Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26327-2018-53-AAC Departamento: La Paz Partes: Claudia Rosela Cordero Lorenzetti por sí y en representación legal de AA, BB y Calvin Anthony Korponai Cordero contra Martha Carolina Gamarra Céspedes y Justa Susanne Leickhardt de Korponai.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, si bien está de acuerdo con la , en sentido de DENEGAR la tutela impetrada; sin embargo, manifiesta su disidencia con los fundamentos jurídicos que sostienen una supuesta existencia de hechos controvertidos, para no ingresar a conocer y resolver el fondo de la problemática planteada; en todo caso, en la presente causa ameritaba analizar el acto lesivo denunciado por la parte accionante, pues se encontraban en tela de juicio derechos de niñas, niños y adolescentes; además debió tomarse en cuenta, el alcance de la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional ante el daño inminente a derechos, en caso de efectivizarse medidas de hecho; puesto que, la accionante a la fecha de interposición de esta acción de defensa, cumplía con la acreditación de la titularidad de su derecho a la propiedad, a través de un documento idóneo como es el Folio Real; no obstante, correspondía denegar la tutela, al no concurrir un presupuesto para ser considerado el caso como una vía de hecho, relativo al ejercicio de la violencia, con el objeto de ocupar el inmueble.
Asimismo, cabe aclarar que el expediente 26327-2018-53-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el mismo y formuló uno alterno, que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, realizo el presente Voto Disidente:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante por sí y en representación de sus hijos alega la vulneración de su derecho a la propiedad privada; así como los derechos a la vida, educación y salud de los menores de edad; y, el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, pese a tener derecho propietario de una vivienda, que fue ocupada por la abuela paterna de sus hijos, con la condición de que ésta les cubriera los costos de colegiatura; sin embargo, ante su incumplimiento decidió recuperar el inmueble; empero, al dirigirse al mismo, se percató que era ocupado por una persona extraña, a quien nunca autorizó que ingresara y quien se rehusó a desocupar, con el argumento de que ocupaba la casa en calidad de arrendamiento; por lo señalado, solicita la entrega física del inmueble referido.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, la debió desarrollar los siguientes temas:
- a)Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia;
- b)El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio, es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho;
- c)La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia;
- d)Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y, d) Análisis del caso concreto.
II.1. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la 1, la 2 y en especial en la , refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
...sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de "Estado de derecho" o "Estado bajo el régimen de derecho" cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", nace sepultando el modelo de "Estado bajo el régimen de la fuerza", el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. (...)
Este modelo [Estado Constitucional de Derecho], supone una profunda transformación en la concepción general de "Estado de derecho", debido a que en esta última fórmula "Estado Constitucional de Derecho":
- a)El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y,
- b)La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.
De igual forma, la referida , en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:
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