0257/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0257/2019-CA Sucre, 11 de octubre de 2019

Expediente: 31159-2019-63-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 13 de septiembre de 2019, cursante de fs. 97 a 98 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que rechaza promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Mauricio Guillermo Flores Moreno en representación legal de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Santa Cruz (SIB-SC), demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la Ley Autonómica Municipal 180/2015 de 14 de diciembre, y 6 de la Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano -Ley 2372 de 22 de mayo de 2002-, en la "parte pertinente" (sic) del segundo párrafo y todo el tercer párrafo, por supuestamente vulnerar los arts. 1, 8.II, 56.I y II, 57, 115, 120.I, 122, 178.I, 298.II.26, 302.I.22 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

El accionante en representación de la SIC-SC, por memorial presentado el 29 de agosto de 2019, cursante de fs. 67 a 86 vta., dentro del recurso de apelación interpuesto en el proceso de usucapión decenal y reconocimiento de mejoras que inició contra la Empresa URBARI LTDA. y/o presuntos propietarios refiere que, la institución nacional que agrupa y representa a los profesionales ingenieros fue fundada el 5 de octubre de 1922, habiendo obtenido su personería jurídica nivel nacional por Ley 1449 de 15 de febrero de 1993, estableciéndose organizaciones a nivel departamental como en el caso de Santa Cruz, donde tiene 62 años de antigüedad, al haber sido fundada el 5 de mayo de 1957, con personería jurídica otorgada por Resolución Suprema 214193 de 20 de junio de 1994, constituyendo una entidad civil sin fines de lucro, con autonomía de gestión y patrimonio propio constituido por bienes muebles e inmuebles adquiridos por compra, cesión, donación y transferencias obtenidas en su favor, cuya protección y administración compete a la Junta Directiva y Directorio Departamental, con domicilio fijado en la calle Mocapini 402, barrio Urbari de la ciudad de Santa Cruz.

Manifiesta que en la década de los años setenta, dicha entidad recibió de la Empresa URBARI LTDA. la cesión a título gratuito del terreno donde actualmente tiene su edificio, ubicado en la zona sud-oeste del barrio Urbari, UV 29, con una extensión de 3 735,73 m2, que nunca integró las parcelas destinadas al Municipio, tal cual consta en la "CARTA DE ACREDITACIÓN DE ENTREGA DE TERRRENOS A FAVOR DE LA SIB-SC" reconocida ante Notario de Fe Pública y suscrita por el representante legal de la Empresa de aquella época, pasando posteriormente a urbanizar todo el barrio, fecha desde la cual, pese a extraviarse los archivos y gran parte de la documentación de dicha sociedad por la riada que afectó a la ciudad de Santa Cruz en 1982, mantuvieron la posesión legal, de buena fe, pública, continua y pacífica por casi cuarenta años, la que puede ser acreditada y con anuencia del Gobierno Autónoma Municipal de la citada ciudad que reconoció que esos terrenos no eran áreas municipales, sino que pertenecían a la SIBC-SC, que construyó su inmueble en una superficie de 890 50 m2; por lo que con la finalidad de regularizar su derecho propietario, el 27 de marzo de 2015, presentó una primera demanda de usucapión, en la que se apersonó la entidad municipal, ante el Juez Público Civil y Comercial Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que no pudo concluirla por la confusión procedimental que le originó el cambio del antiguo al nuevo Código Procesal Civil, motivando una "repentina ambición" y la promulgación de la Ley Autonómica Municipal 180/2015 de 14 de diciembre, para regularizar y titular propiedad municipal sobre las áreas verdes y públicas del barrio Urbari, incorporando arbitraria e injustificadamente el predio de propiedad de la SIB-SC, protocolizando el Instrumento Público 723 de 8 de junio de 2016 y registrando en Derechos Reales (DRR) el auto titulado derecho propietario sobre un bien ajeno bajo la matricula 7011990134962; ante este hecho, el 11 de septiembre de 2018, formuló una segunda demanda de usucapión, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo del referido Tribunal, siendo respondida por el Municipio con un incidente de nulidad de obrados y saneamiento procesal por "improponibilidad de la demanda" al ser un bien de dominio público y la declaratoria de "improbanza" de la demanda de usucapión, por Auto 198 de 5 de julio de 2019, se declaró probado el incidente y anuló obrados hasta la admisión por pretender la usucapión de un bien inmueble de dominio público municipal; fallo contra el que interpuso recurso de apelación y la presente acción de inconstitucionalidad concreta, pues de acuerdo con el art. 339.II de la CPE, los bienes de patrimonio del Estado y entidades públicas municipales son propiedad del pueblo boliviano y no pueden ser aprovechados por un particular, estando regulada su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación en los arts. 30, 31, 32 y 34 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero 2914-; en el caso, considerando su destino, los bienes municipales son de dominio público (art. 31 LGAM) y uso irrestricto de la comunidad, sin que exista la posibilidad que tal calificación sea determinada a través de una autotitulación, pues el inmueble que ocupa la SIB-SC desde hace cuarenta años, no ingresa en ninguna categoría al no ser un bien municipal sino institucional, que no fue declarado vacante, sino objeto de una abusiva y arbitraria Ley Autonómica Municipal que ahora está siendo impugnada.

