Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0253/2026-CA Sucre, 18 de mayo de 2026
Expediente: 83835-20260-168-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Oruro
En consulta la Resolución 01/2026 de 20 de abril, cursante de fs. 14 a 17, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Segunda de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Giamil Marcelo Gamboa Flores, demandando la inconstitucionalidad del art. 188.I.15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, por ser presuntamente contraria a los arts. 115.II, 116.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 8 de abril de 2026, cursante de fs. 1 a 10, el accionante manifestó que se le inició proceso disciplinario a denuncia de Pamela Alcocer Villarroel y Naid Neme Amusquivar, registrado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 40207603, alega que desde el Auto de admisión, la autoridad sumariante calificó erróneamente su conducta como falta gravísima subsumiéndola a lo establecido por el art. 188.I.15 de la Ley 025 que señala "otras previstas por ley", vinculándola de forma arbitraria con los arts. 177 y 179 ter del Código Penal (CP), cuando -a su criterio- los hechos de la denuncia se adecúan a la falta disciplinaria prevista por el art. 187.14 de la misma Ley. Refiere que, a lo largo del proceso se denunció que el artículo impugnado funciona como una cláusula abierta que genera inseguridad jurídica; sin embargo, el Tribunal Disciplinario Segundo dictó resolución disciplinaria declarando probada la denuncia y aplicando la sanción extrema de destitución, ante lo cual interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución.
Alega que el legislador, a tiempo de regular la falta disciplinaria gravísima prevista por el art. 188.I.15 de la Ley 025 no respetó los derechos y garantías de las personas como el debido proceso, legalidad taxatividad, presunción de inocencia, non bis in ídem, independencia judicial y seguridad jurídica; pues, dicha disposición fue emitida en contradicción a lo previsto por el art. 115, 116.I, 117.I y II, 119.II de la CPE ya que pretende procesar y sancionar por segunda vez, hechos que ya fueron dilucidados y sancionados en otros procesos disciplinarios por la comisión de faltas disciplinarias.
En cuanto a la vulneración del principio de legalidad y taxatividad previstos por los arts. 116.II de la CPE y 7.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, señaló que la normativa impugnada constituye en "cláusula abierta" de indeterminación absoluta, al no describir una conducta fáctica específica y delegar la configuración de la falta gravísima a criterios subjetivos o tipos penales externos como los arts. 177 y 179 ter del CP. En ese sentido, afirma que, la norma permite que el Consejo de la Magistratura ejerza un poder sancionatorio arbitrario, desconociendo la exigencia constitucional de que las infracciones sean previas, estrictas y ciertas.
Respecto al debido proceso y el principio de verdad material, indicó que el art. 7.IX del referido Reglamento, garantiza el debido proceso; sin embargo, el artículo impugnado bajo la lógica de "retardación de justicia" penal; constituye un fraude a la Ley, además, la aplicación del art. 188.I.15 de la Ley 025 para sancionar una demora procesal quiebra el principio de proporcionalidad, el cual es un límite infranqueable a la potestad sancionadora del Consejo de la Magistratura según el art. 7.II del señalado Reglamento.
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