0254/2022-S1

Así, en mérito a la determinación asumida en la Sentencia 157/2017, interpuso recurso de apelación que fue de conocimiento de los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora autoridades demandadas-, quienes pronunciaron el Auto de Vista 047/2018 de 31 de enero, revocando parcialmente la indicada Sentencia, declarando probada la excepción de compensación y parcialmente probada la excepción de prescripción bienal de intereses hasta septiembre de 2015; no obstante, en dicho fallo de segunda instancia se incurrió en las siguientes ilegalidades:

1. a)Respecto a la excepción de falta de personería, su persona planteó el recurso de apelación acusando una errónea interpretación del art. 381.II.2 del Código Procesal Civil (CPC)1; toda vez que, la Jueza a quo desestimó dicha excepción indicando que se trataría de un defecto de forma, sin considerar que se opuso la indicada excepción debido a que no se acreditó documentalmente la nueva representación "...de los diferentes Órganos Judiciales y el marco de la actual estructura del mismo" (sic); no obstante, en relación a esta excepción, los Vocales demandados no respondieron a su agravio, pues se limitaron a señalar aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación, tales como, el presunto reconocimiento de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público efectuado por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI); la inexistencia de defectos de forma; la legitimidad en la actuación del mandatario de dicha Organización; y, la legitimación de la citada entidad. En tal sentido, se incurrió en argumentos inmotivados e incongruentes; y
2. b)Respecto a la excepción de prescripción del capital, se interpuso el recurso de apelación alegando que:
3. b.1)La Jueza a quo efectuó una sesgada apreciación de la prueba documental esencialmente relativa al contrato base de ejecución; empero, al respecto, los Vocales ahora demandados no responden de manera clara, precisa y concluyente; además, omitieron valoraron dicho contrato, el cual en su Cláusula Sexta prevé la "cláusula de aceleración" que se aplica en su caso al consignar que se ingresa en mora cuando se deja de cancelar el crédito, tal como constaban en los extractos presentados por la entidad demandante que no fueron considerados ni analizados por las autoridades judiciales demandadas; y, de forma incongruente confundieron la excepción de prescripción con la excepción de compensación; y,
4. b.2)Se incurrió en una "errónea interpretación y no aplicación" de los arts. 1493, 1497 y 1507 del Código Civil (CC)2; empero, los Vocales demandados no respondieron a dicho agravio, limitándose a señalar que su persona al plantear la excepción de compensación, automáticamente hubiese renunciado a la prescripción, lo cual no es evidente y no se ajusta a derecho.

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliándolos, manifestó que:

1. 1)En relación a la excepción de falta de personería, el Tribunal de alzada actuó con un criterio absolutamente sesgado e incongruente, estableciendo que la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público otorgó poder a Jorge Luis Zeballos Espada, quien tuviese toda la legitimación para accionar en la vía ejecutiva una demanda en su contra, debido a que la citada Mutualidad hubiese presentado una documentación de la ASFI que reconoce su vigencia; no obstante, no se consideró que a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la Mutualidad cambio su estructura; por lo que, la conformación de los miembros y del Directorio era diferente; y,
2. 2)En lo concerniente a la excepción de prescripción del capital, el Tribunal ad quem incurre en una errónea interpretación y valoración probatoria, pues con un criterio absolutamente sesgado se estableció que la prescripción operó "...desde que el derecho ha podido hacerse valor o desde que el titular ha dejado de ejercer, pero según la sala puede en el caso de autos habría una contradicción o habría una conexitud entre lo que significa la excepción de prescripción con la excepción de compensación, ese es un error en el que incurre la sala en cuanto a la interpretación y por ello revoca la decisión de la juez y declara improbada la excepción de prescripción en cuanto se refiere al tema de los intereses" (sic).

