0251/2022-S3

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó los argumentos de su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliándola en audiencia, en derecho a la réplica, luego de escuchar el informe del ahora coaccionado, señaló que:

1. a)Se alega una supuesta falta de legitimación pasiva en relación al prenombrado, puesto que el mismo refirió que no sería de su competencia el cancelarle los subsidios adeudados, pero se debe tomar en cuenta que quien contrata directamente al personal del Gobierno Autónomo Departamental de Beni es el Director Departamental de Auditoria Interna, cargo que ocupa el coaccionado, por ende la regla de legitimidad pasiva sí le alcanza como contratante;
2. b)La tutela debe ser concedida con respecto a ambas autoridades accionadas, al efecto la SCP "756/2013", hace referencia a la flexibilización de las reglas de legitimación pasiva en las entidades públicas y privadas cuando se trate de protección de los derechos de los trabajadores, señalando que en aplicación de los principios pro actione y favorabilidad, se debe flexibilizar las formalidades procesales con la finalidad de lograr la eficacia máxima de los derechos fundamentales; y,
3. c)En ese sentido, al amparo de lo previsto en el art. 48 de la CPE, las normas laborales deben ser interpretadas y aplicadas bajo el principio de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, además tomando en cuenta el art. 120 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que establece que, la demanda será dirigida contra la parte a quien se reclama o contra su representante; es decir, toda demanda en contra la empresa o establecimiento y toda gestión, al gerente administrador o representante del empleador, será tomada como válida.

Fanor Amapo Yubanera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de "su representante legal", mediante informe escrito cursante de fs. 131 a 133 vta., señaló lo siguiente:

1. 1)La peticionante de tutela solicita que se le pague por concepto de subsidio de lactancia por nueve meses de asignaciones familiares la suma total de Bs18 000.-, y que se le haga la entrega y cancelación monetaria; sin embargo, de acuerdo al Informe 57/2021 de 30 de marzo, emitido por la Dirección Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se puede evidenciar que se adeuda a la accionante -por concepto subsidios familiares- dos subsidios prenatales de junio y julio de 2020 y seis lactancias desde agosto a diciembre de 2020, y de enero de 2021 (paquete con el valor de Bs2 000.-), haciendo ocho subsidios con un total de Bs16 000.- (dieciséis mil bolivianos);
2. 2)El Gobierno Autónomo Departamental de Beni es una institución pública y por los trámites de rigor "(MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA)", se solicita que el pago de asignaciones familiares -adeudado- sea en el plazo de veinte días de acuerdo a la resolución que sea emitida por el Tribunal -Sala Constitucional-;
3. 3)El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, en su art. 4 señala: "...Inc.
4. a)Asignaciones Familiares. Régimen de la Seguridad Social de Corto Plazo, consistente en prestaciones en especie (PRENATAL-LACTANCIA) y/o en dinero (Prenatal-natalidad -sepelio), que son otorgados por los empleadores a la titular/beneficiaria (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes" (sic); y,
5. 4)El mismo Reglamento mencionado en su art. 4 inc. e) establece que, el subsidio de lactancia consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos con alto valor nutritivo de origen nacional equivalente al pago de Bs2 000.-, acorde a normativa vigente, por cada hija (o) vivo, desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad; así también el art. 21 del citado reglamento, prohíbe otorgar el subsidio de lactancia en dinero; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela solicitada respecto al pago de subsidios adeudados en dinero.

Yasmani Aguirre Edgley, Director Departamental de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de informe escrito cursante de fs. 126 a 129, señaló lo siguiente:

1. i)En virtud al memorándum DEGO 021/2020 de 10 de septiembre, la autoridad ahora accionada, le designó en el cargo de Director Departamental de Auditoría Interna;
2. ii)Conforme lo dispone el Decreto Departamental 01/2017 de 3 de enero, en su art. 1.I.2, punto 2.2, se evidencia que la Dirección Departamental de Auditoria Interna se encuentra bajo dependencia directa del Gobernador de dicha entidad, en un nivel operativo concentrado, así también en el detalle de la estructura se puede observar la misma situación con relación al nivel de dependencia de la Dirección Departamental de Auditoría Interna con nivel concentrado dependiente del referido Gobernador, aspecto que también guarda coherencia con el organigrama básico que adjunta a su informe;
3. iii)Su persona como Director Departamental de Auditoría Interna, en ningún momento vulneró derecho alguno de la peticionante de tutela respecto a los beneficios reclamados como adeudados, ya que todas las solicitudes han sido debidamente remitidas conforme corresponde por conducto regular a la Dirección Departamental de Bienestar Social y Previsión Social -se entiende de la indicada institución- para que esa instancia proceda con los trámites administrativos y solicitud de pago ante la Secretaría de Administración y Finanzas, que a su vez tiene entre sus funciones formular, ejecutar y controlar la política fiscal departamental en materia de presupuesto, contaduría, tesorería, crédito público, política tributaria, política de endeudamiento y financiamiento externo, y controlar la ejecución presupuestaria;
4. iv)Por las funciones que cumple, no puede efectivizar el pago solicitado por la funcionaria hoy accionante, por aspectos que no son atribuibles a su dependencia, sino a la parte administrativa de dicha Secretaría, ya que son ellos los directos responsables de procesar los pagos a través de cheques bancarios;
5. v)En el 2021 se realizó la petición de modificación presupuestaria mediante nota de comunicación interna DADI 116/2021 de 22 de febrero, conforme corresponde por conducto regular, con la finalidad de cargar el presupuesto a la partida que corresponde para cancelar las asignaciones familiares adeudadas del 2020, existiendo el presupuesto necesario y por motivos ajenos a su Dirección no fueron cancelados por la mencionada Secretaría, y la cancelación que corresponde del 2021;
6. vi)Por lo expuesto carece de legitimación pasiva para ser accionado en la presente acción tutelar, así se tiene establecido entre otras en la SCP 0442/2012 de 22 de junio, cuando en su parte pertinente señala: "Al efecto, concierne puntualizar que la legitimación pasiva es la coincidencia que existe con la calidad adquirida por un servidor público o persona individual o colectiva que presuntamente con actos u omisiones ilegales o indebidos, provoca la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales y contra quien se dirige la acción"; y,
7. vii)Solicita se declare improcedente la acción de amparo constitucional en relación a su persona por carecer de legitimación pasiva, además que en ningún momento lesionó los derechos de la impetrante de tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 021/2021 de 31 de marzo, cursante de fs. 137 a 142 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte accionada, cancele los dos subsidios de prenatal correspondientes a los meses de junio y julio de 2020, y seis subsidios de lactancia correspondientes a los meses de agosto -a diciembre- de 2020 a enero de 2021, sea en dinero y en el plazo máximo de veinte días hábiles; así como la entrega en especie del subsidio de lactancia correspondiente al mes de febrero de 2021; en base a los siguientes fundamentos:

1. a)De los antecedentes se evidencia que la peticionante de tutela ingresó a trabajar a la Dirección Departamental de Auditoría Interna dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el 2 de enero de 2020; es decir, cuando se encontraba en gestación de su hija AA menor de edad, siendo por consiguiente beneficiaria la menor de los subsidios familiares establecidos por ley, concretamente el subsidio prenatal y de lactancia, reclamados a través de la presente acción tutelar;
2. b)El derecho a la seguridad social está protegido por la Constitución Política del Estado, así como por la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, que define qué son las asignaciones familiares, el subsidio prenatal, la lactancia y natalidad; por su parte el art. 111 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, establece que el subsidio familiar es un beneficio que debe ser entregado en su totalidad al beneficiario o a quien tenga la guarda del menor; en tal sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar el interés superior de todo niño, siendo prioridad que reciba protección y socorro en toda circunstancia;
3. c)En el caso de autos, nace la necesidad de precautelar los derechos de la menor de edad AA, en cuyo favor se formuló esta acción de defensa; es decir, garantizarle el acceso a la seguridad social y en general un desarrollo integral, traducido en el resguardo de su vida emergente del derecho que tiene a recibir en forma oportuna los subsidios adeudados, máxime cuando la accionante solicitó su entrega de manera pertinente sin haber obtenido respuesta alguna;
4. d)En el fondo, la impetrante de tutela reclama que las asignaciones familiares adeudadas sean pagadas en dinero, y al no existir justificación alguna de parte de los ahora accionados de que dichos subsidios hubieran sido entregados en especie en su oportunidad, corresponde conceder la tutela impetrada; y,
5. e)En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el ahora coaccionado -Yasmani Aguirre Edgley-, se concluye que ello no es evidente, ya que de antecedentes se tiene que la ahora peticionante de tutela fue designada para ocupar el cargo de Analista I, Auditoria, por el prenombrado; consiguientemente, cuenta con capacidad o legitimación pasiva en el caso de autos. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis. II. CONCLUSIONES

"a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;

1. b)Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS);
2. c)Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida" (el resaltado es nuestro).

De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero², sostuvo que: "El art. 45.II de la CPE, establece: 'La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: 'Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: '...el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son:

1. a)El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses;
2. b)El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y,
3. c)el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida'.