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TCP

0256/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
23 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0256/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 52889-2023-106-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 16/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 111 a 113, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abel Espada Hinojosa en representación sin mandato de Luís René Loayza Gallardo contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 69 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí por Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, determinó la imposición de medidas cautelares personales para su persona y de otros, como ser la obligación de presentarse al Ministerio Público una vez a la semana los días lunes, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, testigos y participes que tengan relación con el hecho, dos garantes personales que deben cumplir con lo citado en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el plazo de diez días, el arraigo a nivel nacional y detención domiciliaria con opción de salidas a trabajar en horario laboral y con control esporádico, puesto que, dio por acreditado la probabilidad de autoría previsto en el art. 233.1 del CPP y el peligro de obstaculización estipulado en el art. 235.5 del mismo cuerpo normativo, al no encontrarse de acuerdo con esa decisión, formuló recurso de apelación incidental denunciando como agravios la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, la vulneración del derecho a la igualdad y del principio de proporcionalidad, mismo que fue radicado y resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandada-, quien mediante Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, lo declaró improcedente manteniendo incólume el Auto Interlocutorio confutado.

El indicado Auto de Vista lesiona sus derechos al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y a la libertad física, dado que, respecto al art. 233.1 del CPP concerniente al delito de incumplimiento de deberes se limitó a transcribir los argumentos vertidos por el juez de primera instancia y tan solo mencionó que, pese a ser escueto el fundamento del citado juez "'...se entiende que es claro al determinar con que elementos probatorios indiciariamente estaría subsumiendo su conducta a los tipos penales acusados...'" (sic), sin explicar sobre cuáles son esos elementos probatorios que subsumen su conducta al aludido tipo penal; así también, no fundamento ni motivo de forma clara y precisa de cuándo, dónde y de qué manera hubiese incumplido injustificadamente sus funciones descritas en los arts. 14 del Reglamento de Contratación Directa y 33 del Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009, porque presuntamente como responsable del proceso de contratación de la licitación pública no detectó irregulares dentro del mismo para la adquisición de 41 ambulancias tipo I, tampoco se manifestó sobre cuáles son los motivos por los que se tendría que ingresar a desglosar si el supuesto daño económico está vinculado a negociaciones o a un componente del citado tipo penal, de igual forma, no se explicó concerniente a los elementos de prueba o los indicios que el Ministerio Público acreditó la supuesta comisión del daño económico.

Ahora bien, respecto al delito de negociaciones incompatibles, tampoco se efectuó una fundamentación en relación a la probabilidad de autoría sin señalar cuáles fueron sus razonamientos fáctico-legales para concluir que "`el recurrente tampoco habría descrito cual elemento estaría vinculado al tipo penal del Art. 150 del Código Penal estaría siendo observado con la vinculatoriedad del Art. 14 del reglamento específico'" (sic), pese a admitir que el juez de la causa no explicó con qué elementos se habría asumido que cometió el citado ilícito, ante ello, no cumplió con la obligación de explicar cuándo, dónde y de qué manera perpetró el hecho delictivo y cuáles fueron los indicios probatorios que el Fiscal de Materia acreditó para ello.

Respecto al razonamiento vertido del art. 235.5 del CPP, la Vocal demandada no advirtió los requisitos de validez para la concurrencia del referido precepto ni especificó cuáles fueron los motivos por lo que llegó a determinar que la citada norma legal es "`vigente y vinculante para todos'", sin precisar de forma individualizada cómo, de qué manera o con tipo de conductas o acciones su persona podría obstaculizar la investigación; puesto que, tanto el juez de primera instancia como la autoridad judicial demandada utilizaron una argumentación genérica e imprecisa para los tres imputados con base en meras presunciones.

Concerniente al principio de proporcionalidad el art. 235 ter del CPP, establece que el juez de la causa controlará de oficio la excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los requerimientos y no deberá determinar los riesgos procesales de fuga y obstaculización en meras afirmaciones subjetivas y abstractas, por el contrario, tienen la obligación de oficio emitir criterios sobre la necesidad y proporcionalidad al momento de imponer las medidas cautelares; sin embargo, la Vocal demandada ratificó las medidas cautelares ordenadas en su contra con el argumento "`que supuestamente el recurrente no se habría referido a los sub principios que determinan el principio de proporcionalidad entre ellos la ponderación de derechos que tampoco habrían sido detallados´" (sic), mismo que no contiene una debida fundamentación y motivación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y personal, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación "POR FALTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD" (sic), citando al efecto los arts. 23, 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 2, 3 y 8. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDPC).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 13/2022 de 13 de octubre y se ordene el pronunciamiento de una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada bajo los principios de proporcionalidad y necesidad de la aplicación de las medidas cautelares de carácter personal.

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