Ronald Alvarado Alba Montaño, Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, por escrito presentado el 19 de septiembre de 2018, cursante de fs. 281 a 285 vta., así como en audiencia pública, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que:

1. i)En relación a la excepción de falta de personería, el Auto de Vista 047/2018 se pronuncia de manera clara, explicando los motivos que sostuvieron su decisión; toda vez que, la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público es una institución debidamente reconocida, hecho que es acreditado con el contenido del Poder "213/2017", en el que se encuentra transcrito el reconocimiento de la personalidad jurídica realizada por el Ministerio de Autonomías;
2. ii)Al tenor de lo dispuesto por los arts. 1496.II y 365 del CC, no existe una valoración arbitraria o irrazonable respecto a que la excepción de compensación excluye la excepción de prescripción;
3. iii)De manera errada y forzada el peticionante de tutela pretende utilizar ésta acción de amparo constitucional para que se vuelva a considerar la figura de la prescripción del capital; empero, se debe tener presente que el espíritu de los arts. 1502, 1493, 508 y ss. del CC relativos a la prescripción, que señalan de manera clara que los plazos no se inician si existe una fecha o condición a vencer, y al efecto, el documento base de ejecución reconoce como fecha de vencimiento enero de 2017, no estando cumplido el mismo ni la condición dispuesta en la Cláusula Séptima relativa al incumplimiento de las amortizaciones por retiro forzoso, voluntario o fallecimiento que constituye al deudor en mora; por lo que, el plazo no se encuentra vencido; y, vi) El demandante de tutela solicitó que se compense la deuda que contrajo con las prestaciones a las que tiene derecho; consiguientemente, está reconociendo y autorizando la compensación; sin embargo, pide una prescripción, solicitamos se tenga presente que debemos erogar gastos para perseguir deudas ante la existencia de deudores que pretenden beneficiarse dolosamente de dineros sociales administrados sin fines de lucro.

El Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2018 de 19 de septiembre, cursante de fs. 308 a 311, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)De la lectura del Auto de Vista 047/2018 emitido por los Vocales demandados, no se evidencia la falta de fundamentación alegada por el solicitante de tutela; por cuanto, de manera clara se explicó porque consideran que la excepción de falta de personería en el ejecutante resulta improbada, señalando al respecto que el núcleo central de dicha excepción está ligada a la legitimación procesal de las partes o su representación en el proceso, de tal manera que lo observado no tiene incidencia para el objeto de la excepción, pues en el marco de lo señalado precedentemente, no se advierte carencia de legitimación en la entidad ejecutante para demandar ejecutivamente pues dicha figura se encuentra expresamente en el contrato como entidad acreedora;
2. b)Si bien, el accionante identificó la prueba que a su criterio no fue debidamente valorada por los Vocales demandados; sin embargo, no logró precisar de manera clara la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad o equidad al momento de su valoración; consiguientemente, no existe carga argumentativa suficiente que precise con claridad las razones por las cuales la valoración de la prueba afectó el derecho al debido proceso en sus componentes de correcta valoración de prueba, verdad material y prevalencia del derecho sustancial y la aplicación objetiva de las leyes;
3. c)El impetrante de tutela se limitó a manifestar que el Auto de Vista cuestionado no responde de manera clara, precisa y concluyente, respecto a la excepción de prescripción de capital incurriendo en un error de hecho y de derecho respecto a la interpretación correcta de los arts. 1492.I, 1493, 1497 y 1507 del CC; y,
4. d)El peticionante de tutela pretende utilizar la acción de amparo constitucional como otra instancia procesal, pues denunció la carencia de fundamentación y motivación, falta de valoración de la prueba, lesión a la verdad material y prevalencia del derecho sustancial y la aplicación objetiva de las leyes; sin embargo, no desarrolló los argumentos legales con relación a los aspectos reclamados, pidiendo se deje sin efecto y solicitando la revisión de la valoración de la prueba sin cumplir los estándares requeridos y ampliamente desarrollados en la SC "0365/2005" entre otras.

