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TCP

0256/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0256/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2019-S2 Sucre, 21 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26318-2018-53-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 225 a 229, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Sixto Chávez Rojas contra Henry Guamán Calderón, Juez Disciplinario Tercero del departamento de Cochabamba; y, Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado, miembros de la Sala Disciplinaria, todos del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2017, cursante de fs. 14 a 22 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de noviembre de 2015, Francisco Aguilar Cabrera presentó denuncia disciplinaria en su contra, por la presunta comisión de la falta prevista por el art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), referido a retardar indebidamente la tramitación del proceso; no obstante, aclara que el denunciante es apoderado de Karina Rocío Linares dentro del proceso ordinario tramitado en el Juzgado donde su persona era el titular; sin embargo, este no adjuntó a su denuncia ningún poder, careciendo de personería para ello; por lo que, debió ser rechazada.

Es así que, el denunciante señaló que desde el 21 de abril de 2003, se tramita el citado proceso ordinario y recién el 25 de octubre de 2013 se dictó la Sentencia con la que se notificó a Oscar Jiménez Cartagena, quien hacía cinco años fue sustituido como apoderado, además de no haber practicado dicha diligencia al demandado ni al demandante; por lo que, solicitó la nulidad de la notificación, que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional mediante el Auto de 13 de abril de 2015, motivando se plantee el recurso de apelación; y, ante el rechazo de ampliación del plazo veinticuatro horas más de las establecidas para erogar los recaudos de ley y verificar que se notificó a otro profesional y no a su patrocinante con esa providencia, reiteró el incidente de nulidad de la diligencia, transcurriendo cuatro meses sin que sea resuelto y sin que el demandado hubiere respondido; por lo que, conforme al informe de la Oficial de Diligencias, se decretó que pase a despacho, en orden cronológico para dictar resolución. De la revisión de la denuncia, se evidencia que la misma es netamente jurisdiccional, aspectos en los cuales el Juez Disciplinario, no tiene competencia.

Posteriormente, la entonces Jueza Disciplinaria Tercera de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, dictó la Resolución Disciplinaria "86/2015 de 27 de abril" -lo correcto es 35/2016 de 30 de mayo-, declarando probada la denuncia por la comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por un mes sin goce de haberes. Determinación emitida sin motivación ni fundamentación, porque se limita únicamente a sostener que la Ley otorga el plazo de cinco días para que el juez resuelva el incidente; término que corre desde que el expediente ingresa a despacho, y en el presente caso, transcurrieron cinco meses y medio, puesto que conforme al art. 123 de la LOJ, transcurrieron tres meses y medio. En ese orden, dicha determinación no valoró las pruebas presentadas ni hizo mención a la normativa en la que sustenta el análisis de las mismas.

Contra la referida Resolución Disciplinaria, planteó el recurso de apelación impugnando ocho puntos; instancia en la cual, los Consejeros ahora demandados, a través de la Resolución SD-AP "387/2016 de 11 de agosto" -lo correcto es 423/2016 de 18 de agosto-, sin motivación ni fundamentación, convalidaron los actos del inferior, omitiendo pronunciarse expresamente sobre cada uno de ellos, realizando apreciaciones subjetivas sin fundamento jurídico; por cuanto debieron señalar con precisión y con pruebas que su persona actuó con malicia, negligencia, de manera ilegal y con intención de perjudicar a la parte denunciante. Tampoco se pronunciaron sobre la excesiva carga procesal existente ni señalaron la prueba contundente para sostener que es culpable de la falta que le atribuyen; contrariamente, solo mencionaron que todas las pruebas fueron consideradas sin indicar cuáles y que valor les otorgaban. De la misma manera, al igual que el inferior, el Tribunal de apelación no tuvo presente que es en el proceso laboral en el que existe la inversión de la prueba, en el entendido que en el disciplinario es el denunciante y la autoridad disciplinaria quienes tienen que investigar y demostrar la culpabilidad del denunciado.

Como se observa, se vulneró su derecho a obtener una resolución fundamentada y congruente, que responda a todos los puntos formulados en su apelación, incluyendo el análisis de las consecuencias de la carga procesal del Juzgado que se encontraba a su cargo; además de imponerle, sin explicación alguna, la misma sanción que el inferior.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, al trabajo, a la vida en su elemento a la dignidad humana y a "...la investigación objetiva..." (sic); la garantía de presunción de inocencia; y, los principios de verdad material, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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