Indica que el art. 6 de la Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano, resulta inconstitucional, pues una ley que declara un inmueble de propiedad municipal, no puede constituir título suficiente para la inscripción de su derecho, sin requerir información o documentación adicional, ya que ante la controversia judicial sobre mejor derecho propietario entre un Gobierno Municipal y un particular, reconociéndose la oponibilidad ante terceros, desde el momento de la existencia de la disposición que determina que el predio en conflicto es de propiedad municipal, estando prohibidas las autoridades judiciales y administrativas bajo responsabilidad, de asignar derechos propietarios a terceros en predios de propiedad municipal declarada por ley; lo que en el caso no sucedió, al haber construido su inmueble institucional en el terreno que les fue cedido, mismo que está siendo confiscado, proscribiéndose la garantía constitucional de expropiación previa declaratoria de necesidad y utilidad pública, y pago de justa indemnización; inconstitucionalidad que fue rectificada por la Disposición Transitoria Quinta de la cuestionada Ley, que reconoció que las leyes municipales eran título suficiente para acreditar el derecho y titularidad de los Municipios, siempre que no se afecten derechos de particulares y se adjunte el registro, plano de ubicación y límites. Expresa que la Ley Autonómica Municipal 180/2015, es inconstitucional al declarar de dominio municipal la superficie total de 75 747,16 m2, UV 29, ubicada en la zona sud-oeste del barrio Urbari, Distrito Municipal 4 y otorgar a dicho instrumento el título suficiente y originario para su inscripción como bien municipal de un inmueble de su propiedad conforme el art. 6 de la Ley de Regularización del Derecho propietario Urbano; aspecto al que se suma el vicio de inconstitucionalidad de origen, pues a la fecha de su sanción y promulgación (14 de diciembre), dicho art. 6 de la Ley 2372, ya había sido derogado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Regularización del Derecho Propietario -Ley 247 de 5 de junio de 2012-, estableciéndose que el Gobierno Municipal podía promulgar una norma sin requerir la intervención de la Asamblea Legislativa, pero sin afectar derechos de particulares; a la fecha, la Ley 803 de 9 de mayo de 2016, a través de su Disposición Derogatoria y Abrogatoria única, parágrafo I, numeral 3, derogó la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 247, que confería la potestad de emitir leyes a los Gobiernos Municipales Autónomos.

Finaliza indicando que, las disposiciones cuestionadas lesionan los arts. 56.I y II y 57 de la CPE, que prevén como competencia exclusiva de los Gobiernos central y municipal realizar las expropiaciones requeridas, pero no autotitularse derechos propietarios a través de sus propias leyes nacional o municipal; también se vulneran los arts. 298.II.26 y 302.I.22 de la Norma Suprema, al no ser posible que una entidad estatal de manera unilateral, desconociendo y sobreponiéndose al derecho de los particulares se autotitule propietaria de un inmueble, prohibiéndose al Órgano Judicial a través de sus jueces, que los particulares afectados, previa acreditación puedan hacer prevalecer su mejor derecho propietario vulnerándose así el derecho y garantía de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, revisión judicial de actos consagrados en los arts. 115 y 120.I de la Ley Fundamental, violentando el principio de jerarquía normativa prevista en el art. 410.II parte in fine de la CPE.