II.2. En mérito a la determinación asumida en la Sentencia 122/2017, el impetrante de tutela por memorial de 3 de octubre de 2017, opuso excepciones de impersonería, falta de fuerza ejecutiva, compensación, y prescripción de capital e intereses (fs. 33 a 38); dando lugar a la emisión de la Sentencia 157/2017 de 18 de octubre, por la que, la Jueza de la causa declaró:

1. 1)Improbadas las excepciones de impersonería, prescripción de capital, falta de fuerza ejecutiva y compensación; y,
2. 2)Probada en parte la excepción de prescripción bienal de intereses comprendidos entre los periodos de 19 de septiembre de 2011 al 19 de septiembre de 2017. Manteniendo en lo demás incólume la Sentencia 122/2017 (fs. 57 vta. a 61 vta.).

II.3. A través de memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 157/2017, solicitando se revoque la misma y en el fondo se declare improbada la demanda y probadas las excepciones interpuestas, alegando que:

1. i)En lo concerniente a la excepción de falta de personería, en primera instancia se estableció que no se acreditó dicha excepción, razonando que el mandato otorgado a Jorge Luis Zeballos Espada "'no adolece de ningún defecto de forma, adecuándose la actuación del mandatario a los términos en que el mismo fue conferido...' y que '...no es evidente...' que no hubiese acreditado la existencia de los representantes de la entidad ejecutante, por ser dice: '...aspectos que no pueden ser discutidos en la presente instancia...'" (sic); no obstante, en ese análisis se incurrió en la transgresión del art. 381.II.2 del CPC, debido a que: i.a) La excepción no fue opuesta observando requisitos de forma del Testimonio de Poder "213/2017", sino se alegó que "...el actual presunto 'representante' de la Mutualidad..." (sic) que inició el proceso ejecutivo no acreditó la representación suficiente, ello considerando que se modificó los Estatutos y otras normativas internas y se habría cambiado la composición del Directorio de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público; i.b) No existe ningún documento o justificativo jurídico que sustente el cambio de calidad de dicha Mutualidad, es decir, tal organización es una entidad no financiera que obtuvo su personalidad jurídica a través de resolución emitida por el Ministerio de Autonomías; consiguientemente, no puede solicitarse el cobro de adeudos como si fuese una entidad financiera cobrando intereses y otros gastos, pues de ser así su personería jurídica hubiese sido otorgada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; y, i.c) Es falso que su persona reconoció la "imaginaria representación" y que hubiese realizado aportes en julio y septiembre de 2012, pues conforme consta de los extractos bancarios presentados por la misma Mutualidad, dejó de cancelar esos pagos en septiembre de 2011, es decir, un año antes a lo alegado en Sentencia 157/2017;
2. ii)En relación a la excepción de prescripción, la autoridad judicial de primera instancia razonó que conforme al documento base, dicha obligación principal vencía en enero de 2017, en el plazo de noventa y seis meses, computables desde la suscripción del documento, en tal sentido, determinó que las previsiones contenidas en los arts. 1492, 1493, 1497 y 1507 del CC no eran aplicables; no obstante, en dicho análisis no se advirtió que en la Cláusula Sexta se estipuló una "cláusula de aceleración" previendo que cuando el deudor deje de cancelar el crédito (por retiro forzoso, voluntario o fallecimiento), la obligación perseguida se hace exigible a partir de ese momento, además cuando se dejó de realizar los aportes a la Mutualidad y no así al vencimiento de las imaginarias noventa y seis cuotas. Así, de los extractos presentados por la Mutualidad (relativos al pago del crédito y de los aportes) se evidencia que se dejó de cotizar y cancelar el crédito en septiembre de 2011 "...empero aparece en la segunda Planilla de Cotizaciones, como si hubiese cotizado inclusive hasta julio de 2012, aspecto que no es