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TCP

0257/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0257/2019-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2019-S1 Sucre, 15 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 26957-2018-54-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 722/2018 de 19 de diciembre, cursante a fs. 68 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales y Varinia Aguilar Ramírez, en representación sin mandato de Hebert Gutiérrez Vía contra Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Sexto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2018, cursante de fs. 46 a 51, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue presentada imputación formal en su contra por el presunto delito de "abuso deshonesto y corrupción de menores" (sic), dentro de proceso llevado a cabo ante el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, que derivó en detención preventiva, la cual fue revocada por Auto de Vista 194/2018 al verificar la ilegalidad de su detención y la falta de elementos de autoría, aplicándosele medidas sustitutivas como su detención domiciliaria, entre otros; posteriormente, mediante Auto de 11 de septiembre de 2018, también fue beneficiado con salidas laborales.

A través de requerimiento conclusivo de acusación, se estableció que el accionante sería autor del delito de encubrimiento previsto por el art. 171 del Código Penal (CP), mismo que tiene una pena de seis meses a dos años, aspecto que modifica su situación procesal, pues demuestra la existencia de la causal de improcedencia del art. 232.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en relación al art. 239.1 del mismo cuerpo legal. En tal sentido, dado el carácter modificable de las medidas cautelares y más aún al no haber sido sorteada la causa a ningún Tribunal; es decir, no habiendo sido todavía radicada por ningún Tribunal de Sentencia, la competencia de la autoridad -ahora demandado-, se hallaba plenamente válida -como ya lo estableció la disponiendo que se mantiene la competencia del Juez de Instrucción Penal Sexto del citado departamento pese a la existencia de una acusación, mientras no haya sido radicado el proceso por el Tribunal que conozca el juicio- motivo por el cual el 27 de noviembre de 2018, solicitó al Juez demandado audiencia de modificación de medida cautelar; empero, la misma fue negada indebidamente mediante providencia de 29 de dicho mes y año, motivándole a interponer recurso de reposición en mérito al razonamiento de la jurisprudencia constitucional citada.

Mediante Auto de 12 de diciembre de 2018, se resolvió indebidamente dicho recurso por la autoridad -ahora demandada-, indicando que la causa debía ser remitida al Tribunal de Sentencia de turno al existir una acusación y que para resguardar el debido proceso y la igualdad de partes, en cumplimiento del art. 250 del CPP, debía obligatoriamente ofrecerse prueba y acompañarla a la solicitud de modificación para ser corrida en traslado. Agotada la vía ordinaria, de acuerdo al art. 402 del CPP acude a la jurisdicción constitucional, pues por las circunstancias anotadas, el Juez demandado es el competente para señalar audiencia de modificación de medidas cautelares, siendo también incorrecta la exigencia de presentación de prueba a efectos de la modificación de medidas cautelares, según ya lo estableció la "".

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