0252/2023-CA

Bajo esa premisa, señala como cargos de inconstitucionalidad de la aludida norma, los siguientes:

1. a)En cuanto a la vulneración del principio de jerarquía normativa, refiere que según el art. 410.1 de la CPE, "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa..." (sic); sin embargo, el precepto legal impugnado vulnera la libertad de asociación y al ejercicio libre de sus derechos políticos instituidos en los arts. 21.4 y 26.1 de la Norma Suprema, porque se pretende reglamentar a través de un Decreto Departamental; y para el caso de entes colectivos constituidos en personerías jurídicas, en caso de realizar actividades políticas partidarias, podría revocarse dicha personería;
2. b)El derecho fundamental a la asociación u organización, previsto en el art. 47 de la CPE, cuando dispone que: "...toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica licita..."; y según el art. 132 del Decreto Ley 3464 de Reforma Agraria, "Se reconoce la organización sindical campesina, como un medio de defensa de los derechos de sus miembros y de la conservación de las conquistas sociales. Los sindicatos campesinos intervendrán en la ejecución de la Reforma Agraria. Pueden ser independientes o afiliarse a organismos centrales"; siendo esa una forma de organización que ha recaído en las llamadas organizaciones sociales; empero, la disposición impugnada, prohíbe a toda esa población a ejercer sus derechos civiles y políticos, generando una muerte civil;
3. c)Transgrede los arts. 1 y 8 de la aludida Ley Fundamental, por cuanto el citado precepto legal tachado de inconstitucional puede ser utilizado para realizar una persecución y coartar derechos políticos, ya que la personería jurídica que no tenga el mismo pensamiento de la circunstancial autoridad de la Gobernación, se someterá a un proceso de revocatoria, que implica la vulneración de los principios sociales y democráticos de inclusión, tolerancia y participación del Estado Plurinacional de Bolivia;
4. d)En relación a la vulneración del principio de reserva legal, alega que el artículo cuestionado dispone restricción a los derechos fundamentales de los bolivianos como ser a la igualdad, bienestar común, vivir bien y de acceso a los derechos civiles y políticos, consagrados en los arts. 21, 22, 26 y 30 de la CPE; cuando por mandato del art. 109.II de la citada Ley Fundamental: "...Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley"; entonces los límites al ejercicio de los derechos fundamentales sólo pueden ser establecidos mediante ley en el sentido formal, vale decir que, solo el Órgano Legislativo tiene la potestad de establecer dichos límites y no como en el presente caso que se pretende restringir derechos mediante Decreto Departamental, como lo hizo el Gobernador y su gabinete, denotando un abuso de su facultad reglamentaria, pasando por encima derechos políticos que deben coexistir perfectamente con los derechos de libre asociación;
5. e)Por previsión de los arts. 1 y 13 de la Ley Fundamental , Bolivia es un Estado Constitucional y principal garante del ejercicio de los derechos, generando una protección por igual de todos y la característica de interdependencia de los derechos humanos esta relacionada al entendimiento respecto a que el ejercicio o vulneración de un derecho fundamental vincula al resto de los derechos; y lo descrito en el art. 5 inc. b) del Decreto Departamental CH 027/2013 prohíbe y restringe de forma indebida derechos políticos de los pueblos indígenas y originarios, implicando restricción a otros derechos como el de la libertad de asociación; y,
6. f)En cuanto a la progresividad de los derechos, el Estado debe ir reconociendo más y mejores derechos a la población complementando los ya reconocidos en el texto constitucional; empero, el artículo cuestionado se aleja completamente y más bien reduce y restringe derechos mediante un Decreto Departamental, promoviendo un peligroso camino de regular y limitarlos mediante normas infra legales.

En relación a la inconvencionalidad de la norma, señala que:

1. 1)Conforme al art. 9 de la CADH, no hay delito si la conducta punible no ha sido determinada taxativamente, indicando que: "Cualquier limitación o restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material..." (sic); y según el art. 109 de la CPE, el estado debe garantizar su materialización y protección del libre ejercicio de derechos políticos, sociales y culturales; es decir, que si las normas son insuficientes en la protección de derechos fundamentales, el Juez de oficio puede recurrir al derecho internacional a través del bloque de constitucionalidad, a objeto de aplicar la norma más favorable en derechos humanos; sin embargo, el precepto legal impugnado a más de atentar contra la jerarquía normativa, impone la sanción de revocatoria de personalidad jurídica en la vía administrativa, suprimiendo la posibilidad de ejercer el derecho a la ideología política dentro de la sociedad, siendo que se constituye en un derecho fundamental, permitiendo que funcionarios públicos y/o cualquier ciudadano a simple denuncia de que una organización social tenga actividad política, sea revocada la personalidad jurídica mediante otra resolución administrativa solo con base a un informe técnico, resultando contrario a los derechos civiles y políticos; y,
2. 2)Respecto de la progresividad de la norma, previsto por el art. 13 de la CPE, el Estado no solo debe generar una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos en constante evolución, sino que no puede adoptar medidas regresivas; así el art. 29 b) de la misma norma convencional, establece que ninguna disposición de dicha Convención puede ser interpretada en el sentido de "...limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho a la libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados"; sin embargo, el art. 5 inc. b) del citado Decreto Departamental, establece como prohibición y motivo de revocatoria de la personalidad jurídica, el hecho de realizar actividades político partidarias, lo cual se constituye en inconstitucional por ser regresiva cuando la norma suprema dispone que los derechos políticos son derechos fundamentales para cualquier persona sea esta natural o jurídica.

En mérito a la jurisprudencia establecida en la 0SCP 0664/2010-R de 19 de julio, solicita aplicación de medidas cautelares, argumentando lo siguiente:

1. i)El acto que pretende no se ejecute, se refiere a: "La inaplicabilidad del Inc. b) del artículo 5 del Decreto Departamental CH/N° 027/2013 de 11 de julio de 2013, en todos los tramites que vaya realizando en la Gobernación de Chuquisaca, entre tanto se resuelva la presente acción de inconstitucionalidad abstracta" (sic);
2. ii)En cuanto al daño o perjuicio a producirse de no adoptarse la petición solicitada, señala que de ejecutarse la normativa cuestionada inserta en el Decreto Departamental, se estaría revocando personalidades jurídicas de organizaciones sociales, generando muerte civil con preceptos absolutamente inconstitucionales e inconvencionales, ocasionando un daño y perjuicio irreparable e irremediable en el ejercicio de sus derechos, debido a que en la actualidad el Gobernador y sus funcionarios administrativos pretenden encaminar un proceso de revocatoria de la personería jurídica contra la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), que a través de su derecho a la libre determinacion tienen potestad de asociarse y velar por el mejor devenir y desarrollo de sus miembros bajo el ejercicio de sus derechos políticos; y,
3. iii)Respecto a la vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con la inconstitucionalidad denunciada, alega que el hecho de revocar personalidades jurídicas de organizaciones sociales, constituye una inobservancia flagrante a los parámetros constitucionales y convencionales de grupos que cuentan con protección reforzada.