evidente, pues, conforme hice constar en el memorial de excepciones, Yo, dejé de cotizar de enero de 2012, junto a todos los otros funcionarios dependientes de la misma entidad, y posteriormente, dejé de trabajar el 22 de noviembre de 2012, siendo totalmente falsos esos imaginarios pagos de intereses que aparecen en dicha planilla en noviembre de 2013 y también son falsas las cotizaciones que aparecen en esas planillas de aportes voluntarios hasta julio de 2012, aspecto que no es evidente, pues, conforme hice constar en el memorial de excepciones. Yo, dejé de cotizar de enero de 2012, junto a todos los otros funcionarios dependientes de la misma entidad, y posteriormente, dejé de trabajar el 22 de noviembre de 2012, siendo totalmente falsos esos imaginarios pagos de intereses que aparecen en dicha planilla en noviembre de 2013 y también son falsas las cotizaciones que aparecen en esas planillas de aportes voluntarios hasta julio de 2012. Pues desde enero de 2012 -reitero- deje de cotizar, y no puede ser que ahora aparezcan pagos a la deuda, luego de más de un año de haber dejado de trabajaba en el Poder Judicial y que aparezcan cotizaciones en la gestión 2012, cuando desde enero yo ya no efectué cotización alguna, conforme se demuestra por las boletas de pago que se presentó como prueba de mi parte y que cursan en obrados y que no han sido considerados por su Autoridad, pues esos aportes, YA NO SE REALIZABAN POR PLANILLA, sino voluntariamente mediante depósitos realizado a las cuentas de la Mutualidad. Por consiguiente, si se considera que ingresé en mora por el crédito el mes de septiembre de 2011, y volví a ingresar en mora cuando; dejé de cotizar a la Mutualidad el mes de enero de 2012, (pese a que la planilla presentada dice julio de 2012), implica claramente que la mora establecida la cláusula Séptima del documento base de la ejecución se había activado, a partir de la primera fecha (septiembre de 2011), pero siendo amplios, considerando inclusiva la última fecha enero de 2012 (o inclusive agosto de 2012 como se hace aparecer ahora), computando hasta la fecha de citación con la presente demanda, el 19 de septiembre de 2017, han transcurrido exactamente, cinco años y 19 días, es decir, el plazo previsto para la extinción de la acción ejecutiva, como un presunto derecho patrimonial de la entidad ejecutante,-computables desde el momento en que se hizo exigible- en aplicación de los arts. 1492, 1493, 1497 y especialmente 1507, todo del Código Civil, a la fecha se encuentran superabundantemente vencido." (sic);
3. iii)Respecto a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, en primera instancia, se consideró indebidamente que el documento que sustenta el proceso ejecutivo tiene la suficiente fuerza ejecutiva; no obstante, dicho documento establecía algunas modalidades de incurrir en mora, las cuales no fueron acreditadas; pues únicamente se tomó en cuenta la liquidación de "fs. 15 de obrados" sin apreciar los otros documentos presentados por su persona, los cuales acreditaban las fechas en las que se dejó de cancelar el préstamo, de efectuar las cotizaciones e inclusive la fecha de su retiro del Órgano Judicial; y,
4. iv)Sobre la excepción de compensación, la Jueza a quo determinó su rechazo -transgrediendo lo previsto en los arts. 381.II.8 del CPC y 351.4 y 363 y ss. del CC- alegando que no se habría presentado un documento que tenga igual fuerza ejecutiva al que sustenta el proceso ejecutivo; sin embargo, no se advirtió que esa compensación este plenamente autorizada y establecida en el mismo documento base de la ejecución, en el cual se establece que la "'...deducción automática del saldo deudor de las prestaciones a que tuviera derecho a la fecha del retiro o fallecimiento'" (sic); en tal sentido, debió liquidarse los fondos de compensación y de retiro que tenía su persona como funcionario del Órgano Judicial, compensación a la que tiene derecho, conforme a la normativa vigente al momento de la firma de dicho documento (fs. 68 a 71).

