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TCP

0252/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
12 de junio de 2026
Resumen del caso

Auto 0252/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0252/2026-RCA Sucre, 12 de junio de 2026

Expediente: 84615-2026-170-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 127/2026 de 28 de abril, cursante de fs. 91 a 92, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Isabel Valdivia Plata contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Eddy Junior Flores Quispe, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 16 y 24 de mayo -el primero vía buzón judicial-, de 2026, cursantes de fs. 3 a 14; y, 151 a 153 vta., la accionante manifestó que, el conflicto se originó a raíz de distintas denuncias penales interpuestas en su contra, por parte de la familia de su ex esposo; pues la primera denuncia registrada con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032500198, fue presentada el 18 de febrero de 2025, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP)- en perjuicio de sus tres hijos menores de edad; sin embargo, al no prosperar dicho proceso, Sharbel Brian Miranda Nemtala, de manera irregular, promovió una segunda denuncia el 6 de junio de 2025, por el mismo delito, esta vez únicamente respecto a dos de sus hijos menores de edad, originándose el proceso penal con CUD 201102032500686, que no lograba avanzar y al tener como único fin el poder quitarle a sus hijos menores de edad, el prenombrado, juntamente con Ana María Nemtala -madre del prenombrado-, presentaron una tercera denuncia por la supuesta comisión de otro hecho relativo al mismo delito, que dio lugar al proceso con CUD 201102032500704.

Las tres denuncias penales se sustentan en los mismos hechos, tienen las mismas víctimas y utilizan idénticos elementos probatorios, especialmente los informes psicológicos GAMLP/SMEDES/DDM/UDIF/PAIF/DNA/PSI 37/2025, 38/2025 y 36/2025, todos de 13 de marzo, correspondientes a los tres menores de edad involucrados.

El primer proceso con CUD 201102032500198 constituyó la causa principal de la cual derivaron los demás procesos; razón por la cual, al advertir la similitud de hechos, partes y objeto, planteó un incidente de acumulación de causas por vulneración del principio non bis in idem, que en respuesta el Juez de la causa emitió el Auto Interlocutorio 536/2025 de "29 de agosto" -siendo lo correcto 11 de septiembre-, a través de la cual, rechazó la solicitud de acumulación sin efectuar un análisis de fondo, argumentando únicamente que la petición había sido presentada fuera de plazo, Resolución contra la cual interpuso recurso de apelación; empero, la Sala Penal Primera mediante Auto de Vista 449/2025 de 16 de octubre, confirmó la decisión de primera instancia bajo el mismo fundamento, concluyendo que el Juez de primera instancia había actuado conforme a derecho.

En ese contexto, tanto la resolución de primera instancia como el Auto de Vista 449/2025 omitieron valorar adecuadamente los fundamentos expuestos en audiencia y las pruebas aportadas, las cuales, evidenciaban la existencia de una persecución penal múltiple respecto de un mismo hecho.

Finalmente, se vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, fundamentación y motivación; a la defensa y a ser oído, debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no realizaron un análisis jurídico adecuado de las causas; además que, no permitieron la acumulación de varios procesos penales sustentados en los mismos hechos y elementos probatorios; asimismo, las resoluciones emitidas carecieron de una debida fundamentación y no garantizaron la protección efectiva de sus derechos.

I.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La ahora peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, fundamentación y motivación; a la defensa y a ser oído; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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