 28/2021. En este documento, se declaró procedente la excepción de falta de acción y se rechazó la excepción de extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso. Ante tal decisión, se llegó a formular apelación incidental, que fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 204 de 19 de julio de 2021, que declaró inadmisible el recurso de apelación, argumentando que el memorial no estaría firmado por el interesado y los abogados "...no hay ninguna solicitud formal para plantear una excepción", por lo que la apelación es inadmisible por no reunir los requisitos mínimos para ser considerado por el Juez. Esta decisión se tomó a pesar de que las excepciones se habían planteado de manera oral durante la audiencia de juicio, presentándose asimismo auditoría jurídica en calidad de prueba, pero no fue considerada. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos legalidad, valoración de la prueba, debida fundamentación y motivación; citando los arts. 115.I y II; 117.I, 119.II, 120.I, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga anular el Auto de Vista 204 de 19 de julio de 2021, ordenándose se emita nueva resolución conforme a derecho, respetando el procedimiento. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Efectuada la audiencia pública el 4 de febrero de 2022, según acta de fs. 74 a 88 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogado, en audiencia, procedió a ratificar los términos de la acción de tutelar y ampliando los fundamentos señaló que al parecer los Vocales demandados se confundieron porque las excepciones no fueron rechazadas in limine como señalan, se plantearon en la audiencia de juicio oral y lo que se presentó es una auditoria jurídica, no así un memorial que tenga que estar firmado por la parte y su abogado. I.2.2. Informe de las autoridades demandada Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera y Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Primera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni oral, pese a su legal notificación cursante a fs. 60 y 61. I.2.3. Intervención de terceros interesados Wilden Nallar Noda y Lorgio Forteza Moreno, en calidad de terceros interesados, mediante memoriales presentados el 24 de enero de 2020, cursantes a fs. 54 y 56, señalaron que se adhieren a la acción de amparo constitucional y piden se considere su legitimación activa. Posteriormente, en la audiencia tutelar a través de su abogado ratificaron su adhesión a la acción interpuesta y ampliando los fundamentos señalaron: Que en relación a la excepción de falta de acción se dio curso a la apelación de la parte civil, con el fundamento que no se puede plantear una excepción de atipicidad, aspectos que la parte civil no observó en su apelación, por lo que solicitan se les conceda a ellos también la tutela y se ordene a la Sala Penal Tercera emitir nuevo auto de vista tomando en cuenta los aspectos que no fueron valorados en su momento. Jorge Abraham Garret Gaona, tercero interesado a través de su abogado en la audiencia señaló que la acción de amparo constitucional resulta improcedente porque:

1. a)En realidad el accionante plantea la excepción de extinción de la acción penal por plazo y se adhiere a la excepción de falta de acción opuesta por los otros coimputados adjuntando como prueba una auditoría procesal que no ha sido corrida en traslado y tampoco fue formulada oralmente;
2. b)No puede buscar anular el Auto de Vista cuando éste resuelve otras dos apelaciones incidentales distintas; y
3. c)Respecto a las adhesiones que realizan, se encuentran fuera del plazo de los seis meses dado que en la audiencia de 19 de julio de 2021, ninguno de los dos terceros interesados hicieron conocer alguna queja. Erwin Jiménez Paredes, Fiscal de Materia; en la audiencia solicitó se deniegue la tutela y señaló que la apelación incidental no se interpuso en la audiencia y el Auto de Vista 204 de 19 de julio de 2021, declara la inadmisibilidad porque el recurso de apelación no se encontraba firmado ni por el hoy accionante ni su abogado. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 23/2022 de 4 de febrero y su Auto de Complementario, cursantes de fs. 83 a 88 vta., concedió la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 204 de 19 de julio de 2021, ordenando que los Vocales demandados se pronuncien de forma inmediata sin espera de turno y dispensándose de sorteo. Todo bajo los siguientes fundamentos:
4. 1)En la fase del juicio oral las excepciones y los incidentes deben ser presentados de manera oral o verbal;
5. 2)Las autoridades demandadas confunden la interposición la excepción con la presentación de la auditoría que no lleva firma del abogado y tampoco del ahora accionante, no siendo necesario que la auditoría jurídica esté firmada por el impetrante y su abogado;
6. 3)Ni el Juez ni las partes observaron la presentación de la auditoria y no era objeto de debate;
7. 4)El Auto de Vista no se pronuncia sobre el Auto que rechaza la extinción por duración máxima del proceso; y
8. 5)No se puede considerar la ampliación de fundamentos distintos a la acción de amparo constitucional, ya que se dejaría en indefensión a las autoridades demandadas. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de juicio oral de 30 de marzo de 2021 del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Jorge Abraham Garret Gaona contra Denald Andrés Chávez Egüez y otros, acto procesal en el cual se formularon excepciones de extinción por duración máxima del proceso y falta de acción por los acusados incluido el ahora accionante (fs. 12 a 19). II.2. Consta acta de audiencia de juicio oral de 6 de abril de 2021 en la cual el Ministerio Púbico y la parte querellante contestan a las excepciones formuladas por los acusados (fs. 19 vta. a 26). II.3. Mediante acta de audiencia de 20 de abril de 2021, se evidencia que el Juez de Sentencia Penal Segundo emite dos Autos Interlocutorios, en el primero declara improbado el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso formulado por Denald Andrés Chávez Egüez; y en el segundo declara probada la excepción de falta de acción planteada por Wilden Nallar Noda, Lorgio Fortaleza Moreno y Denald Andrés Chávez Egüez (fs. 26 vta. a 38). II.4. Por acta de audiencia de consideración de apelación incidental de 19 de julio de 2021, se observa que los Vocales demandados tramitaron la apelación de los Autos Interlocutorios emitidos por el Juez de Sentencia Penal Segundo y mediante Auto de Vista 204 de la referida fecha disponen declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Denald Andrés Chávez Egüez y declaran admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y Jorge Abraham Garret Gaona (fs. 2 a 11).

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)Motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. ii)Revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
6. a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
7. b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
8. c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
9. d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
10. d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
11. d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

1. 1)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios:

1. a)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas;
2. b)La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
3. b.1)Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
4. b.2)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
5. b.3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación;
6. c)La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
7. d)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.