II.4. Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, Jorge Luis Zeballos Espada en representación legal de Ronald Álvaro Alba Montaño, Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, contestó al recurso de apelación interpuesto, solicitando se declare la improcedencia del mismo, manifestando al efecto que:

1. a)En relación a la excepción de falta de personería:
2. a.1)La apelación no tiene razón de ser, pues, el mandato otorgado por el Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público (Poder 213/2017 de 2 de febrero) no requiere que el mandatario haga esfuerzo alguno por demostrar de donde emerge su personería, ya que conforme se tiene de las inserciones incluidas en el indicado Poder, queda demostrado de donde emerge la representación del Gerente General y de los directores;
3. a.2)Según el art. 33 del Estatuto Orgánico de la Mutualidad, su directorio está conformado por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Fiscalía General de la República; no obstante, debido a la extinción de dichas instituciones su representación quedo sin vigencia legal o de imposible aplicación; no obstante, en virtud al art. 25 de dicho Estatuto, los vocales, jueces, personal administrativo, fiscales y otros quedaron como representantes; además, en Asamblea General de 3 de febrero de 2012, en mérito a los arts. 7, 27 y 33 del Estatuto Orgánico se decidió reconformar el Directorio, determinación que no puede ser observada por provenir del máximo órgano de decisión de la Mutualidad, como lo es la Asamblea. Consecuentemente, la representación es legal y nace del aludido Estatuto, y en caso de que existiera una anomalía en la designación de sus directores, la nulidad o invalidez de dicho mandato tendría que ser planteada ante las instancias que los designaron o judicialmente en proceso especial y no así en un proceso ejecutivo que tiene otro objeto; y,
4. a.3)El Estado a través del Ministerio de Autonomías emitió la Resolución Ministerial 053/2015 de 21 de abril, que reconoció la personalidad jurídica de la Mutualidad, estableciendo que es una entidad civil sin fines de lucro;
5. b)Respecto a la excepción de prescripción del capital, la impugnación de la misma es insostenible, debido a que se realizó una valoración clara y precisa en la Sentencia 157/2017, estableciendo que la deuda no se encuentra prescrita, pues el acreedor tiene la facultad de exigir el pago de las obligaciones contraídas por el deudor en el término que así lo pactare el documento y la ley; por lo tanto, en el documento de préstamo base se estableció un plazo de ocho años, noventa y nueve cuotas que el deudor debió cubrir hasta febrero de 2017, el cual no realizó; por lo que, se instauró el proceso ejecutivo quedando como fecha límite para el pago el término de ocho años, a cuyo vencimiento recién se pueden contar plazos para la prescripción de derechos y obligaciones, y no así antes, siendo el deudor que pretende hacer incurrir en error al juzgador al realizar un cómputo completamente erróneo y fuera de toda normativa legal;
6. c)Sobre la excepción de falta de fuerza ejecutiva, el recurso de apelación carece de lógica; toda vez que, la obligación es exigible porque el obligado no pago las cuotas comprometidas y el plazo esta vencido; y,
7. d)En lo concerniente a la excepción de compensación, la misma sale de todo marco legal; debido a que, el préstamo de interés social y las prestaciones que otorga la Mutualidad son dos cosas completamente diferentes. "...El préstamo, es una relación jurídica regida bajo las reglas de las obligaciones en materia civil y las normas pertinentes de la Seguridad Social (naturaleza y objeto de la entidad) en tanto que el fondo de retiro, (las prestaciones) están regidas por el Estatuto, Reglamento y normas pertinentes de la Seguridad Social..." (sic). En tal sentido, no existe ninguna identidad entre ambos; además, la compensación solo opera entre dos deudas cuyo objeto es una suma de dinero, cosas fungibles del mismo género y que sean igualmente líquidas y exigible; por lo que, el deudor no tiene un documento similar, al no ser iguales (fs. 79 a 86 vta.).

II.5. Mediante Auto de Vista 047/2018 de 31 de enero, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora autoridades demandadas-, dispusieron revocar parcialmente la Sentencia 157/2017 declarando:

1. 1)Probada la excepción de compensación acorde a la Cláusula Quinta, debiendo liquidarse al momento de la desvinculación laboral, el capital de aportes del demandado a la deuda que se tiene; y,
2. 2)Parcialmente probada la excepción de prescripción bienal de intereses hasta septiembre de 2015, debiendo liquidarse saldos por la Jueza a quo en ejecución de sentencia; bajo los siguientes fundamentos:

1. 2.-La falta de personería en la entidad ejecutante está ligada a la carencia de legitimidad de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público para demandar, en la medida que ésta no está reconocida por la ASFI como entidad regulada por esta instancia (se consigna erróneamente a la Superintendencia de Pensiones), sin embargo, el núcleo central de la previsión normativa de esta excepción está ligada a la legitimación procesal de las partes o su representación en proceso, de tal manera que lo observado no tiene incidencia para el objeto de la excepción, ya que, dentro del margen señalado no se advierte carencia de legitimación de la entidad ejecutante para demandar ejecutivamente por figurar expresamente en el contrato como entidad acreedora aspecto que es de conocimiento de los ejecutados, de otro lado, el poder de representación adjunto acredita que el mismo es otorgado por la entidad acreedora para el cobro de una deuda donde los ejecutados figuran como deudores no correspondiendo ingresar a analizar los motivos porqué las altas autoridades no forman parte del Directorio, en todo caso la misma es extendida por quienes conforman su actual Directorio, razón por la que, la excepción no está probada y corresponde su ratificación.

1. 3.-Respecto a la excepción de prescripción de la deuda indica como agravio la errónea interpretación del contrato base de ejecución y de las normas sustantivas relativas a la prescripción del capital en especial el art. 1492-I, 1493, 1497 y 1507 del Código Civil, que establecen que el comienzo de la prescripción opera desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Sin embargo, para que se valore el fondo de esta excepción no puede perderse de vista que al mismo tiempo el deudor principal y ejecutado opone la excepción de Compensación, que si bien indica hace reserva de no renuncia expresa de la excepción de prescripción de capital, no es menos evidente que ambas son jurídicamente excluyentes entre sí en cuanto a los efectos que persiguen y por lo mismo no pueden coexistir simultáneamente, pues la primera persigue que se declare judicialmente la inexistencia de la obligación por prescripción y la segunda por el contrario reconoce la existencia de obligación pero dispone que tal deba comprenderse por otro crédito donde esta vez el ejecutado tenga la condición de acreedor con fuerza ejecutiva.

1. 4.-En función de lo anterior, la excepción de compensación tal cual ha sido planteada se basa en el hecho que el deudor principal fue funcionario del Poder Judicial, sin embargo, al haber cesado la personalidad jurídica del Poder Judicial es que su persona dejó de efectuar aportes a la Mutualidad porque hubo una Resolución de la DAF del Órgano Judicial que ya no obligaba al descuento obligatorio; consiguientemente, al dejar de compensar se rompió el vínculo jurídico que lo unía a la entidad demandante al dejar incluso de pagar el crédito y de acuerdo a la cláusula quinta del contrato ante esa eventualidad corresponde la automática compensación del saldo deudor con los recursos que le corresponden del Fondo de Compensación y Retiro. En atención de lo anterior, según certificado de fs. 84 el demandado realiza aportes continuos entre el mes de mayo de 1989 al mes de diciembre de 2011, realizando ya en forma discontinua dos aportes en los meses de junio y julio de 2012 (a fs. 40 se acredita aporte no certificado por el mes de septiembre de 2012), sin que a partir de tal fecha el demandado haya efectuado posteriores aportes, habiendo presentado su solicitud de pago prestaciones en fecha 09 de junio de 2015, como elementos que acreditan la ruptura de la relación contractual que activa la aplicación de la cláusula quinta y sexta del contrato de fs. 13 en la medida que el deudor autoriza a la entidad acreedora la deducción automática del saldo deudor de las prestaciones que tuviere derecho a momento del retiro de su fuente laboral que viene a ser en el Poder Judicial que ha quedado extinto conforme la ley 025 y por lo mismo por efecto del periodo de transición ese retiro se da desde el momento de su desvinculación laboral definitiva hecho acaecido según confesión de fs. 43 vlta., en fecha 26 de noviembre de 2012, y a pesar de haber cesado en sus funciones conforme se certifica a fs. 84 no ha operado la devolución de aportes del Fondo de Retiro en su favor justamente por encontrarse en estado de ejecución de saldos; de tal manera que, al existir retiro funcionario la compensación resulta viable por tratarse de obligaciones recíprocas con fuerza ejecutiva en su devolución operarse.

1. 5.-La impugnación a lo resuelto sobre la excepción de falta de fuerza ejecutivo no se encuentra sustentada al confundir los argumentos con la excepción de Falta de personería en la entidad ejecutante, la misma que por lo señalado se ha acredita y no corresponde a esta instancia observar lo relativo a la personalidad jurídica, al observarse que en el documento base de la ejecución las partes están claramente identificadas, existe una obligación específica que se encuentra en calidad de plazo vencido, por los mismo reúne calidad de título ejecutivo y no se encuentra en el contrato obligaciones de índole bilateral que cumplir, no siendo evidente en este punto el agravio sufrido (sic [fs. 236 a 238 vta.]).

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, "a la verdad material y prevalencia del derecho sustancial y la aplicación objetiva de las leyes" (sic); toda vez que, dentro un proceso ejecutivo seguido en su contra, al emitir el Auto de Vista 047/2018 de 31 de enero, los Vocales demandados resolvieron el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 157/2017 de 18 de octubre -que declaró improbada las excepciones de falta de personería, falta de fuerza ejecutiva en el documento; compensación, prescripción quinquenal de capital; y, probada en parte la excepción de prescripción bienal de los intereses opuestos-, determinando revocar parcialmente la indicada Sentencia, declarando probada la excepción de compensación y parcialmente probada la excepción de prescripción bienal de intereses hasta septiembre de 2015; no obstante, en el Auto de Vista cuestionado se incurrió en las siguientes ilegalidades:

1. i)En relación a la excepción de falta de personería, en su recurso de apelación reclamó que la Jueza a quo incurrió en una errónea interpretación del art. 381.II.2 del CPC; no obstante, al respecto, las autoridades judiciales demandadas no respondieron a su agravio pues se limitaron a señalar aspectos no denunciados en su apelación -como el presunto reconocimiento de la Mutualidad efectuado por la ASFI; la inexistencia de defectos de forma; la legitimidad en la actuación del mandatario de dicha organización; y, la legitimación de la citada entidad-, incurriendo en argumentos inmotivados e incongruentes;
2. ii)En relación a la excepción de prescripción del capital: ii.a) Como agravio denunció una errónea valoración probatoria; empero, al respecto las autoridades judiciales demandadas: ii.a.1) No respondieron a dicho agravio; ii.a.2) Omitieron valorar el contrato de préstamo que en su Cláusula Sexta establece la "cláusula de aceleración" que se aplica en su caso al consignar que se ingresa en mora cuando se deja de cancelar el crédito; asimismo, no consideraron ni analizaron los extractos presentados por la entidad demandante; y, ii.a.3) De forma incongruente confundieron la excepción de prescripción con la excepción de compensación; y, ii.b) En cuanto al agravio relativo a la "errónea interpretación y no aplicación" de los arts. 1493, 1497 y 1507 del CC, no respondieron al mismo, se limitaron a señalar que su persona al haber planteado la excepción de compensación, automáticamente habría renunciado a la prescripción.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas:

1. a)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
2. b)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. c)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
4. d)Análisis del caso concreto.

1. 1)La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

1. 2)La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio10, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. a)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. b)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. 1)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

1. 2)La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

1. 3)La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,

1. 4)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. a)Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y,

1. b)Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando:

1. i)las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. ii)De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. iii)Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, "a la verdad material y prevalencia del derecho sustancial y la aplicación objetiva de las leyes" (sic); toda vez que, dentro un proceso ejecutivo seguido en su contra, al emitir el Auto de Vista 047/2018 de 31 de enero, los Vocales demandados resolvieron el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 157/2017 de 18 de octubre -que declaró improbada las excepciones de falta de personería, falta de fuerza ejecutiva en el documento; compensación, prescripción quinquenal de capital; y, probada en parte la excepción de prescripción bienal de los intereses opuestos-, determinando revocar parcialmente la indicada Sentencia, declarando probada la excepción de compensación y parcialmente probada la excepción de prescripción bienal de intereses hasta septiembre de 2015; no obstante, en el Auto de Vista cuestionado se incurrió en las siguientes ilegalidades:

1. a)En relación a la excepción de falta de personería, en su recurso de apelación reclamó que la Jueza a quo incurrió en una errónea interpretación del art. 381.II.2 del CPC; no obstante, al respecto, las autoridades judiciales demandadas no respondieron a su agravio pues se limitaron a señalar aspectos no denunciados en su apelación -como el presunto reconocimiento de la Mutualidad efectuado por la ASFI; la inexistencia de defectos de forma; la legitimidad en la actuación del mandatario de dicha organización; y, la legitimación de la citada entidad-, incurriendo en argumentos inmotivados e incongruentes;
2. b)En relación a la excepción de prescripción del capital:
3. b.1)Como agravio denunció una errónea valoración probatoria; empero, al respecto las autoridades judiciales demandadas: b.1.i) No respondieron a dicho agravio; b.1.ii) Omitieron valorar el contrato de préstamo que en su Cláusula Sexta establece la "cláusula de aceleración" que se aplica en su caso al consignar que se ingresa en mora cuando se deja de cancelar el crédito; asimismo, no consideraron ni analizaron los extractos presentados por la entidad demandante; y, b.1.iii) De forma incongruente confundieron la excepción de prescripción con la excepción de compensación; y,
4. b.2)En cuanto al agravio relativo a la "errónea interpretación y no aplicación" de los arts. 1493, 1497 y 1507 del CC, no respondieron al mismo, se limitaron a señalar que su persona al haber planteado la excepción de compensación, automáticamente habría renunciado a la prescripción.

Ahora bien, para analizar las problemáticas planteadas, resulta necesario hacer alusión al contexto del cual emergen las mismas; así, conforme se tiene de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se advierte que, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, contra el impetrante de tutela, la Jueza de la causa emitió la Sentencia 122/2017 de 22 de agosto, declarando probada la demanda y disponiendo la citación del ejecutado de plazo vencido para que dentro del tercer día pague el saldo adeudado (Conclusión II.1), así, en mérito a la determinación asumida en la indicada Sentencia, el peticionante de tutela, opuso excepciones de impersonería, falta de fuerza ejecutiva, compensación, y prescripción de capital e intereses; que dio lugar al pronunciamiento de la Sentencia 157/2017 de 18 de octubre, por la que, la indicada autoridad judicial declaró:

1. 1)Improbadas las excepciones de impersonería, prescripción de capital, falta de fuerza ejecutiva y compensación; y,
2. 2)Probada en parte la excepción de prescripción bienal de intereses comprendidos entre los periodos de 19 de septiembre de 2011 al 19 de septiembre de 2017. Manteniendo en lo demás incólume la Sentencia 122/2017 (Conclusión II.2).

De manera posterior, ante la determinación asumida en la Sentencia 157/2017, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación, impugnación que al ser respondida por la citada Mutualidad, fue de conocimiento de los Vocales demandados, quienes emitieron el Auto de Vista 047/2018 de 31 de enero, disponiendo revocar parcialmente la referida Sentencia, declarando al efecto:

1. i)Probada la excepción de compensación acorde a la cláusula quinta, debiendo liquidarse al momento de la desvinculación laboral, el capital de aportes del demandado a la deuda que se tiene; y,
2. ii)Parcialmente probada la excepción de prescripción bienal de intereses hasta septiembre de 2015, debiendo liquidarse saldos por la Jueza a quo en ejecución de sentencia (Conclusiones II.3, II.4 y II.5).